Sostuvieron que los pastores “discriminan” a los alumnos y que los docentes son obligados a aprobarlos. La ADoSac dijo que habría intereses “políticos y económicos” del Gobierno y confirmó que en Caleta Altísimo School “no tiene habilitación”.
Através de un escrito presentado a Silvia Sánchez, durante la reunión que tuvieron el miércoles, padres y docentes del Instituto Privado de Enseñanza Patagónico, ICEP pusieron de manifiesto las irregularidades cometidas por el culto de los Hijos del Altísimo.
“Podemos decir que a partir del día 4 de junio del corriente año comenzaron a sucederse los hechos que marcaron un profundo cambio en las relaciones entre los miembros de la institución” dicen, a modo de introducción y respecto del día en el que los alumnos se manifestaron en reclamo de las condiciones edilicias.
“La escuela estaba inundada. El pasillo por el que se accede a las aulas se encontraba en condiciones intransitables y las aulas presentaban importantes filtraciones de agua” lo que constituye “un potencial peligro teniendo en cuenta que el ICEP ha implementado el uso de computadoras portátiles en reemplazo de las carpetas, es decir que durante la jornada escolar hay más de 10 artefactos electrónicos enchufados en cada aula y es obvio el peligro que representa la presencia de filtraciones en estas condiciones” aclararon.
Tras la “separación preventiva del cargo” de la profesora Johana Ontiveros “y la suspensión de muchos estudiantes”, al día siguiente un grupo de padres se acercó a la escuela para pedir explicaciones sobre lo ocurrido pero “no los dejaron ingresar al edificio”.
Luego, “desde el 8 hasta el 12 de junio, se produjo un vaciamiento de las aulas: los alumnos de 3º, 4º y 5º año no asistieron al colegio por decisión de las autoridades del ICEP” y a partir del 15 de junio hubo una fuerte “disminución en la matrícula” y la institución incorporó la figura del “veedor”, cuyo rol es el de “controlar” el comportamiento de los alumnos así como también el de los docentes.
La nota habla de docentes que son citados y “hostigados” permanentemente por “la pastora”, lo que sumado a las prácticas de los “veedores” que son ex alumnos que integran la iglesia “constituye una práctica de persecución laboral y de falta de respeto hacia la tarea docente”.
También denunciaron “maltrato a los estudiantes” ya que “algunos docentes fuimos testigos de cómo echaban de las aulas a los chicos por motivos insignificantes, como no tener en ese momento algún material solicitado por los profesores”.
En tercer lugar, se manifestaron en torno al “no cumplimiento de los diseños curriculares” ya que “se hacen recortes del contenido, especialmente en materias como Lengua y Literatura, Biología, Historia, Formación Etica y Ciudadana, Análisis del Discurso, etc” y lo que resulta aun más llamativo “se persigue a los profesores para que aprueben a los alumnos que las autoridades quieren. Incluso se han modificado notas entregadas por los profesores”.
Las denuncias de los padres fueron además que “muchos estudiantes son maltratados y discriminados” e incluso que “los hacen pasar frío ya que no los dejan ponerse camperas que no sean la de la escuela, que venden ellos con un costo de $1500”.

AdoSac confirma que en Caleta no tienen habilitación
Ayer, el secretario General de la ADoSaC, Pedro Cormack, habló en Tiempo FM sobre la situación del ICEP y además, de lo publicado por TiempoSur en la víspera, vinculado a que el establecimiento que los Hijos del Altísimo poseen en Caleta Olivia no tendría habilitación comercial ni del CPE.
Se trata de Del Altísimo School, una institución educativa “totalmente irregular donde el mismo CPE está diciendo que no tienen habilitación ni reconocimiento”.
El dirigente manifestó que “efectivamente es cierto que está funcionando algo que no tiene ningún tipo de habilitación comercial ni reconocimiento por parte del CPE y esto es gravísimo. El Estado debe controlar” indicó.
Cormack opinó luego que en Río Gallegos la falta de controles por parte del estado que financia al ICEP obedecería a que “seguramente hay intereses políticos y económicos que terminan siendo un elemento que afecta el control”.
Tras pedir que el Estado “intervenga” el referente gremial denunció que “hay mucho miedo porque muchos de los docentes hablan después de ser despedidos porque si hablan es un motivo para que los echen” y que “hay situaciones que no se entienden, más allá de las particularidades que puede tener una escuela confesional”.

TS
Axact

TNC

R1U

COMENTAR: