El Poder Ejecutivo publicó en el Boletín Oficial las reformas votadas hace pocos días por el Congreso, como la implementación del Código Procesal Penal.



El gobierno nacional promulgó un paquete de leyes que avanzan en su reforma del Poder Judicial. Las siete normas publicadas incluyen la cesión de más poderes a la procuradora Alejandra Gils Carbó, un nuevo sistema de selección de jueces subrogantes que permitirá la elección de magistrados por hasta 90 días sin consenso del Senado y las reglas generales para la implementación del nuevo Código Procesal Penal.
Pero la que por estas horas levanta más polémica es la creación de una Cámara de Apelaciones en la localidad de Comandante  Luis Piedrabuena,
Dirigentes de la oposición tienen la sospecha de que en realidad el tribunal no tiene como objetivo agilizar los trámites judiciales de la Patagonia, sino garantizar que las causas contra el empresario Lázaro Báez y los funcionarios kirchneristas de la provincia puedan ser desviadas a él para garantizarse la impunidad.
En el debate que tuvo lugar la semana pasada en Diputados, uno de los más duros críticos fue el radical Manuel Garrido, quien señaló que la creación del nuevo tribunal no se justifica "ni por territorio ni por volumen de trabajo". Su nacimiento sólo puede ser interpretado como una "clara maniobra para nombrar jueces amigos" para los procesos judiciales que deban enfrentar los funcionarios kirchneristas cuando dejen el poder.
Según el "Informe sobre necesidad de creación de Juzgados Federales del Interior" elaborado por el Consejo de la Magistratura, una Cámara de Apelaciones debería tener unos 1.800 expedientes y 600 causas para trabajar con comodidad. Esa cifra lejos estuvo de ser alcanzada por la Cámara de Comodoro Rivadavia que fue desdoblada para crear la de Luis Piedrabuena: en 2013 ingresaron 769 expedientes civiles y 445 trámites penales.
"La creación de esta nueva Cámara no responde a ninguna exigencia de la labor judicial en la Patagonia, sino que pareciera ser más acorde a una necesidad de generar una alzada federal afín y obsecuente. En particular, si tenemos en cuenta el próximo sistema de subrogancias que dará piedra libre al Consejo de la Magistratura para nombrar jueces sin acuerdo del Senado", señaló Garrido.
Se refiere a una ley que también fue promulgada este jueves: la nueva normativa establece que el Consejo de la Magistratura deberá elaborar cada seis años una lista de conjueces "para cada fuero, jurisdicción e instancia" y luego enviarla al Poder Ejecutivo. A su vez, el Gobierno deberá girarla al Senado para su acuerdo. Si la Cámara alta no aprueba la lista recibida, el Consejo quedará habilitado para nombrar subrogantes en los puestos vacíos sin necesidad de tener su apoyo. Esos magistrados podrán quedarse en su puesto hasta 90 días.
Axact

TNC

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