El proceso comenzará el 29 de junio. Se trata de una causa iniciada hace 10 años, luego del conflicto estatal que se sucedió entre mayo y junio de 2005 en Pico Truncado. Además de quien entonces era el secretario general de ATE Santa Cruz, serán enjuiciados los sindicalistas Pilar Peralta, Juan Pedro Paillaguala y Belisario Seguel por “coacción, privación ilegítima de la libertad y daños, y por la gravedad de los delitos imputados”.










Entre mayo y junio de 2005, unos 600 trabajadores estatales de Pico Truncado mantuvieron un plan de lucha en reclamo de una mejora salarial de 300 pesos y por el blanqueo del personal contratado. El reclamo se extendió por 44 días, en 37 de los cuales hubo piquetes. Finalmente, el Municipio firmó un acta acuerdo, aunque el intendente Osvaldo Maimó denunció que la mejora había sido conseguida en forma “extorsiva” y declaró que él y otros funcionarios habían sido “tomados de rehenes hasta las 5 de la mañana para llegar a una propuesta”.


En ese contexto, el entonces ministro de Gobierno de Santa Cruz, Roque Ocampo, acusó a los manifestantes de haber roto bienes de la Municipalidad valuados en 100 mil pesos. Así fueron tomados prisioneros e incomunicados Alejandro Garzón, por entonces secretario del gremio de empleados estatales de Santa Cruz y los delegados gremiales del Municipio de Pico Truncado, Belisario Segel, Juan Pedro Pallagulla y Pilar Peralta. Todos imputados de coacción, privación ilegítima de la libertad y daños, y por la gravedad de los delitos imputados.
En reclamo de las detenciones, ATE nacional declaró un paro que fue acompañado con movilizaciones. En Pico Truncado hubo una marcha, mientras que en Río Turbio los mineros cortaron la ruta de acceso a Chile. Se hicieron manifestaciones en San Juan, Jujuy, Mendoza, Corrientes, Entre Ríos, Tierra del Fuego, Neuquén y La Pampa. En Capital Federal hubo una concentración frente al Ministerio del Interior.
Tras las detenciones, los abogados Mariano Mansilla y Matías Cremonte, de la Asesoría Jurídica del gremio estatal, elaboraron una carta modelo para que las organizaciones gremiales y políticas de todo el país sumen su pedido de libertad a los detenidos enviándola al Juzgado de Instrucción Penal de Pico Truncado, mientras que informaron que “tanto la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) como la Organización Internacional de Trabajo (OIT) han pedido a las autoridades provinciales y nacionales la inmediata libertad de los delegados”.
La Jueza Graciela Ruata de Leone ingresando a la camisaría acompañada de un efectivo

Grupo GEO dispuesto en calles céntricas de Pico Truncado

Detenidos llevados al quincho de la Policía por efectivos de la provincia. 



Una semana más tarde, se presentó un video en el que se veía a Maimó conversando “relajadamente” con quienes protagonizaron el reclamo salarial. Eso echó por tierra la acusación y el acuerdo fue declarado nulo.

Encausado
Ahora, la Justicia santacruceña determinó el juicio oral en la causa iniciada en 2005. “Puntualmente, luego de una década, la Justicia reflota la causa instruida a nuestro secretario gremial nacional, Alejandro Garzón, quien en aquellos años encabezaba la lucha en zona norte, donde se gestaba una de las mayores asimetrías entre los trabajadores del Estado y que obligaba a nuestro entonces secretario general a tomar decisiones fuertes y sostenerlas”, sostiene un comunicado emitido por ATE Santa Cruz.
Además, agrega que los acusados “serán juzgados ante un tribunal por denuncias infundadas que hace más de 10 años radicó el actual intendente de Pico Truncado, Osvaldo Maimó”. (Fuente: Página/12 - 29 de junio de 2005)

FOTOS.ARCHIVO :  TRUNCADO NOTICIAS/OPI SANTA CRUZ
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