Por Roberto F. Bertossi
Cuando a nivel nacional ya superamos las 27.000 leyes con más los tratados internacionales, sin contabilizar decretos, resoluciones, leyes provinciales, ordenanzas municipales, declaraciones y tales, comprenderemos de qué se trata cuando hablamos de inflación legislativa nacional, provincial, comunal y municipal.
El Estado de derecho es una construcción político-jurídica en virtud de las leyes de un pueblo democrático y republicano, acepción que prevalece en la cultura jurídica en general porque la ley aún continúa siendo el parámetro teórico de comportamiento y convivencia en la sociedad civil.
No obstante, la legislación actual fue perdiendo su carácter, inherencias y connotaciones originarias por múltiples y diversos motivos, el primero de todos: “es demasiada”, pero también, su inejecutoriedad no solo cuestiona su propia eficacia sino que revela cierta “bancarrota judicial” ya que, supuestamente, todo se rige y nos regimos por la ley, el derecho y la justicia.
Tanto legalismo es así todo un laberinto que día a día agobia y sofoca más y más a la justicia la que por su parte, está desbordada y en “default”, no solo por escasez presupuestaria y supercantidad de asuntos a resolver sino, también, por la modernidad y postmodernidad sin que se sepa de proyectos, programas o planes para reestructurar las leyes orgánicas e implementar un funcionamiento autónomo e independiente del Poder Judicial nacional, provincial y municipal, según los casos.
Concomitantemente, la ley y el derecho se distanciaron peligrosamente de ese ideal irrenunciable e innegociable que se extrae de una explícita e implícita relación necesaria con la naturaleza y la realidad real de todas las cosas.
Y así como las fuentes del derecho eran: a) la ley natural; b) los principios de la razón; c) los usos y costumbres tradicionales/seculares, siempre en la perspectiva de que: “una ley injusta no es ley”; hoy ineludiblemente debemos abrevar en otras fuentes y fenómenos como consigna la Comisión Redactora de la reforma y unificación de los Códigos Civil y Comercial de la Nación en sus fundamentos, doctrina y/o exposición de motivos respectivos.
Entonces como no preguntarnos: ¿qué pasó con la ley y qué con el derecho y qué con la justicia y, más profundamente, que pasó con el hombre mismo?
Demasiados legisladores nacionales, provinciales y municipales, desdeñaron y desdeñan (cuando no, ignoran supinamente) la existencia -entre otros- de principios metodológicos, éticos, morales, equitativos, igualitarios, ecológicos, de experticia y pertinacia objetivos dependiendo en definitiva y totalmente, de sus asesores, técnicos y/o de las corporaciones políticas a las que están subordinados siempre en última instancia.
A propósito, no será nada difícil de encontrar en Argentina, leyes que entran en conflicto con la propia legalidad y el trámite parlamentario, con la equidad, con la ética, con la ecuanimidad, con la igualdad, con la ecología y con la propia Constitución Nacional.
Adicionalmente y como pareciera que vivimos en el “reino del revés de la hermenéutica” en el cual, casi todas las interpretaciones judiciales son posibles gracias a la ignorancia, a los intereses, a las presiones, a los dislates y/o extralimitaciones judiciales que han puesto en un limbo peculiar tanto la inviolabilidad de la defensa en juicio como el debido proceso o el retardo inadmisible de justicia, esto es, todo un conjunto difuso y nebuloso que viene confirmando el reino de la chicana, del pleiteo o de la politiquería jurídica/judicial en el cual, obviamente, prevalecen los pícaros sobre los caballeros, en el marasmo de un elogio vernáculo de recesión jurisprudencial.
Preconclusivamente, así las cosas, tanto la imagen de la ley como la de la administración de justicia parecen diluirse en una subespecie de modernidad líquida (Z. Bauman), fluida, ambigua, imprecisa e injusta en esto de dar a cada uno lo suyo.
De suyo, cualquier intumescencia legislativa e incapacidad de respuesta judicial, se explican, predicen y retroalimentan recíprocamente, perjudicando severamente a la ciudadanía y confirmando el devalúo/desagio del Estado de derecho y la institución del Poder Judicial.
Como hombres del derecho, nos duele y mucho observar que al “altar o fetiche de la ley, el derecho y la justicia”, se le ha -poco menos-, propinado una sacrílega profanación, lo que nos demanda por igual a su más urgente desagravio y restauración, no sea cosa de que, con una República que cruje y un contrato social implosionado, atomizado y patético, finalmente reducido a pura virtualidad y discrecionalidad, la ciudadanía termine renunciando a su justicia, a su libertad en la cualidad inalienable e intransferible de hombres libres con sus propios derechos de humanidad e incluso sus deberes; sin perjuicio de que, no pocas veces, se confirma eso de que: “las leyes son siempre útiles para las personas que tienen bienes, y dañinas para los desposeídos” (Jean-Jacques Rousseau [1712-1778] Filósofo francés).
(*) Investigador del CIJS, UNC. Profesor de grado y posgrado, UNC y UNL. Experto en Cooperativismo, CONEAU. Fundador de la primera cátedra de Derecho Cooperativo Argentino. Director del seminario Debate sobre la Actualidad y Perspectivas del Derecho Cooperativo, Centro de Investigaciones Jurídicas y Sociales, UNC. Premio Adepa-Faca, a la Abogacía, 1990.
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