La Ley 24.660 de Ejecución de Pena Privativa de la Libertad, sancionada en 1996, consagra la posibilidad de ejercer una labor remunerada dentro del establecimiento penitenciario. Esa Ley también discrimina que "los bienes o servicios producidos se destinaren al Estado o a entidades de bien público, el salario del interno no será inferior a las tres cuartas partes del salario mínimo vital y móvil".


Incluso, en el artículo 121 de esa normativa, se ordena la retribución obtenida de ese sueldo: 10% para indemnizar los daños por el delito, 35% para la prestación de alimentos, 25% para los gastos que causare en el establecimiento y un 30% para formar un fondo propio que se le entregará cuando quede en libertad y así intentar reinsertarlo a la sociedad.


Los rubros más frecuentes son fábricas de zapatos, panificadoras y armado de bloques de ladrillo. Además, muchas empresas privadas utilizan esa mano de obra pero tienen que cumplir con los derechos laborales como cualquier persona.


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TNC

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