El año pasado murieron en Santa Cruz más de 50 personas en accidentes de tránsito. Hay contrastes entre las cifras que anualmente manejan espacios como “Luchemos por la Vida” o “Estrellas Amarillas” y la propia Agencia de Seguridad Vial. El dato irrefutable es que en todos los casos se trata de pérdidas que pudieron haber sido evitadas.
La emblemática historia de Leandro Vera, que murió tras que el vehículo en que viajaba fuera impactado por otro que corría picadas; la historia de la periodista Lourdes Ferrando, atropellada junto a un grupo de amigos por un conductor en estado de ebriedad; la de Diego Jaramillo por un sujeto que no habría respetado el disco pare; la del pequeño Axel Gallardo en Caleta Olivia, que jugaba en la calle y fue atropellado por un camionero, se mantienen al frente de una búsqueda de justicia que representa a muchos otros casos, y que en esta capital cada domingo dicen presente en el izamiento dominical exigiendo prisión para los conductores imprudentes que les arrebataron a sus seres queridos.
Estos grupos liderados por madres del dolor, vieron a los acusados de las muertes ser demorados algunas horas en las comisarías y luego recuperar su libertad. El reclamo es contra los jueces pero también contra el poder político, para que cambie las leyes y endurezca las penas. ¿Por qué si una persona que mata no cumple condena?
Ayer TiempoSur entrevistó al juez de Cámara, Joaquín Alejandro Cabral, quien planteó las claves por las que la ley no prevé prisión -al menos no en todos los casos- en los que el que conduce mata.
El Código Penal prevé delitos culposos o dolosos. “Hay delitos que aceptan la culpa, uno es el homicidio o las lesiones. En cambio, el cometido con dolo, es quien por imprudencia, negligencia o por no respetar la ley ocasiona una muerte o lesiones. Uno tiene la intención directa de provocar la muerte y el otro no”, aclaró.
De allí que cruzar un semáforo en rojo o no respetar una señalización ocasionando una muerte es sancionado por la ley “con una escala penal reducida, por eso corresponde la excarcelación”
Esto está expresado en el artículo 84 del Código Penal, que habla de “una pena mínima de 6 meses a 5 años, más la inhabilitación para conducir de 5 a 10 años”.
La cuestión a analizar es básicamente si el conductor tuvo o no la intención de matar, de allí que el hecho de que, por ejemplo, el culpable de una muerte no tenga mayores consecuencias si acaso huyó del lugar o estaba alcoholizado.
En este punto, Cabral diferencio una tercera vía que adoptó su Tribunal años atrás, sentando jurisprudencia a nivel país, en un caso cuyo fallo fue invocado en la condena al boxeador Rodrigo “La Hiena” Barrios.
Se trata de la condena ejemplar del año 2008 a Daniel Mareco, que recibió 8 años de prisión luego de matar a Leandro Vera (12) mientras corría una picada. ¿La clave? El dolo eventual.
En esa ocasión Cabral echó mano a un concepto teórico que, a los fines prácticos, es como el homicidio simple.
“Cuando quien conduce el vehículo lo hace con un objetivo determinado, fijo, de su propio interés. A Mareco le interesaba llegar a su objetivo sin importarle qué sucediera, quién se le cruce. El lo que quería era ganar la picada” recordó el magistrado, agregando que el condenado “tampoco quería matar a nadie, pero si se le cruzaba alguien no le importó en ese momento. Es una cuestión inconsciente”
En el dolo eventual la ley castiga como el homicidio simple y la pena va de 8 a 25 años y no es excarcelable.
Entre la ley y el grito de las familias destruidas por la imprudencia, hay un abismo plagado de pedidos por concientización pero también de una mayor dureza en las penas.
“Lo que sucede es que no es lo mismo quien comete un homicidio o lesión grave con exceso de velocidad o doblando en contramano, que aquella persona que maneja con intención de matar”, insistió el camarista.
Por otra parte, Cabral opinó acerca del volumen de accidentes que se registra en Río Gallegos, algo “significativo” en una ciudad “en un franco crecimiento quizá no muy apropiado en cuanto a la infraestructura urbana”
El enorme parque automotor -se cree que hay más de 80 mil autos y alrededor de 120 mil habitantes- genera un “desorden” que se suma a la “poca señalización, el poco respeto de quien conduce hacia el peatón y viceversa”. Todo ello hace que “la cantidad de accidentes que hay en Río Gallegos sea alarmante”.
Pero además el magistrado puso de manifiesto otra circunstancia que preocupa y de hecho ha sido plasmada en un proyecto del Deliberante local. “Deben adoptarse mecanismos preventivos en la Autovía” ya que “otras ciudades han tenido que semaforizarlas porque no se puede transitar a la velocidad que se transita y con las colectoras de la manera que están”, exhortó.
Podría decirse finalmente que no existiría un vacío legal propiamente dicho, pero sí que no existe un análisis de mayores penas para quienes huyen tras lesionar a alguien, o manejan en estado de ebriedad, cosa que hoy es la coartada justa para la “negligencia”, para el acto culposo.
También existe una discusión respecto del acceso de las “probation”, es decir la suspensión del juicio a prueba. La crítica radica en que este beneficio requiere del compromiso del acusado de un delito doloso de que no lo volverá a hacer, pero ¿cómo puede comprometerse a ello si ya demostró ser negligente?



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