Según se puede observar en el boletín oficial, el Gobieno de Daniel Peralta realiza contrataciones directas al margen de la legislación vigente por más de 6 millones de pesos anuales para el servicio de “Seguridad” del Ministerio de Desarrollo Social.


El paso de los años demostró que el Gobierno de Daniel Roman Peralta es de los más afectos a las contrataciones directas y los gastos incontrolables.

Sin ir más lejos, con sólo revisar los gastos del gobierno en el boletín oficial, se ven millonarios pagos en concepto de alquiler de vehículos, seguridad privada y servicio de limpieza.

Los decretos demuestran que el Ministerio de Desarrollo Social realizó contrataciones directas de servicios de seguridad a una empresa privada - "GODFRID HERMANOS”- por un monto de $ 489.614,40 por mes.

Hace pocos dias apareció publicado el Boletín Oficial N 4966, del 01 Septiembre 2015. Revisando ese documento público, se puede apreciar que el Gobierno de la provincia es muy afecto a las contrataciones directas y gasta millones de pesos sin ningún tipo de justificación ni controles.

Allí aparece un decreto que llama mucho la atención y que registra el pago de 500 mil pesos para "vigilancia y seguridad" del ministerio de Asuntos Sociales. Se trata de una contratación directa y un pago dispuesto sin grandes justificativos, resuelto en un escueto texto de apenas unos cuantos renglones.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz N° 4918, que se publicó el 31 de marzo de 2015, fue consignado el DECRETO N° 1271, fechado en Rio Gallegos el 20 de Agosto de 2014.

El mismo dice corresponder al Expediente MDS-No 210.281/13, y dispone la contratación de la Firma "GODFRID HEMANOS” para brindar el servicio de seguridad y vigilancia en dependencias de dicho Ministerio, en el mes de septiembre de 2013, habilitando el pago de $ 489.614,40.

Por si sola esta contratación resulta llamativa teniendo en cuenta los valores, los pocos detalles que en el mismo instrumento se brindan respecto a los servicios, la urgencia y necesidad de los mismos y los falta de una licitación pública para realizar la contratación.

Pero, poco tiempo después, en el Boletín Oficial N° 4919 de fecha 1 de abril de 2015 se publicó el Decreto N° 1353/14, fechado también el 20 de Agosto de 2014, y que corresponde al Expediente MDS-No 210.261/13. El texto del decreto es igual citado anteriormente, pero habilita el pago de la misma suma de dinero en concepto de servicios del mes de agosto del 2013.

Lo sorprendente es que el decreto siguiente, es decir el DECRETO N° 1354/14, fechado también el 20 de Agosto de 2014 y correspondiente al Expediente MDS-No 210.739/14, publicado en el mismo boletín oficial del 1 de abril de 2015, también tiene un texto similar a los anteriores y ratifica una contratación directa realizada por el Ministerio de Desarrollo Social a la misma firma comercial por un monto también $ 489.614,40.

Estos decretos dejan claro que se realizó un procedimiento administrativo de dudosa legalidad. No sólo no se brindan los detalles de las contrataciones realizadas, sino que claramente se buscó dividir las mismas en tramos mensuales para evitar que representen valores de varios millones de pesos.

Otro tema que hay que destacar es que muy paradójico que el gobierno provincial, que debe brindar seguridad a sus ciudadanos, necesite un servicio privado de Seguridad.

Cabe destacar que el total anual de las contrataciones directas realizadas por este concepto solo para los servicios prestados por esta empresa, rondaría los SEIS MILLONES DE PESOS. Estas cifras claramente se encuentran fuera de los márgenes que los funcionarios pueden destinar a las contrataciones directas y claramente merecen ser explicados.

No caben dudas de que se buscó sortear los procedimientos administrativos legales y burlar los controles internos de una forma burda.

Cabe destacar que la diputada Estela Bubola, cuestionó esta serie serie de resoluciones del Gobierno que serian irregulares y pidió que informen sobre todos los gastos realizados para contratar "Seguridad Privada”. Lo hizo hace varios meses a través de un proyecto que no fue tratado por los diputados del Frente para la Victoria.


(El Diario Nuevo Día)
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