El flamante futuro ministro de Energía, Juan José Aranguren (ex CEO de Shell argentina) ya está delineando un nuevo programa que unifique las tarifas de luz y gas. El aumento llegará de forma gradual y se beneficiará solo a dos millones de hogares con una tarifa social. El macrismo dijo durante la campaña que hay 12 millones de pobres, ergo 10 millones perderán el beneficio. Lo mismo jubilados y pensionados.

El nuevo ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, viene trazando las líneas de un plan energético que apunta a un horizonte de cuatro años y cambiará por completo política del sector que diseñó el kirchnerismo.

Los puntos destacados de ese plan son un aumento gradual, pero sostenido, de los precios del gas y de la electricidad para casi todos los sectores, que en parte compensaría el costo económico de establecer una tarifa social bien definida que reduzca o exceptúe, según los casos, el costo de esos servicios para los bolsillos de quienes están por debajo de la línea de pobreza.

El nuevo equipo de Energía está dispuesto a subsidiar solo a unos dos millones de hogares, pese a que desde el macrismo sostienen que en la argentina hay, al menos, 12 millones de pobres, ergo 10 millones de hogares bajo la línea de pobreza perderán el beneficio. Las boletas del resto de los usuarios responderán cada vez más a un sistema basado en reglas de mercado, incluyendo a los más de 6 millones de jubilados, según se desprende de las declaraciones vertidas por Aranguren.

SOLO DOS MILLONES DE HOGARES SERÁN BENEFICIADOS CON TARIFAS SOCIALES

Los Porteños y bonaerenses srán quienes sufran los mayores ajustes, según dejó entrever ayer Aranguren. “No puede haber las distorsiones de tarifas que existen”, criticó. Y agregó que “en la ciudad de Buenos Aires se paga siete veces menos que en provincias como Río Negro, La Pampa o Córdoba”.

Las subas de tarifas tendrán dos objetivos: atender parcialmente las necesidades de empresas como Edenor, Edesur, Gas Natural Fenosa y Metrogas, que recibieron aportes especiales del Estado en los últimos años para mantenerse a flote, y contener el incremento de subsidios, una de las claves del déficit fiscal. Aranguren lo planteó ayer de manera indirecta: “El principal problema que veo para adelante es que un país rico como el nuestro, con recursos no solamente no renovables, sino también renovables, esté importando el 15% de la energía que necesita. Esto es un crimen. Solamente en los países que son exportadores se subsidia la energía. Nuestro caso es el único en que es importador y subsidia la energía”, describió.

Aranguren se reunió ayer por más de una hora con el ministro de Economía, Axel Kicillof, para avanzar en la transición sobre el manejo del sector.

Según consignó hoy el diario La Nación, la nueva manera de administrar la energía llegará de la mano de un nuevo marco regulatorio que oriente poco a poco la gestión a la lógica de la competencia. La semana pasada, el futuro funcionario anticipó en una reunión con empresarios que intentaría avanzar el año próximo en la renegociación de contratos que dejó inconclusa el kirchnerismo. Pero difícilmente terminará en 2016. Junto con eso, buscará pasar el control de los servicios públicos de la ciudad a la jefatura de Gobierno porteña.

En reuniones con el sector privado, Aranguren sostuvo que su gestión implementará un sendero de precios. Es el término edulcorado para hablar de una recomposición de los valores de la energía. Y debería conducir los valores internos a la paridad de importación.

Hoy el precio promedio del gas en la Argentina ronda los US$ 3 por millón de BTU, la unidad de medida, aunque puede variar según las compañías. Por caso, el Gobierno remunera con US$ 7,5 la oferta nueva del fluido, que convive con valores mucho más deprimidos. La industria paga US$ 4 y los hogares, US$ 1, en términos aproximados.

La intención de Aranguren, al igual que la de otros especialistas en temas económicos del nuevo gobierno, es que haya un solo precio para cada producto energético al final del gobierno.

La administración de la energía que sueña Aranguren no contempla una eliminación total de los subsidios, sino una reorientación. Hace tiempo que está convencido de darle un empujón económico al desarrollo de la energía eólica, principalmente. Más aún: el futuro organigrama de su cartera contemplará una secretaría dedicada a Energías Renovables.

Habrá al menos otros cinco departamentos: Petróleo y Gas, Electricidad, Nuclear, Planeamiento y Ahorro, y Eficiencia. Los dos últimos serán una característica propia de la futura gestión. Es muy probable que Planeamiento y Ahorro centralice la importación de gas natural licuado, que ya no dependerá de Enarsa ni de YPF. De hecho, Cambiemos considera esa empresa estatal de energía como una de las peores creaciones del kirchnerismo. La importación de GNL está bajo investigación del juez Claudio Bonadio .

Eficiencia, por su parte, asumirá un rol activo en el cuidado de los recursos. Habrá un premio importante para los usuarios que a
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