La bautizaron “Alita de mosca”. Se trata de una variante de máxima pureza de la cocaína. Cuando al polvo blanco se lo mezcla con los reactivos, el lento resultado sobre el papel es una figura muy similar a las alas de ese insecto. Por eso su nombre. No está “cortada” con otra sustancia para estirarla y es carísima, high class. Hasta hace un par de años esta variedad de droga era bastante desconocida en Chubut. Pero apareció con fuerza y su consumo frecuente crece geométricamente. Lo saben los mejores cuadros de la Policía y de la Justicia Federal. La encuentran cada vez más seguido en los allanamientos.

Esta cocaína de alto nivel bien puede ser el síntoma más esclarecedor de cómo el narcotráfico avanzó en la provincia, que de a poco se pone al día con este delito. Desde el punto de vista social, más abajo el diagnóstico también es preocupante: los mismos investigadores que notan la “Alita de mosca”, sólo para algunos pudientes, observan en simultáneo que los pibes y los grandes de los sectores más humildes se divierten fumando o aspirando cualquier basura, literalmente. Restos de virulana, si fuese necesario, y no es chiste. Sin ser el conurbano, los barrios son un escenario desatado en la provincia, sea Comodoro Rivadavia, Trelew o Puerto Madryn, las ciudades más complicadas.

En Chubut la droga se instaló con fuerza. Basta revisar los fallos del Tribunal Oral Federal de Comodoro. Además del juzgamiento de las bandas más complejas, todos los días caen consumidores menores en escala que son castigados con multas o trabajos comunitarios. Los perfiles son similares: hombres jóvenes, de baja calificación laboral. Algunos cobraron unos mangos por llevar una encomienda, otros fueron sorprendidos con algunos gramos en una esquina. Estos casos son frecuentes y no salen en los diarios. La escala micro del narcotráfico puede ser rentable para sujetos sin otra salida económica y tentados de dinero fácil. El deterioro del mercado laboral también le da una gran mano al comercio de droga.

Por algunos pesos se arriesgan a llevar un paquete en el micro o prestar su nombre para las encomiendas. Hablando del TOF, basta recordar lo que dijo su juez más veterano, Enrique Guanziroli. Hace un año advirtió que la droga había “estallado” en la Patagonia y que el Poder Ejecutivo nacional y provincial tenían sólo estrategias erráticas para contenerlo. Fue una crítica mediática pero no se hizo el distraído y también lo anotó en sus sentencias.

Guanziroli, junto con sus pares Pedro de Diego y Nora Cabrera de Monella, son los responsables de juzgar a todos los acusados por estupefacientes en Chubut. No dan abasto: su agenda está complicadísima. Este año tienen procesos por lesa humanidad y audiencias por otras varias bandas narco, olvidadas en la sucesión mediática de operativos. Son tres para decenas de acusados en expedientes complejísimos, de varios abogados defensores, cada uno con sus estrategias para lentificar los expedientes con recursos procesales. Es más: hay imputados sueltos que suelen caer de nuevo en otras pesquisas. Como si no supiesen hacer otra cosa. Por eso hay nombres repetidos.

En el Valle el TOF ni siquiera tienen un lugar físico para las audiencias y depende de la buena voluntad de la Unidad Penitenciaria 6, que le presta su Casino de Suboficiales. Es un dato que suele ignorarse cuando se critica al Poder Judicial por la lentitud en la batalla. Tampoco le sobra el personal.

Hay otros tres nombres en la cadena de responsabilidades: Javier María Leal de Ibarra, Aldo Erico Suárez y Hebe Lilia Corchuelo de Huberman. Son los jueces de la Cámara Federal de Apelaciones comodorenses. Son el paso previo a los juicios orales y públicos, los magistrados que sopesan las decisiones de los jueces de primera instancia que investigan el narcotráfico, para confirmarlas o no. Cuando se habla de las demoras judiciales, este trío también tiene que ver con el camino aunque su exposición mediática sea casi nula. Extrañanamente ningún político los nombra nunca.

El primer paso suele estar en el Juzgado Federal de Rawson, con el juez Hugo Sastre y el fiscal Fernando Gélvez. También están tapados de trabajo y también se los suele acusar con poca justicia de las demoras. En rigor tardan el promedio y hace años les prometieron otro juez, un cargo que nunca termina de ocuparse. Como sucede en las instancias superiores, también en la capital los expedientes se amontonan y el personal es poco. Hay que ir por prioridades, que incluyen el fuero civil. Y pese al griterío de los medios, no es tan simple procesar a nadie por drogas. Hay que apostar con evidencias fuertes porque si la Cámara lo desvincula no hay otro tiro.

Hay un escalón todavía más abajo: la Policía. Hay que decir que en Chubut hay varios y muy buenos miembros en las brigadas de investigaciones. No tienen tantos recursos como quisieran y necesitarían, como insumos como reactivos, vehículos o tecnología para las vigilancias. Pero suelen hacer bien las cosas y el producto final de las causas no es culpa de ellos. Más de una vez tuvieron evidencias fundadas que terminaron desactivadas porque fueron “demasiado lejos” o algún nombre célebre quedó en el medio.

En cambio, la fuerza de seguridad provincial debería preocuparse especialmente de dos datos. El primero, que algunos de sus uniformados formen parte de los traficantes de droga. Implica que hay manzanas podridas que alientan este delito, saben por dentro cómo es el trabajo policíaco y lo difunden entre los vigilados. El enemigo dentro.

El segundo es complementario: que haya presos con influencia y acceso a logística suficiente para ordenar los movimientos de una banda; que detrás de las rejas haya celulares que permitan seguir perteneciendo a estas redes. Ambos datos muestran fragilidad de los controles institucionales internos. Cabe preguntarse por qué un policía elige este camino o un interno tiene todas las facilidades.

La última noticia disponible es el proyecto del gobernador Mario Das Neves para crear una Comisión Antilavado de Dinero. Más allá de lo que opinaba el General sobre las comisiones, sería interesante saber si un grupo inquieto es capaz de hallar rastros colaterales del narcotráfico. Y es trascendente que un Gobierno cristalice su preocupación aunque habrá que ver la marcha real. Basta ver que los operativos suelen incluir el secuestro, por ejemplo, vehículos de altísima gama, injustificables para un sueldo promedio de cualquiera de los imputados.

Si de narcos se trata, el caso Poseidón es paradigmático. Se suele creer que el hallazgo de 110 kilos de cocaína en esa pesquera de Madryn incluye todos los condimentos: droga, plata fácil, política, presiones judiciales. Por ahora el expediente acredita sólo el nombre famoso de Omar “Cura” Segundo, enroscado con brokers pesqueros y dos españoles algo más pesados. En verdad, el Gobierno le apunta a Carlos Eliceche, por su presunto vínculo empresarial con el “Cura”. Pero en los papeles, el “Ganso” por ahora no figura en esta trama. Por otro lado, frente a los reclamos de Fontana 50, este caso deberá esperar todavía un par de meses para ir a juicio. No tardó ni más ni menos que otros, aunque convenga vender otro humo con que el expediente está “pisado”. Si la justicia fue “lenta”, lo fue para todos los otros anónimos que esperan fecha para audiencias.

En este escenario parece haberse perdido de vista el aporte del juez Sastre cuando este tema estalló: admitió en ese momento que el tremendo cargamento de droga se encontró de casualidad, por un empleado asustado, pese a que la cocaína atravesó fronteras y controles, y a poco estuvo de viajar a España. Cabe preguntarse si conviene concentrarse en saber qué político está metido o, primero, en chequear en serio los filtros que benefician estas exportaciones.

Mientras todo esto sucede, suele faltar una mirada más fina para los adolescentes. Cada vez más rápido pasan del cigarrillo a la birra y de ahí al porro. Hay que desconfiar y mucho de un discurso común en la provincia: que la justicia no se ocupe de los chicos que fuman sino solamente de los peces gordos. No son problemas ni mundos distintos. A lo sumo dos habitaciones de la misma casa. Causas y efectos. El sentido común indica que criminalizar el consumo callejero es una buena opción para no atiborrar tribunales. Pero no implica no bucear en él para recolectar información sobre la distribución y las motivaciones para iniciarse tan temprano. Así se saben nombres, lugares y estrategias de los vendedores. Desentenderse y tener piedad de los fumadores es un dogma de doble filo. Una cosa es no procesarlos; otra muy distinta es creer que no están vinculados al problema mayor. Lo que sucede en los desbordados centros de día es tema para otros análisis.

Así las cosas, no hay dudas de que en Chubut se vende, se compra y se consume cada vez más droga. El sistema judicial trabaja pero a sus ruedas les falta el aceite de los recursos humanos y tecnológicos para un delito complejo. Parece indispensable que la mirada para este problema se “despolitice” un poco y no se construyan mitos urbanos. El narcotráfico es material y nada teórico: un pibe fumando en una plaza chubutense tanto como un español vendiendo a su Europa natal. Una cosa no es peor que la otra.

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