El abogado constitucionalista Eduardo Barcesat analizó el último Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) del presidente, que declaró la Emergencia de Seguridad Pública. Medida que puede ser prorrogada al término de los 365 días del plazo que la establece.

En declaraciones a Radio Universidad CALF de Neuquén, recordó que el poder Ejecutivo no puede legislar a fuerza de Decreto en materia Penal. Barcesat indicó que el avasallamiento del gobierno Nacional se puede solucionar de dos maneras, por vía judicial y penal. Adelantó que el 1 de febrero impugnarán todos los decretos, porque “no hay uno sólo que sobrepase el control de Constitucionalidad”. “Estos DNU son más que suficiente para enjuiciamiento y remoción por juicio político", sentenció.

El presidente Mauricio Macri dejó a cargo de los Ministerios de Seguridad, de Defensa y de Transporte la tarea de reforzar los mecanismos de seguridad en todos los medios de transporte aéreos. Según detalla el documento, "el decreto especifica delitos tales como producción, tráfico y comercialización de estupefacientes (ley 23.737), de contrabando de armas y contrabando de estupefacientes (ley 22.415), los relacionados con las actividades de una asociación ilícita calificada (artículo 210 bis del código penal) o con una asociación ilítica terrorista (artículo 41 quinquies del mismo código)".

Por su lado, el secretario de Seguridad de la Nación Eugenio Burzaco, lejos de permitirse una autocrítica justificó el uso de las Fuerzas Armadas para asuntos de “seguridad interior”. En conferencia de prensa, se permitió sacar por debajo de la manga el comodín de “la pesada herencia K” y justificó el permiso para derribar aviones diciendo que ya "existía un protocolo de actuación". No obstante, cabe recordar que sólo fue utilizado anteriormente por tiempo limitado, mientras se desarrollaron cumbres internacionales en la Argentina.
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