El Frente Renovador y el Bloque Justicialista impulsan junto al resto de la oposición la ley para frenar los despidos y buscan diferenciarse del macrismo para no pagar el costo político del ajuste. Acusan al oficialismo de no cumplir los acuerdos legislativos que tenían.
El entramado legislativo que construyó el gobierno de Mauricio Macri en el Congreso para respaldar su gestión comienza a deshilacharse. La situación económico-social con despidos masivos en el Estado y el ámbito privado, la inflación y los tarifazos que impactan en los sectores más desprotegidos y entre los trabajadores empezaron a alejar a las bancadas opositoras que acompañaron a Cambiemos en la decisión del gobierno de acordar con los fondos buitre en “busca de financiamiento externo e inversiones”. La decisión del massista Frente Renovador (FR) y del cismático Bloque Justicialista (BJ) –que partió al bloque de diputados del Frente para la Victoria– de impulsar junto al resto del arco opositor una ley que prohíba los despidos es una muestra que ni renovadores ni justicialistas están dispuestos a compartir con el Gobierno el costo político de respaldar un modelo que sacude su propia base electoral a cambio de promesas que el oficialismo “no cumple”.
El papel de “oposición responsable” que le asignó el macrismo amenaza ahora con arrastrar a massistas y peronistas disidentes como furgón de cola de la política de ajuste del Gobierno. El reclamo que llevaron las cinco centrales sindicales (las tres fracciones de la CGT y las dos de la CTA) al Parlamento por la destrucción de fuentes de trabajo –dejando de lado otras reivindicaciones que las unificaba como el Impuesto a las Ganancias– fue la advertencia que sacudió a la oposición “amigable” con el Gobierno y sobre la cual habían evitado o esquivado pronunciamientos contundentes.
El líder renovador Sergio Massa fue el encargado de organizar “la movida” con las centrales sindicales en la Cámara de Diputados, con la intención de diferenciarse del Gobierno y obligar a la alianza Cambiemos a cumplir los acuerdos que había pactado a cambio del respaldo legislativo al oficialismo. Una lista que incluye, entre otras cosas, avanzar con las propuestas massistas sobre la modificación del impuesto a las Ganancias y las reformas al Código Procesal Penal que se aprobó durante el gobierno kirchnerista y cuya implementación Macri volvió a postergar por medio de un decreto de necesidad y urgencia.
Massa creyó que podía torcerle el brazo al oficialismo y hasta se propuso, ante el resto de las fuerzas opositoras, de ser el intermediario para que Cambiemos acompañe la propuesta que volvería a ponerlo en el centro de la escena política. El rotundo rechazo del Gobierno a ponerle freno a los despidos truncó la estrategia de Massa que tampoco pudo evitar que sus propios referentes sindicales se subieran a la inercia que tomó la iniciativa: diputados con cierta autonomía dentro del FR, como los sindicalistas Facundo Moyano (hijo del pope cegetista) y Héctor Daer (Sanidad), y Graciela Camaño (esposa del gastronómico Luis Barrionuevo) trabajaron en consensuar un solo proyecto opositor contra los despidos con el FpV, el BJ, Progresistas y el FIT (que también lo acompañaría) que ya tiene dictamen favorable en la comisión de Legislación del Trabajo y que Cambiemos quiere dilatar en su paso por la Comisión de Presupuesto, que preside el macrista Luciano Laspina.
“Bajo ningún punto de vista. La ley para parar los despidos tiene que salir sí o sí. La pérdida de empleos es una de nuestras preocupaciones centrales”, respondieron fuentes parlamentarias del massismo ante la consulta de Página/12 de si podrían dar marcha atrás en la iniciativa ante la negativa del Gobierno.
Las motivaciones en el massismo son variadas. “Hasta ahora no han cumplido con nada”, insisten para referirse a los acuerdos pactados con el oficialismo en el ámbito legislativo donde el Gobierno suma apoyos solo para direccionar sus propuestas. De todas maneras, los renovadores afirman que no abandonarán la estrategia trazada de transitar “la ancha avenida del medio” en la que consideran colectarán voluntades de “decepcionados del kirchnerismo y de Cambiemos”.
“Vamos a acompañar al Gobierno en la medida que no haya agachadas. El Gobierno no tiene en su agenda temas centrales de la sociedad. Ha demostrado su incapacidad para bajar la inflación y su política lesiona gravemente el empleo. Así, el acompañamiento se diluye”, sostienen desde el massismo ante Página/12, dejando en claro que los sectores más afectados por las políticas macristas son parte de la base electoral del Frente Renovador.
En el Bloque Justicialista sucede lo mismo. “Somos claramente un bloque de oposición, firme y responsable”, aclaran ante este diario. “Tenemos la responsabilidad de acompañar a muchos gobernadores que en su provincias necesitan tener una relación madura y de gobernabilidad con el Gobierno nacional”, agregan antes de argumentar que “la fuerte impronta gremial” de su bancada fue lo que primó para impulsar el proyecto contra los despidos. Un tema en el que tampoco estarían dispuestos a retroceder.
El sindicalista petrolero Alberto Roberti que preside la comisión de Legislación Laboral en la Cámara baja en representación del BJ –con el visto bueno de Cambiemos– fue el autor de uno de los proyectos que se consensuaron para prohibir los despidos en la administración pública nacional y el sector privado con el respaldo de su bloque.
“Los despidos son una muestra de que en la Argentina se viene una etapa de enfriamiento de la economía, a la que se suma la eliminación de los subsidios y el aumento de tarifas que hacen a la caída de la actividad económica. Puede ser que la inflación baje en el segundo semestre, pero la propuesta del Gobierno es perversa: la ecuación solo le cierra con menos consumo”, sostiene un diputado del BJ en diálogo con Página/12. “Las escasas propuesta sociales, como la extensión de la AUH, llegan tarde”, agregó.
La preocupación se extiende a los gobernadores que alentaron la conformación del BJ, como el salteño Juan Manuel Urtubey, a pesar de respaldar las medidas del gobierno nacional. La quita de las retenciones agropecuarias, en especial a la soja, implican una baja de 1000 millones pesos anuales a las provincias, que se sumarían otros 500 millones en sus ingresos con la modificaciones a otros impuestos coparticipables como Ganancias y la reducción del IVA a los productos de la canasta familiar para los sectores sociales más vulnerables. Mientras que la propuesta de crear un “Fondo Compensador” para las provincias todavía está en carpetas del Gobierno nacional.
Otro referente del BJ, Diego Bossio, explicitó públicamente la decisión de su bancada de sostener el proyecto que pone freno a los despidos. “No podemos esperar al segundo semestre”, “el Presidente (Macri) dice que no quiere leyes que impidan despidos, sin dar ninguna solución concreta al respecto” y “si (el Presidente) no quiere leyes que protejan el empleo conseguido con tanto esfuerzo, ¿entonces cuáles son sus planes?”, disparó el ex titular de la Anses en su cuenta de Twitter desde los Estados Unidos, donde participó, invitado por el Gobierno, de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la problema mundial de drogas, igual que otros diputados opositores como Margarita Stolbizer y Victoria Donda de Progresistas.
El actual gobierno “fue muy rápido de reflejos para unos pocos, sin que haya avances para la gente”, “nada que beneficie a los trabajadores, a la clase media, a las pymes”, sumó Bossio en otros tuits.
La política socioeconómica del gobierno macrista ha generado una grieta con los propios aliados legislativos que hasta ahora acompañaron el grueso de sus medidas en el Congreso. Un tema que preocupa a las principales espadas parlamentarias de Cambiemos.
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