El nuevo encuentro previsto para este jueves entre empresas petroleras y los sindicatos del golfo San Jorge permitirá vislumbrar el horizonte de la semana próxima, que podría estar marcada por el inicio de un nuevo conflicto.

Es que a los telegramas de suspensión iniciados por la firma San Antonio, en una acción a la que se sumarían otras compañías de servicios y que fue leída como una doble presión hacia el gremio y contra las propias operadoras (que son las empleadoras de aquellas empresas contratistas), se sumará definición en torno a si los gremios aceptan la jornada de 8 horas –con una consecuente reducción salarial- o si finalmente se rechaza y queda sin efecto el acuerdo paritario firmado, por lo que caería también el primer aumento del 18% que debe pagarse hasta el jueves 4 de agosto.

El complejo panorama sumó el miércoles 27 de julio un nuevo elemento de presión. El centenar de telegramas anunciando suspensiones sin goce de haberes desde agosto y septiembre, a lo que se sumaría otra tanda hasta alcanzar los 500, según precisó el dirigente opositor Carlos Martínez (la interna sindical es otro factor que complica el panorama gremial), fue interpretada incluso desde la actual conducción del sindicato y en no pocos ámbitos empresarios como una jugada para presionar a las operadoras, por parte de las compañías que realizan tareas de perforación.
En efecto, las prestadoras de servicios que vienen sobrellevando la baja de la actividad de perforación en lo que va del año apuntarían a tener certezas en torno a si tendrán cobertura para garantizar los salarios “stand by” en la segunda parte del año, de allí que muchas de éstas, integradas en la CEOPE, se niegan a aceptar las modificaciones que sobre el acuerdo paritario habían logrado los sindicatos –a excepción de Neuquén-. Esas mejoras al acuerdo implicaban alcanzar al personal suspendido con las mejoras salariales que, sumadas en tres tramos hasta enero próximo, llegarán a un 30%.

Sin embargo, la situación volvió a tensarse en la mesa que debe lograr el consenso para fijar “pautas de eficiencia y productividad”, según aquel mismo acuerdo, al que quedaba sujeto el pago del primer tramo del aumento, que debería concretarse a principios de agosto. La discusión volvió a trabarse en torno a la jornada de 8 horas y el impacto salarial que significaría esa reducción en la jornada de trabajo para el personal de torre, al tiempo que el sindicato asegura que no hay garantías –pese a que las operadoras sostienen lo contrario- de que ese rediseño de jornada garantice la estabilidad de todos los puestos de trabajo en riesgo.

Con la baja de 14 equipos que concretará YPF en Santa Cruz, que se sumará a los 51 que ya están parados en toda la cuenca, el gremio asegura que hay 500 puestos laborales en riesgo –aunque las dos dotaciones de Chubut involucran a 200- y de allí que exige una reversión de esa medida o la firma de garantías para sostener los puestos laborales con la menor afectación salarial posible.

ADN Sur
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