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11 de octubre de 2016

Picada mortal: Para la jueza Nuñez las pruebas no fueron concluyentes

Rio Gallegos.-Si bien el fiscal Gabriel Giordano, había solicitado una pena de 10 años para Matías Fernández por el delito de: “Homicidio Simple con dolo eventual –dos hechos- en concurso ideal con lesiones graves en concurso real con Picadas Ilegales”, sus fundamentos y pruebas no bastaron para la jueza Rosa Nuñez y la subrogante Alejandra Vila quienes disintieron con el Juez Cabra, quien había considerado que la pena justa era la de ocho años, por la misma calificación impuesta por el fiscal de juicio.

El 31 de marzo del año 2013, Matías Fernández conducía una Ford Ranger, a exceso de velocidad –realizando picadas- con Alberto Rozas, quien manejaba un Renault 9, sobre la Avenida San Martín y al llegar a la intersección de la Avenida Piedra Buena de la localidad de Pto San Julián, Fernández embistió con su camioneta a un Chevrolet Corsa, conducido por Raúl Stork, que transitaba por Avenida San Martín, provocando la muerte de María Paula Britez y Calixta López, quienes viajaban como acompañantes de Stork.

Tanto Fernández como Rozas fueron juzgados por los jueces provinciales, en un debate oral y público que se realizó en Pto San Julián. En la audiencia los imputados por el delito de: “Fernández Antonio Matías s/doble homicidio simple con dolo eventual y lesiones graves dolosas en concurso materias y Rozas Alberto Daniel s/picadas ilegales”, decidieron prestar declaración.

Fernández pidió perdón a la familia

En su relato Fernández, manifestó que esa tarde, estaba dando vueltas con su camioneta y al pasar por la gestoría denominada: “Jones Automotores” se distrajo mirando una camioneta que estaba a la venta y cuando giró la vista nuevamente, se encontró con el Chevrolet Corsa y pese a haber frenado e intentado eludir el impacto, chocó provocando la muerte de las dos señoras y las lesiones al conductor. Además, adujo estar arrepentido y pidió perdón a los familiares, reconociendo que transitaba por encima del máximo establecido, pero a su vez negó haber estado corriendo picadas.

Rozas rechazó haber participado en picadas

En tanto Rozas en su testimonio, negó haber corrido una picada con Fernández, expresando que transitaba con su auto Renault 9, detrás de la camioneta Ford cuando observó el choque acompañado de su hermano y un amigo de apellido Merlo. En este marco, aclaró que su auto tenía un problema en el sistema de alimentación lo que lo obligaba a acelerarlo cada vez que debía traspasar un reductor de velocidad porque de lo contrario se detenía el motor.

Fiscal pidió 10 años

Luego de valorarse toda la prueba, el representante del Ministerio Público Fiscal Gabriel Giordano sostuvo en sus alegatos la acusación, como así también la existencia de la picada que comprende también la conducta de Rozas. Por otro lado, consideró que pese a que ambos imputados no reconocen la carrera entre ellos, los testimonios de tres testigos fueron contundentes a la hora de afirmar que ambos autos disputaban una carrera callejera.

En cuanto a los dichos contradictorios de Merlo –amigo- de Rozas, quien adujo haber estado con éste paseando en su auto Renault 9 y que no corrieron picadas, ante esto Giordano solicitó la extracción de copias para impulsar la acción por la comisión del presunto delito de falso testimonio.

Tras sus fundamentos solicitó para Rozos la pena de tres años de prisión y el doble de inhabilitación especial para conducir autos en orden al delito de “Picadas Ilegales”. En tanto para Fernández pidió la pena de 10 años de prisión en orden al delito de: “homicidio simple con dolo eventual –dos hechos- en concurso ideal con lesiones graves en concurso real con Picadas Ilegales”.

Defensores

Por su parte el Dr. Carlos Muriete defensor de Fernández, rechazó la acusación por dolo eventual manifestando que no venían corriendo picadas y cuestionó lo dictaminado por el Licenciado Alonso en su pericia accidentologica, considerando que el mismo falseó los datos solicitando por ello su falso testimonio. Concluyó que la conducta de su pupilo debe encuadrarse en el homicidio culposo considerando una pena prudente de cuatro años de prisión.

En tanto la defensa de Rozas, entendió que no se pudo probar la existencia de una picada y por los dichos de las testigos presenciales no es posible determinar el concepto de “picada”, y frente ello, se reservó el derecho de instar la acción por falso testimonio. Concluyó que técnicamente fue imposible calcular la velocidad de los rodados y que tal imposibilidad no puede ser suplida por los dichos de testigos, dado que sus expresiones son subjetivas y ajenas a todo criterio objetivo de determinación y solicitó la absolución de su defendido.

Fundamentos del fallo

El miércoles, los jueces dieron a conocer el fallo de la Cámara en el que decidieron condenar a Matías Fernández a la pena de cuatro años por ser autor penalmente responsable del delito de: “Homicidio culposo -dos hechos-, lesiones culposas, todos en concurso ideal”

En sus fundamentos el presidente del Tribunal Oral, Joaquín Cabral entendió que no solo quedó probada la concurrencia del siniestro de tránsito, en el que perdió la vida María Paula Britez de 83 años y Calixta López de 46, y resultara con lesiones graves Raúl Stork, sino también la participación de Fernández en el hecho.

Una muerte trágica

Para ello, basó sus fundamentos en la autopsia realizada a Britez en la que se detalló que falleció producto de un politraumatismo en accidente de tránsito, especificando la forense Contreras que el fuerte impacto arrojó a Britez fuera del rodado, siendo el traumatismo más importantes el sufrido a nivel torácico con fractura de todos los arcos costales posteriores derecho e izquierdo, y arcos costales anteriores de segunda, tercera y cuarta costillas derechas, llamando la atención la separación completa que presenta en la columna dorsal a nivel de la unión de la cuarta y quinta vértebra, separándola en dos. También se comprobó hemorragia masiva en cavidades pleurales, traumatismo craneoencefálico, con hemorragia importante a nivel cerebral y cerebeloso.

En tanto en López, se estableció que su deceso se produjo por politraumatismos siendo el más destacado el sufrido a nivel toráxico abdominal y luego el traumatismo cráneo-encefálico. Se detectó gran sangrado a nivel de cavidades pleurales, con desgarro de pulmones, hígado y estallido de bazo y también, hemorragia peritoneal y a nivel del cerebro y cerebelo. En cuanto a Stork, sufrió grave traumatismo torácico con fractura costales anteriores y hemo neumotórax, siendo las lesiones de carácter grave lo que originó su derivación medica hospitalaria a la ciudad de Río Gallegos. Para Cabral estas consideraciones son las atinentes al hecho mismo del choque entre los autos involucrados.

En cuanto a la negación de los imputados de haber realizado entre ellos una picada y en el caso de Rozas, quien adujo haber visto a la camioneta delante de él, que iba rápido calculando unos 70 km/h, y que luego observó que había ocurrido un accidente en el cual estaba involucrada. Relato que es corroborado por el testigo Merlo quien acompañaba a Rozas en su auto cuando manifestó haber observado que dos cuerpos salían despedidos de un auto producto de un choque contra una camioneta que iba fuerte.

Pese a negar los imputados haber estado corriendo una picada, para el magistrado las pruebas reunidas en el juicio demostraron lo contrario, ya que sumamente convincente resultaron las imágenes registradas por las cámaras urbanas, que dan cuenta de la existencia de los rodados, es decir la camioneta y el auto, a la par al inicio de las secuencias de la filmación y luego circulando por la avenida a considerable velocidad traspasando a otros vehículos que lo hacían correctamente, pudiendo apreciarse, sobre todo en el caso particular de Fernández, maniobras peligrosas en lugares complicados que llevaron al luctuoso suceso.

Esta filmación se contempla con el informe técnico y pericia accidentologica elaboradas por el licenciado Alonso, donde se constataron rastros de frenada de la camioneta, lo que fue utilizado para realizar, junto con otros elementos de consideración técnica, el cálculo de velocidad de la misma, que según el experto, fue de 102,42 km/h como mínima probable desarrollada en una encrucijada donde la velocidad máxima establecida es de 30 km/h.

En su informe además, destacó que la prioridad de paso la tenía la camioneta y que conforme lo evidenciado en los antecedentes del siniestro los ocupantes del auto embestido no llevaban puestos los cinturones de seguridad.

Por otro lado, Cabral expuso que en el marco de los alegatos la defensa de Fernández solicitó la nulidad de la pericia llevada adelante por el licenciado Alonso, por entender que falseó datos objetivos y pidió se lo investigue por falso testimonio.

Lo que fue rechazado por Cabral por dos motivos, primero porque determinó que las pericias son trabajos técnicos desarrollados por profesionales o idóneos que dominan la materia y dada esa especialidad, descartando cualquier maniobra ilegal por parte del peritos, conclusiones que sólo pueden ser rebatidas por un especialista mediante otro informe profesional, y segundo porque la defensa de Fernández no fundamentó debidamente el pedido de falso testimonio del perito, oportunidad en la que debió puntualizar aquellas circunstancias que lo llevaron a afirmar la existencia de una supuesta conducta falsa y desleal por parte del profesional señalado. Todo esto se sostiene en los testimonios tomados en el día del hecho que advirtieron que los acusados corrían picadas.

Fueron estos los argumentos que le permitieron a Cabral tener por acreditada la “picada” o prueba de velocidad vehicular ilegal de la cual fueron participes los imputados.

Calificación legal

Por otro lado Cabral se baso en los informes realizados por la División de Delitos Complejos para sostener la calificación legal, el cual dice: “al llegar al reductor de velocidad interpuesto en intersección de Roca y San Martín, la camioneta, se adelanta y se posiciona a la altura del vehículo, siendo las 18:55:39 hs. Posterior a ello presurizan la marcha siendo las 18:55:42 hs y ambos recorren juntos, pasando Roca en dirección a Avenida Piedra Buena, de donde son perdidos por la cámara de seguridad urbana, siendo las 18:55:45 hs”. De este informe surgió que desde que ambos vehículos se colocaron a la par y son perdidos por la cámara, midieron sus velocidades, para ello, resta sólo ponderar los segundos que transcurrieron entre ambos momentos, contabilizándose escasos seis segundos.

Tras lo expuesto Cabral, calificó la conducta de Rozas como configurativa del delito de: “Picadas Ilegales” ilícito creado contra la seguridad del tránsito vehicular y que fuera sancionado a través de la Ley 26.362 que penaliza la conducta de practicar competencias de velocidad o de destreza con un auto poniendo en riesgo la vida o la integridad personal de una o más personas.

En cuanto a la calificación legal de la conducta de Fernández, entendió que al haber producido la muerte de dos personas y lesiones graves en otra, debido al choque que provocó conduciendo su camioneta a alta velocidad con el auto conducido por Stork, mientras se desplazaba sobre la Avenida principal de la localidad y en franco desafío midiendo velocidades con Rozas, por aplicación del principio de absorción de figuras delictivas, el delito de picadas ilegales quedará comprendido dentro del delito de: homicidio simple cometido con dolo eventual.

El magistrado para esta sentencia tomo como precedente el caso “Mareco” antecedente en el que sostuvo que la configuración del dolo eventual en ilícitos producidos en el tránsito, para que prospere, debe responder a índices que se relacionan con la psiquis y la conducta del agente debiéndose probar la existencia en el pleno intelectual de la previsibilidad y la eventualidad del resultado por parte del agente provocador quien debe mostrarse con una actitud indiferente frente a la probabilidad de producción del hecho.

Es por ello, que Cabral entendió que el delito de picadas ilegales imputado a Fernández se encuentra subsumido por el delito de Homicidio simple cometido con dolo eventual, por considerarlo el elemento subjetivo disparador de la conducta por la cual se lo debe condenar a la pena de 8 años de prisión en cumplimiento efectivo en orden al delito de: “Homicidio simple –dos hechos- en concurso ideal con lesiones graves, todo con dolo eventual”, y a Rozas a la pena de tres años en suspenso, más seis años de inhabilitación especial para conducir vehículos en el orden al delito de picadas ilegales.

Disintieron

Si bien, el fiscal solicitó una pena de 10 años y el Juez de 8 años, la Dra. Nuñez disintió respecto a la calificación jurídica de Fernández ya que entendió que la pobreza de la prueba reunida en autos y la ofrecida por el fiscal de juicio le permitió concluir por aplicación de sentido común y de conformidad a lo expuesto por los testigos, que el día del luctuoso hecho el imputado conducía su camioneta a una velocidad superior a la permitida. Según la pericia que se tiene como prueba, el mismo realiza una maniobra para esquivar el Corsa y que al momento de impactar la velocidad era de 76,91 km/h y momentos previos a aplicar el freno, la velocidad seria 102 km/h. Ello surge claro al apreciar los daños producidos en el auto embestido, los cuales deben valorarse teniendo presente la diferencia de tamaño de ambos rodados.

Para Nuñez la causa de este siniestro vial se debió al exceso de velocidad lo que le impidió a Fernández lograr el dominio del auto en el que transitaba, agregando que la muerte de las dos personas y las lesiones de Stork no pueden, ni debe medirse solo por el resultado, exigiendo que el Ministerio Fiscal extreme las medidas probatorias, a fin de que las mismas permitan con la certeza que se requiere en esta instancia, la reconstrucción histórica del suceso, y establecer con precisión cuál ha sido la verdadera participación de los acusados y su consecuente responsabilidad penal.

Respecto al dolo eventual, señaló que la mera circunstancia de circular a una alta velocidad violando conscientemente el deber de cuidado, confiado en su habilidad o destreza como conductor no resulta por si misma determinante de la existencia del dolo eventual, ya que para la Dra. Nuñez no se logró comprobar que Fernández haya sido consciente del riesgo, ya que lo asumió y no tuvo verdadera renuncia en la evitación del resultado, extremos que por cierto, no fueron acreditados.

En cuanto al delito de homicidio, indicó que consiste en poner fin a la vida de una persona, un ser humano, en aniquilar la vida de otro, y en esta causa han sido dos personas que perdieron la vida, siendo esta consecuencia no directamente querida por el imputado, aunque el mismo pudo haber aceptado el riesgo, al ser negado por éste no podemos asegurar que ello sea así.

Respecto a la conducta de Fernández, manifestó que debe ser tipificada como: “Homicidio culposo –dos hechos- lesiones culposas todas en concurso ideal”, resultando claro que su obra fue imprudente y también negligente conducir en exceso de velocidad por una Avenida muy transitada, en un vehículo de un porte superior, aceptó probar velocidad con Rozas, pero confió en sus habilidades creyendo que podía evitar cualquier resultado dañoso, su actitud ha sido negligente, “pero no existe prueba alguna que permita concluir que el mismo quería el resultado, muerte de dos personas y lesiones de otra”.

También disintió con Cabral respecto a la cantidad de pena que solicito para Fernández, teniendo para ello presente la corta edad del acusado, su instrucción, el daño efectivamente causado por su accionar, el que habiendo provocado el siniestro no obstante ello, se quedó en el lugar del hecho, ofreció disculpas a los familiares reconociendo su accionar culposo, es por ello que consideró que la pena justa a imponer es la de cuatro años de prisión en cumplimiento en efectivo e inhabilitación especial para conducir vehículos por el termino de 10 años.

Con respecto a la conducta de Rozas, señaló que imponer la pena por el delito de “Picadas ilegales”, al no tener antecedentes penales, la corta edad y si bien su conducta, ha sido temeraria al haber sido indiferente al peligro que generaba su accionar respecto de la integridad física de otras personas, sin embargo la pena justa debe ser la de dos años en suspenso y seis años de inhabilitación especial para conducir autos.

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