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20 de diciembre de 2016

Alicia Kirchner admitió que no puede pagar los salarios y pidió fondos al Gobierno nacional

El gobierno de la provincia de Santa Cruz, inhabilitado para obtener un préstamo en la banca internacional, autorizó a tres bancos íntimamente relacionados con el kirchnerismo, a ser “organizadores” de un empréstito de 1.500 millones de pesos. Es decir, estos bancos oficiarían de “tomadores” y tercerizarían la deuda. En las condiciones, la provincia abre todas las posibilidades ante las entidades que podrán cobrar lo que quieran con cargo al erario público.

El gobierno de la provincia, firmó un convenio con un “Organizador”, constituido por tres bancos K, ellos son Santa Cruz, San Juan(Ezkenasy) y Macro, para que éstos salgan a tomar un préstamo en su nombre, con condiciones que figuran en las distintas cláusulas que figuran en el documento .

Las irregularidades sobre este convenio, acechan, como en toda tramitación oficial que hace el kirchnerismo. No se ha podido encontrar la licitación, como correspondería en estos casos la cual tampoco fue publicada ni se ha podido dar con el llamado a concurso del denominado “Banco organizador”, aquella entidad que tiene a su cargo la búsqueda de los capitales que luego los triangularán con la provincia.

Como ya explicamos en otra nota, la autorización que obtuvo el gobierno del BCRA y que la gobernadora puso en primera plana parte de un estudio financiero que hace el Banco Central pero no constituyó una “autorización formal”, pero lo que sí importa y no está hasta el momento, es la autorización de Hacienda para realizar la captación de esta deuda, que por la Ley de Responsabilidad Fiscal, ya había adelantado que en estas condiciones no podría ser aprobada.

También dijimos que es una falacia, pensar que, como dijo Alicia Kirchner, con este crédito se pagará el aguinaldo, pues de acuerdo a la documentación que tenemos en nuestro poder, el gobierno recién se encuentra realizando los trámites previos. Esto ha levantado suspicacias sobre el origen de los fondos con los cuales se están pagando sueldos y aguinaldos e inclusive, fuentes reservadas del mismo sector de Economía de la provincia, aseguran que ese dinero “no habría pasado (y/o salido) de las cuentas públicas”.

El Anexo I “Condiciones del Empréstito” al que tuvimos acceso, consta de varias páginas, pero para resumir su contenido y analizar el mismo, vamos a fijar algunos conceptos más importantes como los siguientes:

Se fijan 11 puntos entre los cuales el gobierno establece, que el monto a endeudarse será de 1.500 millones de pesos o su equivalente en moneda extranjera; en el punto 3 establece que las garantías estarán otorgadas sobre las regalías hidrocarburíferas y/o mineras, ingresos provenientes de la coparticipación federal y el destino de los fondos los deja en total imprecisión resaltando que son todos aquellos autorizados por la ley 3479.

En el punto cinco fija como fecha de vencimiento final los 36 meses, contados a partir de la fecha de desembolso y detalla que “el crédito será cancelado a los prestamistas (SIC) en 9 cuotas trimestrales iguales y consecutivas teniendo como primer vencimiento del capital, a los 12 meses de producido el desembolso.

En el punto 7 del convenio Nº 0235 se fijan las condiciones para el caso de la cancelación anticipada y en el 8º se establece que los intereses serán pagados por trimestres a una pasa compensatoria “equivalente a la Tasa de Referencia más Margen Aplicable” y deja abierta la posibilidad de que ante cambios bruscos del Mercado, que modifiquen las condiciones de la operación, el mismo podrá ser modificado para adaptarse a las nuevas condiciones de ese mercado, reservándose la provincia el derecho de dar por terminada la propuesta en caso de no estar de acuerdo.

La provincia conforma un fondo en concepto de “Gastos Operativos” de hasta 370 mil pesos “para afrontar los gastos de la “Facilidad” y aclara que la provincia de Santa Cruz “sufragará todos los honorarios y comisiones razonables y debidamente documentados, relacionados con la instrumentación, otorgamiento, estructuración, desembolso y Ejecución de la “Facilidad”…” indica el documento.

En el último articulado, la provincia se hace cargo “de todos los impuestos tasas y contribuciones, imposiciones, cargas y/o gravámenes actuales y futuros, relacionados con el otorgamiento de “la facilidad” (empréstito) y/o la documentación correspondiente a los mismos y/o la propuesta y el respectivo pago de capital e intereses, incluyendo, sin limitación, los impuestos que en lo pertinente los Bancos deben retener, percibir o recaudar en virtud de sus deberes como agentes de retención, percepción o recaudación en el ámbito nacional, provincial y/o municipal. Todos los pagos serán efectuados netos de cualquier impuesto o gravamen”, indica el documento.

De esta manera el gobierno provincial le encarga a estos tres bancos (Santa Cruz, Macro y San Juan), que salgan a buscar fondos para una primera línea del empréstito. Las mismas fuentes de Economía, aseguran que esta operatoria es sospechosa y se encuentra teñida de mucha reserva, porque el gobierno no califica para obtener de manera directa un endeudamiento internacional o con bancos extranjeros y advierten que la banca más allegada al oficialismo, podría estar siendo la plataforma del gobierno de Alicia Kirchner, para “hacer aparecer fondos” cuyo verdadero origen será desconocido.


(Agencia OPI Santa Cruz)
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