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6 de febrero de 2017

“El gobierno quiere estigmatizar al empleado público para justificar los despidos”


Luis Avendaño, secretario general de Luz y Fuerza Cuenca Carbonífera, se refirió a la problemática que atraviesan los trabajadores desafectados de YCRT y repudió el accionar del Ejecutivo nacional por haber “programado un plan de ajuste que es ejecutado por el interventor Omar Zeidán”.





La crisis económica que vive el gobierno santacruceño afecta a los trabajadores de la administración pública, ya que no se puede pagar los sueldos en tiempo y forma. Al respecto, Avendaño indicó que “tenemos problemas con los afiliados que se desempeñan en las empresas del orden nacional y del provincial”. “En Santa Cruz, desde hace tiempo que venimos con retención de tareas por cobrar en forma fraccionada y fuera del término legal. Nos reunimos con delegados y compañeros de Servicios Públicos de ambas localidades y hablamos sobre las medidas que se están llevando a cabo y que seguramente se van a agudizar”, sostuvo.
Por otro lado, el secretario general local opinó sobre los reclamos que están realizando los trabajadores despedidos de YCRT en el ingreso a Río Turbio: “Hoy (por ayer) sacamos un comunicado en el que reflejamos nuestro apoyo a los compañeros que están en la ruta reclamando su reincorporación. Son parte de un plan de ajuste que programó el gobierno nacional y que, en la Cuenca, es ejecutado por el interventor Omar Zeidán. Estamos convencidos de que quieren estigmatizar al empleado público para justificar los despidos. Además, también presentamos una nota expresando nuestro descontento por la decisión de desvincular la Central Termoeléctrica de 240 mw de la órbita del yacimiento”.
Seguidamente, recordó que la Intersindical solicitó un encuentro con el responsable de la empresa para poder obtener más información sobre la situación de la misma y para llevar tranquilidad a los trabajadores. “No queremos que haya más despidos, que no se sigan recortando nuestros derechos. La prioridad es poner en marcha la empresa y, a partir de ahí, empezar a negociar. La denuncia de los convenios colectivos fue en una etapa totalmente desfavorable, de transición y con la empresa paralizada. Lo que tiene que hacer el interventor es poner en marcha el yacimiento de una vez por todas para convertir nuestro carbón en energía, en lugar de recortar derechos”, señaló.
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