Lo reconocieron el juez y la fiscal en un informe a la Nación. Coinciden en que las tareas fueron impedidas por los mapuches. “La pesquisa quedó trunca”, dicen.
Aunque apuntan a la responsabilidad de Gendarmería, no ofrecen una hipótesis consistente sobre cuál sería el origen de la desaparición forzada. Testigos débiles.
Tanto para el juez como para la fiscal, los mapuches impidieron completar los trabajos de búsqueda de Santiago Maldonado. En sendos informes elevados al ministerio de Justicia sobre las medidas adoptadas en la causa, el juez Guido Otranto y la fiscal Silvia Ávila confirmaron que, a casi un mes de la desaparición del joven, nunca pudieron ser completadas las tareas de rastrillaje en el territorio ocupado por la comunidad mapuche en el departamento de Cushamen, Chubut, por la negativa de sus miembros a que se ingrese a territorios considerados “espacios sagrados”. Los dos funcionarios tampoco ofrecen una hipótesis consistente acerca de cuál podría haber sido la suerte de Maldonado ni quienes serían los responsables. La causa está caratulada como “desaparición forzada” y permanece bajo secreto de sumario.

Los informes del juez y la fiscal están fechados en Esquel el lunes 28 de agosto y fueron remitidos en respuesta a un pedido del departamento de Asuntos Jurídicos del ministerio de Justicia. A su vez, responden a una solicitud de medidas cautelares en trámite ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Maldonado fue visto por testigos por última vez durante un operativo de desalojo de esas tierras por parte de la Gendarmería el 1º de agosto pasado.

“Se realizó en un primer momento un rastrillaje en el territorio ocupado por la Lof en Resistencia del Departamento de Cushamen, donde sólo se pudo realizar una búsqueda parcial (...) atento a la negativa de los miembros de la comunidad para extenderse en el territorio por considerarlo espacios sagrados. Finalmente, con fecha 16 de agosto se pudo realizar un rastrillaje un poco más exhaustivo, aunque no total”, dice el juez.

El informe de la fiscal Ávila avala el relato del juez Otranto. Dice que la tarea de rastrillaje “tuvo que ser suspendida ante la férrea oposición de la comunidad mapuche (...) La pesquisa quedó trunca. El allanamiento orientado a averiguar si el joven Maldonado pudo haber cruzado el río Chubut se vio frustrado por razones ajenas a la autoridad”.

Aunque la carátula de la causa es “desaparición forzada”, tanto en el informe del juez como en el de la fiscal, no aparece una hipótesis consistente acerca de cuál pudo haber sido la suerte de Maldonado, las causas de su desaparición ni mucho menos sus responsables. Aun cuando la fiscal sostiene que la investigación apuntó “a la obtención de elementos objetivos dirigidos a encontrar evidencia contra la Gendarmería Nacional”.

En un pasaje de su relato, la fiscal advierte que el “factor tiempo ha sido una variable que ha atravesado toda la pesquisa y los esfuerzos no han generado las respuestas inmediatas que necesita el señor Maldonado (...) Todos los relatos de los presentantes de los diferentes hábeas corpus que terminaron concentrándose procesalmente en una sola acción no arrojaban un hilo conductor (para) determinar lo que había acontecido y sus circunstancias”.

El informe de la fiscal hace foco en la debilidad de los testigos en el expediente. Habla de “múltiples testimonios mediáticos bajo anonimato”, que “nunca pudieron ser judicializados”. Y que dos de las tres prendas de Maldonado para las pesquisas “fueron entregadas por miembros de la comunidad mapuche que no quisieron identificarse”.

“El factor tiempo ha atravesado toda la pesquisa y los esfuerzos no han generado la respuesta inmediata necesaria”.
“Los múltiples testimonios que se realizaron mediáticamente bajo anonimato nunca pudieron ser judicializados”.
Silvia Ávila, fiscal federal subrogante de Esquel.
Axact

TNC

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