Bajo la consigna ¿Dónde está Santiago Maldonado?, la multitud que desbordó la Plaza de Mayo y se manifestó en gran parte de las plazas de todo el país volvió a poner en cuestión el rol de las fuerzas de seguridad durante el gobierno de Cambiemos.
Desde que Mauricio Macri designó a Patricia Bullrich como ministra de Seguridad, el oficialismo intentó desplegar un esquema propio en contraste con el que había heredado después de 12 años del kirchnerismo en el poder.
Cuestionada por decenas de miles de personas que se movilizaron este viernes, la ministra es el primer fusible que el Presidente podría hacer saltar si quisiera hacerse cargo de la responsabilidad que le cabe al Estado en la desaparición de Maldonado, hace ya más de un mes, y pasar de la negación a la acción.
Bullrich no debería irse sola sino junto a su mano derecha y delegado en el lugar de los hechos, Pablo Noceti. El jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad es un abogado que entre sus pergaminos más destacados acreditaba la defensa de represores de la última dictadura militar. Fue el encargado de propalar amenazas y el hostigamiento del Estado nacional contra el grupo Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) y de comandar en persona el operativo represivo el 1 de agosto pasado en Cushamen.


EL AMIGO DE NOCETI. Sin embargo, Noceti no estaba solo en su cruzada contra los mapuches. Contó con el respaldo del alto funcionario de la Policía de Seguridad Aeroportuaria Guillermo Frankerberger, promovido a comisionado general por el Presidente y su ministra en un acto en Casa Rosada en enero pasado.
Frankerberger trabajó durante años a las órdenes del kirchnerismo y siempre dejó conformes a los altos mandos. Pero se adaptó sin problemas a las directivas del macrismo a partir de diciembre de 2015. Tanto, que ahora es denunciado como el principal responsable de montar una estructura de inteligencia legal e ilegal en la Patagonia, continuidad del espionaje sobre los mapuches que, según comprobó la Justicia, se había iniciado durante los últimos años del kirchnerismo. Se los puede ver juntos en una foto del juicio de extradición contra Jones Huala en setiembre de 2016, que difundió la agencia de Esquel. Noceti mira a su derecha y el rubio Frankerberger habla por teléfono, detrás de los miembros de la comunidad mapuches.
Al lado de Noceti, hablando por teléfono, el PSA Guillermo Frankerberger.

En agosto de 2016, la Asociación de Abogados del Derecho Indígena denunció la participación de fuerzas federales en tareas de espionaje a la población en una carta que le envió al presidente Macri y al gobernador de Chubut, Mario Das Neves. No tuvieron más respuesta que la continuidad de los hostigamientos. Allí, denunciaron la presencia en Esquel del jefe de Gabinete de Bullrich.
En la entrevista con Radio Nacional de Esquel, Noceti apuntó contra el RAM y dijo que en cada una de sus acciones iban a ser “inmediatamente detenidos y judicializados”.
La actuación de Noceti y Frankerberger en Chubut parece dejar en off side al jefe de la Gendamería nacional, Gustavo José Otero, rescatado por el macrismo de la marginalidad a la que lo había confinado Sergio Berni durante el final del mandato kirchnerista, como parte de una purga general.

El jefe de la Gendarmería, Gustavo José Otero, repuesto por Macri en el alto mando de la fuerza.

Otero es el gran ausente en la historia de la desaparición de Santiago Maldonado. Responsable máximo de la fuerza acusada de secuestrar al joven artesano, no aparece ni brinda explicaciones sobre el caso, pero cuenta con todo el respaldo de la ministra. ¿Estaba al margen o fue parte de la estrategia que desembarcó en Chubut con Noceti y su amigo Frankerberger?
EL DESCONTROL. La pregunta que el Gobierno no puede responder es quién conduce a las fuerzas de seguridad desde que el macrismo llegó al poder.
Según dijeron a Letra P funcionarios del área de Seguridad de Cambiemos, Otero llegó a conocer al presidente Macri gracias a los oficios de uno de los hombres de su extrema confianza, que lo acompaña desde bastante antes de que llegara a la Casa Rosada. De perfil académico, buena relación con el amplio espectro de la política y el Congreso, no se destaca por ser un tropero con experiencia en el territorio. Todo lo contrario: es más bien un intelectual. En el oficialismo, lo señalan como oriundo de El Bolsón, lo cual indicaría que conoce bien al Escuadrón 35 y al territorio en el que Gendarmería actuó el día de la represión.
Desplazado por el ex supersecretario de Seguridad de Cristina Kirchner, estaba próximo a la jubilación cuando los amarillos lo devolvieron al lugar de mando. Tentado para ocupar un cargo de relevancia en una provincia, el actual jefe de Gendarmería prefirió quedarse en el llano antes que viajar y alejarse de su familia o tener que forzarla a desplazarse hacia una nueva vida.
Aunque era el número 3 de la fuerza y se lo mencionaba como el reemplazante natural de su adversario Enrique Zach, Otero estaba en situación de disponibilidad, sin destino ni funciones, cuando Bullrich lo designó. Su último puesto de relevancia había sido el de director nacional de Operaciones Logísticas. Hoy está al frente de la principal fuerza de seguridad, que cuenta con alrededor de 80 mil efectivos desplegados en todo el país.

A los pocos meses de asumir, Bullrich reemplazó a Omar Kannemann, el comandante general que Berni había nombrado seis meses antes de que Cristina dejara la presidencia. Enojado por la inacción de la Gendarmería ante un corte múltiple en los accesos a la la Capital Federal, Berni pasó a retiro a 20 comandantes generales y puso al frente a Kannemann, que quedó en el vértice de una pirámide donde no había otros de su rango, sino todos comandantes mayores. En ese grupo, estaba Otero.
Igual que sucedió en otras áreas, el ex secretario de Seguridad había relevado a la cúpula de la fuerza que encabezaba el comandante general Zach a partir de un supuesto que se demostró errado: el triunfo de Daniel Scioli en las elecciones presidenciales. En el manual de Berni, Kannemann contaba con la virtud de haberse iniciado en las fuerzas antitumultos.
Como sea, con Otero en Gendarmería y con el resto de los jefes de las fuerzas de seguridad avalados por el discurso del poder político, todo indica que vuelve la lógica histórica del autogobierno. Con un agravante de resultados impredecibles: el respaldo incondicional del Gobierno ante los delitos que cometen los uniformados en todo el país. Quedó demostrado esta semana con allanamientos en Córdoba, represión en la marcha por Maldonado en Buenos Aires y El Bolsón, la presencia de la Gendarmería en una escuela de Moreno, policías de la Ciudad en el Liceo 9 de Belgrano y el colegio Mariano Acosta.


AÑOS DE ESPIONAJE. La persecución de la ex SIDE a los mapuches no es nueva y registra antecedentes probados por lo menos desde principios de 2014. En una decisión trascendental que no tuvo casi difusión en los medios nacionales, en abril de 2016 el juez federal de Esquel Guido Otranto –ahora a cargo del caso Maldonado- procesó por hacer inteligencia sin orden judicial a un oficial de la Delegación Trelew de la Agencia Federal de Inteligencia durante los últimos años del kirchnerismo.
Otranto confirmó que el espía había llegado a la región el mismo día que comenzó la ocupación territorial en Leleque para espiar al Movimiento No a la Mina en Esquel y al RAM. El agente de la AFI admitió que hacía tareas en la zona desde por lo menos un año antes. Sacó fotos de los ocupantes, tomó los datos de los vehículos que llegaban al lugar, hizo averiguaciones y se involucró en la investigación de la Policía de Chubut para dar con el paradero de Facundo Jones Huala. Hace dos semanas, la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia confirmó ese procesamiento.
No sólo eso. En febrero de este año, el propio Otranto sumó otra decisión inédita: procesó sin prisión preventiva a dos policías y dos fiscales por violar la ley de inteligencia: el comisario Adrián Alejandro Muñoz y al oficial principal Claudio Alfredo Rodríguez, de la Policía provincial, y al fiscal general de la Circunscripción Esquel, Fernando Rivarola, y a la fiscal jefe del Ministerio Público de Chubut, María Bottini, “como autores del delito de haberse relacionado de manera prohibida con un integrante de la Agencia Federal de Inteligencia.
Ante los procesamientos, el último jefe de los espías de Cristina Kirchner, Oscar Parrilli, deslindó responsabilidades, negó cualquier directiva al agente que desembarcó en Trelew y se refirió a él como si fuera una patrulla perdida. Pero no supo informar a quién respondía el espionaje realizado durante su gestión.
El impulso de la acción penal había sido presentado por la fiscal a cargo de la Fiscalía Federal, Silvina Ávila, que acaba de firmar un informe que se convirtió en argumento principal del Gobierno nacional en el caso Santiago Maldonado, porque exculpa a la Gendarmería de cualquier responsabilidad en la desaparición del joven de 28 años.
Axact

TNC

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