RESUMEN DE PRENSA 07/09/17– MEDIOS DIGITALES

INTERNACIONALES
TEMAS DESTACADOS
A NIVEL REGIONAL
BRASIL La estatal petrolera Petrobras puso a la venta el 90% de su participación en la subsidiaria Transportadora
Associada de Gás en el marco de su programa desinversión para reducir su tamaño, informó la compañía.
Por otro lado, el procurador general, Rodrigo Janot, denunció a los expresidentes Lula da Silva y DilmaRousseff por
un supuesto delito de asociación ilícita en un caso relacionado con la trama corrupta destapada en el seno de
Petrobras.
HONDURAS Fabio Porfirio Lobo, hijo del expresidente Porfirio Lobo, fue sentenciado en un tribunal federal de Nueva
York a cumplir veinticuatro años de prisión por el delito de conspirar para importar cocaína desde su país a EE.UU.
GUATEMALA Una comisión de cinco diputados opositores será la responsable de investigar al presidente Jimmy
Morales y recomendar al pleno si este debe perder el fuero para ser investigado por financiación electoral ilícita
durante la campaña que lo llevó al poder en 2015.
A NIVEL INTERNACIONAL
EE.UU.Nueva York y otros estados anunciaron que presentarán demandas contra la decisión del presidente de
Trumpde poner fin a programa denominado DACA que otorgaba beneficios de protección para personas que
entraron al país como indocumentados siendo niños.
Por otra parte, Stanley Fischer, vicepresidente del banco central de EE.UU, renunció a su cargo alegando motivos
“personales”.
El presidente Donald Trump declaró el estado de emergencia en Puerto Rico, el estado de Florida y las islas Vírgenes
ante la llegada del huracán Irma, de categoría 5.
UEEl Tribunal de Justicia de la Unión Europea falló contra Hungría y Eslovaquia al rechazar los recursos que ambos
países presentaron contra la decisión del Consejo de la Unión de reubicar en dos años a 120.000 solicitantes de asilo
desde Grecia e Italia hacia otros Estados miembros.
ESPAÑAEl presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, pidió al Tribunal Constitucional que declare nulos y sin efecto los
acuerdos tomados en el Parlamento de Cataluña para tramitar la ley que regula el referéndum independentista
anunciado para el 1 de octubre.
RUSIAEl presidente Vladímir Putin y su homólogo surcoreano, Moon Jae-in, acordaron estrechar sus contactos para
el arreglo de los problemas en la península coreana, en medio de la escalada de las tensiones provocadas por los
ensayos nucleares de Corea del Norte.
AZERBAIYÁNSegún una investigación publicada por el periódico TheGuardian, la élite gobernante de Azerbaiyán
montó una trama secreta de 2.400 millones de euros para pagar a destacadas figuras europeas, comprar bienes de
lujo y blanquear dinero valiéndose de una red clandestina de empresas británicas.

NOTAS DESTACADAS
Así sufren los niños palestinos cuando Israel derriba sus colegios y sus casas
http://www.publico.es/internacional/conflicto-israeli-palestino-sufren-ninos-palestinos-israel-derribacolegios-casas.html
Las demoliciones de las infraestructuras han afectado desde enero a diciembre de 2016 a 909 personas, 366 adultas
y 543 menores. "La vida no tiene sentido, es completamente inútil vivir esta vida”, clama una damnificada de 21
años.
La oleada de demoliciones en Cisjordania y Jerusalén Este en 2016 por parte de Israel tiene un impacto negativo en
la salud de la población palestina, sobre todo en niños y niñas, cuyas consecuencias se pueden apreciar cada día. Así,
"tras las demoliciones, el alumnado se mostraba hiperactivo, con miedo, ansiedad, inseguro y se distraía fácilmente",
relata una profesora de un colegio, según recoge un informe elaborado por Médicos del Mundo.
El colegio, situado en Abu Nuwar -una comunidad beduina de Jerusalén Este donde la mitad de la población son
menores-, sufrió tres derribos parciales y varias confiscaciones de material escolar durante el pasado año. "En ocho
meses los niños y niñas de Abu Nuwar han visto cómo en tres ocasiones el ejército demolía parte de su colegio",
cuenta el informe. Ahora, apunta la ONG, la barbería del pueblo se ha convertido en el aula de algunos niños.

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Pese a ello, la orden de demolición del colegio sigue en pie y "las familias saben que es muy probable que el ejército
israelí regrese de nuevo al colegio para demoler las clases". Es más, "los niños y niñas viven con el temor constante
de que el ejército se presente a demoler su colegio mientras están en clase", aunque todas los derrumbes y
confiscaciones se produzcan de madrugada.
543 niños afectados
El caso del colegio de Abu Nuwar es uno de los 41 incidentes críticos que han tenido lugar en las las 39 comunidades
del Gobernorato de Jericó y Jerusalén Este con las que trabaja Médicos del Mundo. El derribo de las infraestructuras
ha afectado desde enero a diciembre de 2016 a 909 personas, 366 adultas y 543 niños y niñas.
El informe de la ONG, bajo el título La oleada de demoliciones en Cisjordania y Jerusalén Este en 2016 y su impacto
en la salud mental de la población palestina, hace hincapié en las "situaciones de inseguridad, incertidumbre y
estrés" que viven las familias palestinas desde el momento en el que reciben la orden de detención de los trabajos
(en ciertos casos) o de demolición, hasta que se lleva a cabo el derribo, un proceso suele durar incluso años.
"Ocurren en muchos casos a primera hora de la mañana. Las fuerzas de seguridad israelíes entran en la comunidad y
derriban y/o toman por la fuerza las estructuras objeto de derribo. Con frecuencia, las personas afectadas no tienen
tiempo de poner a salvo su ganado o pertenencias personales", expone la ONG.
A pesar del apoyo de las organizaciones o de las redes de apoyo familiares, estas soluciones pueden ser "una fuente
de inestabilidad y tensiones" dada la saturación de las casas de los parientes. Asimismo, los que se instalan en una
tienda o refugio, suelen sufrir una nueva confiscación por parte de las autoridades israelíes. Otros optan por
marcharse a otros lugares.
Por ello, esta oleada actual de demoliciones tiene "consecuencias psicosociales negativas" sobre las comunidades
afectadas, especialmente sobre las niñas y niños, que son muy vulnerables por su necesidad de seguridad y
protección. "La vida no tiene sentido, es completamente inútil vivir esta vida”, clama una joven de 21 años.
Protección y respeto de los derechos
Médicos del Mundo recuerda a la Unión Europea y a los 28 estados miembro que el desplazamiento forzoso de las
comunidades beduinas supone una violación del derecho humanitario internacional y de la Cuarta Convención de
Ginebra, la cual prohíbe el desplazamiento de civiles de un territorio ocupado.
Así, la ONG pide a la UE que "exija la protección y el respeto de los derechos de las comunidades beduinas" de
Cisjordania y Jerusalén Este por parte de las autoridades israelíes. También, la organización exige a la UE que aborde
el aumento de las demoliciones "como socio privilegiado de Israel".
Por último, demandan al Gobierno español que "reconozca de manera unilateral y sin condiciones previas el Estado
de Palestina", tal y como está recogido en la Proposición no de Ley sobre el reconocimiento del Estado de Palestina
de 9 de febrero de 2016.
2016, el año de las demoliciones
La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) -un organismo perteneciente a la ONU- indicó que las
autoridades israelíes derrumbaron o incautaron 1.089 propiedades palestinas durante 2016. Como consecuencia,
1.500 palestinos se tuvieron que desplazar, afectando los recursos de otras 7.000 personas. Se trata de la cifra más
alta desde que este organismo empezó a registrar estas prácticas irregulares en 2009.

Qué es DACA y qué efectos tiene que el gobierno de Trump haya revocado la política que ampara a
750.000 jóvenes indocumentados en Estados Unidos
http://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-41117654
El programa DACA ampara a más de 750.000 indocumentados en Estados Unidos.
Son más de 750.000 jóvenes cuyas vidas se verán impactadas por una decisión tomada el martes por el gobierno del
estadounidense Donald Trump.
El fiscal general del país, Jeff Sessions, anunció el fin de DACA, una política que protege de la deportación a ese
número de inmigrantes indocumentados conocidos como "dreamers" (soñadores), sobre la base de que entraron en
EE.UU. de forma ilegal cuando todavía eran niños.
Gobierno de Estados Unidos anuncia el fin de DACA, el programa que protege de la deportación a cientos de miles
de jóvenes inmigrantes
El programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por su sigla en inglés) fue implementado hace
cinco años por el gobierno del expresidente Barack Obama.
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Bajo dicha política, los beneficiarios reciben permisos de trabajo temporales, licencias de conducir y un número de
seguridad social.
No se aceptarán nuevas solicitudes para entrar al programa después del 5 de septiembre.
La mayoría de los adscritos al programa, el 76%, son de nacionalidad mexicana.
El joven mexicano con permiso de trabajo en EE.UU. en peligro de ser el primer "dreamer" deportado en la era
Trump
Cómo se preparan los latinos ante el plan de deportaciones de Trump en Estados Unidos
Quienes se oponen a DACA argumentan que este esquema supone una amnistía para los inmigrantes
indocumentados, que gracias al programa obtienen empleos que podrían ser aprovechados por estadounidenses o
inmigrantes con estatus legal.
“No me siento una víctima”: la respuesta de un dreamer a Trump ante la amenaza del fin del programa DACA que
protege a jóvenes indocumentados en EE.UU.
El presidente Trump asumió una dura postura contra la inmigración durante su campaña electoral de 2016 y dijo que
planeaba "terminar inmediatamente" la orden DACA de resultar elegido.
Sin embargo, desde entonces habló de que tomar una decisión sobre el tema era "muy, muy difícil".
Activistas, demócratas y miembros del propio partido Republicano de Trump insistieron en los días previos a la
decisión del martes en que DACA permaneciera vigente, aunque otros funcionarios presionaron para que lo
revocara.
Finalmente, el fiscal general Sessions justificó la controvertida decisión por considerar el decreto "un ejercicio
inconstitucional de autoridad por parte del Poder Ejecutivo".
¿Qué es DACA?
En junio de 2012, Obama estableció el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por su
sigla en inglés).
El programa acoge a más de 750.000 inmigrantes indocumentados, el 78% de nacionalidad mexicana.
Bajo este esquema, el gobierno acuerda "diferir" cualquier acción sobre el estatus migratorio por un periodo de dos
años, con posibilidad de renovación, a personas que llegaron a EE.UU. cuando eran niños.
Así, se congelan procesos de deportación y se facilitan permisos de trabajo y licencias de conducir para los
beneficiarios.
Se calcula que más de 750.000 inmigrantes indocumentados están adscritos al programa.
Para acogerse al mismo, debían:
Haber entrado en el país antes de cumplir los 16 años
Haber tenido menos de 31 años el 15 de junio de 2012
No haber tenido estatus legal migratorio en EE.UU. antes del 15 de junio de 2012
Haber residido continuamente en Estados Unidos desde el 15 de junio de 2007 y hasta la actualidad
Estar escolarizados o licenciados del ejército
No haber sido condenados por algún delito ni suponer una amenaza para la seguridad nacional
Este plan migratorio no ofrece un estatus legal permanente ni supone ningún paso para obtener la ciudadanía
estadounidense.
En qué consisten las nuevas directrices del gobierno de Donald Trump para deportar de EE.UU. a más
indocumentados
En noviembre de 2014, Obama intentó ampliar el programa para incluir a los inmigrantes indocumentados que
hubieran entrado en el país antes de 2010 y eliminar el requisito de los 31 años de edad.
Sin embargo, un fallo de un tribunal federal bloqueó estas últimas medidas.
El expresidente Barack Obama se pronunció el martes contra la medida en un largo comunicado subido a su página
de Facebook.
"Tomar como objetivo a jóvenes luchadores que crecieron aquí está mal, porque no han hecho nada malo", escribió
Obama, quien calificó la medida como cruel.
¿Cómo afecta esto a los 'Dreamers'?
No se aceptarán nuevas solicitudes para entrar al programa después del 5 de septiembre, informó el Departamento
de Seguridad Nacional (DHS, por su sigla en inglés) en un memorando publicado el martes.

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Este plan migratorio no ofrece un estatus legal permanente ni supone ningún paso para obtener la ciudadanía
estadounidense.
Sin embargo, los beneficiarios actuales de DACA no sufrirán cambios durante los próximos seis meses, el tiempo
designado al Congreso de Estados Unidos para que "entreguen soluciones legislativas apropiadas".
Los que cuentan con un permiso de trabajo vigente podrán conservarlo hasta que expire, mientras que aquellos
cuyos premisos vencen en menos de seis meses podrán renovarlos antes del 1 de octubre por un periodo de dos
años.
Es una decisión que yo tomaré y que es muy, muy difícil de tomar. Realmente entiendo la situación ahora".
Donald Trump, presidente de Estados Unidos, en una declaración de julio de 2017
¿Serán deportados?
Al perder los beneficios de DACA y si no llegase a haber una legislación aprobada en el Congreso en los próximos seis
meses, más de 750.000 personas perderían la protección de ser deportados con la que cuentan actualmente.
11 millones en riesgo y otras 4 cifras que muestran la magnitud de las nuevas medidas de deportación de personas
indocumentadas de Donald Trump
Los republicanos han luchado para acordar una reforma migratoria durante años, así que hay una fuerte posibilidad
de que DACA termine.
Alrededor de 1.000 beneficiarios de este esquema perderían sus empleos cada día hasta 2018, según estimaciones
del Centro para el Progreso Estadounidense (CAP, por su sigla en inglés) y de FWD, la fundación del presidente de
Facebook, Mark Zuckerberg.
Unos 10.000 estudiantes en 11 estados del país perderían a sus maestros si se cancela DACA, dijo Kathryn Phillips,
vocera de la organización Teach for America, al diario OC Register.
Muchos adscritos al esquema temen, además, que la información personal que entregaron al DHS para registrarse
en DACA pueda ser utilizada por las autoridades migratorias para agilizar los procesos de deportaciones en el futuro.
Estudiar en una institución universitaria también se volvería más dificultoso al no tener un estatus migratorio legal
en Estados Unidos.
Por este motivo, más de 500 universidades y centros de estudio superior firmaron una carta en marzo para pedirle a
la Casa Blanca que despejara la "nube de miedo"sobre los estudiantes indocumentados.
La Universidad de Harvard dio un paso más y contrató en enero a un abogado de inmigración que está en el campus
para resolver las dudas de los Dreamers.
La misma iniciativa fue replicada en otras prestigiosas instituciones como la Universidad de Columbia y la de Nueva
York.
¿Cómo justificó el gobierno de Trump acabar con el programa?
En un ataque directo contra la política impulsada por Obama, el fiscal general de EE.UU., Jeff Sessions, dijo que la
consideraba "un ejercicio inconstitucional de autoridad por parte del Poder Ejecutivo".
El presidente Trump ha dicho que tomar una decisión sobre DACA era "muy, muy difícil".
"Los efectos de esta amnistía ejecutiva unilateral, entre otras cosas, contribuyó al aumento del ingreso de menores
de edad en la frontera sur del país, lo que tuvo consecuencias humanitarias terribles.
"También les negó empleos a cientos de miles de estadounidenses al permitir que esos mismos inmigrantes
indocumentados ocuparan esos puestos de trabajo".
"La nación debe establecer un límite de cuántos inmigrantes admitimos cada año. No podemos admitir a todo aquel
que quiera venir, es así de simple", prosiguió Sessions.
¿Cómo reaccionaron quienes apoyan DACA?
En un comunicado, la líder de los demócratas en el Congreso, Nancy Pelosi, dijo que la decisión de revocar la política
era un "contundente golpe contra los jóvenes y brillantes Dreamers y todos aquellos que valoran el Sueño
Americano".
Pelosi urgió a los republicanos en el Congreso a que se unan a los demócratas para salvaguardar de inmediato a los
beneficiarios de DACA.
Ambar Pinto, que trabaja para la organización a favor de los inmigrantes United We Dream, estaba entre los que se
reunieron frente a la Casa Blanca el martes para protestar contra el anuncio.
El programa existe desde 2012.
"Soy indocumentada, no tengo miedo y aquí me quedo", dijo entre aplausos.
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Además de demócratas y activistas, unas de las voces más prominentes del Partido Republicano criticó la medida.
El presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, dijo que espera que el Congreso y el Senado puedan
encontrar consenso para dar con una solución permanente para los más de 750.000 jóvenes inmigrantes que
perderán los beneficios de DACA.
"Estos son chicos que no conocen otro país, están aquí porque los trajeron sus padres pero no conocen otro hogar",
aseguró el republicano Ryan.

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NACIONALES
PRINCIPALES TEMAS EN MEDIOS GRÁFICOS PORTEÑOS
AGENDA DISPERSA
Menos prioridad para el caso Maldonado aunque sigue con una alta visibilidad
Sólo Página y La Nación siguen enfocados en la investigación y, en ambos casos, tienen bajo la lupa la gestión del
Gobierno. El resto se dispersa: Clarín mira la huelga por las Low Cost, Ámbito anota la gestión de la AFIP y el tema
biodiesel regresa a la tapa de El Cronista. Gobernadores contra el Fondo del Conurbano y datos sobre el caso de la
denuncia de Nisman completan el escenario.
Desde su título central, La Nación consigna que “el Gobierno busca evitar que se expanda el caso Maldonado”. El
matutino rescata “acuerdos” de los mandatarios de Neuquén y Río Negro con el oficialismo “con la intención de
evitar un escenario de escalada de violencia”.
Para Página, en este sentido, el Gobierno parece querer “mirar para otro lado” luego que el fiscal Federico Delgado
abrió una causa por el delito de “encubrimiento” al presidente Mauricio Macri, al jefe de Gabinete, Marcos Peña, y a
la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ante la “actitud del Gobierno de desviar la investigación por la
desaparición forzada de Santiago Maldonado”, asegura el diario.
Por otra parte, Clarín se dispersa y da cuenta del “conflicto gremial” y de “una huelga salvaje por las “low cost”
generó caos en Aeroparque y Ezeiza” ya que, según edita, cinco gremios aeronáuticos “se oponen a que compitan las
líneas aéreas de bajo costo y ayer paralizaron 150 vuelos locales e internacionales”.
“Monotributo: AFIP presiona éxodo al régimen autónomo” así titula Ámbito para dar cuenta de la intención del
Gobierno ya que considera que “hay muy alto nivel de evasión” dentro del régimen de pequeños y medianos
contribuyentes.
Finalmente, El Cronista vuelve a poner la lupa sobre el tema biodiesel y señala que “luego del bloqueo de EE.UU,
Europa se apresta a reabrir su mercado al biodiesel argentino”.

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POLITICA
ELECCIONES 2017
P 12
Un ensayo de unidad peronista
Peronistas de distintas procedencias se reunieron en el cementerio de San Isidro en recuerdo a los 30 años de la
victoria electoral de Antonio Cafiero. El intendente de Tigre, el massista Julio Zamora, habló del peronismo unido.
El recuerdo de Antonio Cafiero –y su rango de figura canónica e indiscutida dentro del PJ– continúa funcionando
como factor aglutinante en el peronismo hoy fraccionado. Ayer, una conmemoración de los 30 años de la victoria de
Cafiero en la provincia de Buenos Aires reunió en el cementerio de San Isidro a intendentes electos por el Frente
para la Victoria y por el massismo, además dirigentes de La Cámpora.
En el espectro de intendentes había varios kirchneristas: Verónica Magario (La Matanza), Gustavo Menéndez
(Merlo), Leo Nardini (Malvinas Argentinas), Fernando Gray (Esteban Echeverría), Ariel Sujarchuk (Escobar) y Walter
Festa (Moreno). También estaban los peronistas Alberto Descalzo (Ituzaingó) y Santiago Maggiotti (Navarro), el
candidato a diputado y titular del PJ bonaerense de licencia Fernando Espinoza, las diputadas Cristina Alvarez
Rodríguez y Teresa García y el ex titular de la AFI Oscar Parrilli. Dirigentes de La Cámpora y Nuevo Encuentro como
los diputados Eduardo “Wado” De Pedro, Mayra Mendoza y Adrián Grana, el concejal de San Martín Hernán Lechter.
Obviamente, los hijos del homenajeado: el ex diputado Mario Cafiero y el candidato de Unidad Porteña Francisco
Cafiero. Pero, sin dudas, la atracción fue la participación del intendente de Tigre, el massista Julio Zamora, quien
llegó junto al diputado Horacio Alonso, el senador provincial Sebastián Galmarini, y sus padres Fernando “Pato”
Galmarini y Marcela Durrieu, dirigentes de San Isidro y suegros de Sergio Massa.
“Fui a un acto organizado por los intendentes del peronismo y la familia de Antonio Cafiero, una figura que
sobrepasa las facciones y fracturas del peronismo”, explicó Zamora su presencia en una actividad entre tantos
peronistas y kirchneristas. Zamora –dijo que lo había invitado Menéndez– habló durante la ceremonia. Esbozó la
idea del massismo para luego de las elecciones de octubre: la reconstrucción de un peronismo unido que consiga
superar “errores recientes” que derivaron en el triunfo de Cambiemos. Zamora posó luego en primera fila para las
fotos. No me fue el caso de Galmarini padre, quien se disgustó por la presencia de kirchneristas.
“Hay una conciencia de que hay que volver a juntarse, el peronismo tiene que unirse sí o sí en el 2019”, resumió el
espíritu del encuentro un intendente del PJ.

CLARÌN
El Gobierno busca apuntalar a Miguel Angel Pichetto como nexo con el PJ
En los últimos días, Miguel Pichetto visitó más la Casa Rosada que algunos ministros del Gabinete. El jefe de los
senadores peronistas llegó a la sede del Ejecutivo acompañando a cada uno de los gobernadores opositores a
Mauricio Macri que se sentaron con el ministro del Interior, Rogelio Frigerio. Estuvo con el sanjuanino Sergio Uñac,
el entrerriano Gustavo Bordet, la fueguina Rosana Bertone, el riojano Sergio Casas, el misionero Hugo Passalacqua y
el rionegrino Alberto Weretilneck.
En todos los casos, la presencia del rionegrino en las reuniones fue auspiciada por el propio Gobierno. Además de los
reclamos locales, en esos encuentros se manifestó la preocupación que genera en las provincias el reclamo de María
Eugenia Vidal ante la Corte Suprema para que Buenos Aires recupere el Fondo de Reparación del Conurbano, un
diferendo que podría resolverse tras las elecciones de octubre.
Con la promoción de Pichetto como interlocutor privilegiado con los gobernadores, el Gobierno busca dos cosas.
La más inmediata es que los acuerdos que anude el Ejecutivo nacional con los mandatarios provinciales tengan, en
caso de que sean necesarias, consecuencias parlamentarias. Macri ya vio demasiadas veces cómo se diluían en el
Congreso los pactos que él creía haber asegurado en reuniones con los jefes políticos de las provincias.
El senador cree que la oposición también tiene responsabilidades en la ejecución de políticas.
El otro objetivo oficial podría tener consecuencias de más largo plazo. El Gobierno juega a inyectarle anabólicos a
Pichetto para anticiparse a la ruptura que generará en el bloque del peronismo la llegada de Cristina Kirchner al
Senado en diciembre. Se sabe que la potencia con que regresará la ex presidenta a un recinto que conoce en detalle
dependerá del resultado de octubre: para ella no será lo mismo pararse en el bloque luego de derrotar al Gobierno
que golpear la puerta habiendo perdido la primera elección de su vida. Sea como sea, en la Casa Rosada esperan que
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el principal bloque del Senado se quiebre y que de un lado quede el kirchnerismo más duro y del otro un espacio
que represente a los gobernadores peronistas, conducido por Pichetto.
El rionegrino tiene, según ven en el peronismo, características únicas. Es el hombre más experimentado en las
negociaciones entre los bloques de la Cámara, por sus ojos pasaron todas las leyes votadas en los últimos 24
años (los 8 primeros en la Cámara de Diputados), está completamente dispuesto a impulsar proyectos que no son
propios y está en el techo de su carrera política. Este dato es el más importante para los gobernadores: Pichetto
nunca consiguió gobernar su provincia y tampoco controla el peronismo rionegrino. Eso lo convierte en capitán de
un equipo en el que nunca podrá jugar.
Macri habla casi invariablemente bien del jefe de bloque del FPV, quien suele medir cada crítica que le tira al
Presidente. El senador está cómodo poniendo en práctica una de las ideas que también mencionó alguna vez
Eduardo Duhalde y que puede ser una novedad absoluta para la política argentina: que la oposición también tiene
responsabilidades en el Ejecutivo, y más aún en gobiernos minoritarios como el de Cambiemos.

LA NACIÓN
Regularizan a 48.000 chicos indocumentados
Es un plan de la provincia de Buenos Aires para sumarlos a la Asignación Universal por Hijo
LA PLATA.- El gobierno de María Eugenia Vidal intentará regularizar a 48.000 alumnos indocumentados para
inscribirlos en el programa Asignación Universal por Hijo. La mayoría de estos pibes vive en el conurbano en
condiciones de vulnerabilidad. Por este motivo sus familias podrían cambiar radicalmente de situación económica al
acceder al beneficio social: cada familia podría percibir alrededor de 1400 pesos por niño inscripto.
Es decir, una familia tipo con tres hijos de pronto podría mejorar sus ingresos en casi 5000 pesos mensuales en
menos de un mes desde que se inscribe el DNI.
En realidad, son casi 90.000 los niños de esta provincia sin documento, sobre un total de 4,6 millones de chicos de
entre 1 y 17 años. En todo el territorio nacional hay casi 170.000 niños indocumentados.
Vidal pudo identificar a 48.000 de estos niños con nombre y apellido, mediante un censo escolar. Ahora, la
gobernación los irá a buscar en las escuelas adonde asisten los niños pese a no tener documento de identidad. "El 77
por ciento de ellos vive en el conurbano y tiene un vínculo directo con la pobreza", dijo a LA NACION la gobernadora.
"Les vamos a poner un auto a disposición para que puedan regularizar su situación", informó el ministro de gobierno
provincial, Joaquín de la Torre. La medida se terminó de definir ayer luego de la reunión de gabinete provincial. Y
será anunciada hoy.
Los menores de 12 años accederán a la partida de nacimiento en 5 días y al DNI en 15. Luego, en un mes tendrán
acceso a la AUH.
Es parte de la gestión de gobierno que busca fortalecer la gobernadora por fuera de las actividades de campaña
electoral.
Lo cierto es que, menos de 50 días antes de las elecciones, nada queda fuera del escrutinio de la opinión pública: los
48.000 pibes representan poco más del doble de los votos que le faltaron a Vidal en las PASO. Claro que la mayoría
de los beneficiarios, niños de entre 1 y 17 años, no votan. Pero sus padres sí lo hacen.
Fuera de toda especulación política, el eslogan interno de Cambiemos es "el candidato es la gestión". Y ahí se
focalizará Vidal en la recta final al 22 de octubre. Por empezar ya digitalizó las partidas de nacimiento de los
habitantes de esta provincia, que desde ahora pueden pedir ese documento y pagar su tramite vía Internet. Es un
avance sustancial para ahorrar tiempo y trámites en oficinas públicas.

CLARÍN
El viernes pasado, cerca de la marcha que pidió la aparición con vida de Santiago Maldonado, casi muere
asesinado uno de los mayores imputados en la denuncia sobre el pacto de Argentina con Irán. La que el 13 de enero
de 2015, cuatro días antes de morir por un balazo en la cabeza, había presentado a la Justicia Alberto Nisman, el
fiscal especial de la causa AMIA.
Fernando Esteche, ex líder de la agrupación Quebracho, quedó malherido por armas tumberas. Había sido señalado
por Nisman, y después por el fiscal que retomó el caso, Gerardo Pollicita, como uno de los autores del “plan
criminal” que buscó garantizar impunidad a ciudadanos iraníes acusados formalmente de haber participado en el
ataque de 1994 a la AMIA.
El hecho tiene un sentido político transparente e inmediato: la tentativa de homicidio sangriento ocurrió en la
semana que puede cambiar el futuro judicial de los imputados en la “causa Nisman”.
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No sólo el de Esteche: por primera vez, podría cambiar abruptamente la situación procesal de la ex Presidenta.
Es por un expediente surgido del ‘caso Nisman’, el que tienen otro fiscal y el juez Claudio Bonadio, pero que no lleva
en su carátula al muerto del verano de 2015, sino el nombre del crimen más grave del Código Penal: “Traición a la
Patria”.
Esteche será llamado a indagatoria junto con Cristina Fernández, Héctor Timerman y el dirigente piquetero y agente
proiraní Luis D’Elía.
¿Quién quizo matar a Esteche? ¿Por qué?
El viernes cívico por la tarde, a Esteche casi lo asesinan con cuchillos cuidadosamente improvisados, con facas, y con
azotes de rocas desprolijas. Caminaba –jamás marcha distraído, llegó al cruce de las calle Bernardo de Yrigoyen y
Avenida de Mayo.
Una esquina amplia, donde él mismo había liderado mil combates.
Donde nunca pensó que caería víctima de una trampa.
“Una emboscada”.
Una emboscada, en la calle, contra Esteche, el ex líder de Quebracho.
Uno de los cuadros políticos de base con mayor experiencia en la pelea callejera, en el cuerpo a cuerpo de la política
turbulenta, en el armar disturbios contra la policía.
Las dudas surgen no solo por el hecho en sí, gravísimo, temerario y repudiable. Sino por cuándo ocurrió
exactamente, cómo fue, quiénes intervinieron; sobre todo, por su desenlace aún incierto.
Clarín informó el lunes que Esteche no hizo la denuncia policial de tremendo ataque. También cuenta en su nota que
el ex dirigente de Quebracho eludió adrede la ayuda médica del salvador SAME. Escapó, se podría decir, como pudo.
Buscó un refugio.
Así como estaba, Esteche fue trasladado a una clínica en “territorio amigo”, lejos del lugar de la emboscada. Lo
atendieron en el distrito de Ensenada.
El intendente es uno de sus aliados políticos, Mario Secco. Lo atendieron, además, en una clínica que es propiedad
de un militante fiel de Quebracho.
De lo más llamativo resultaron las palabras que usó Esteche tras el ataque. Nunca dice palabras porque sí.
Primero, el agredido dejó trascender que sabía perfectamente quiénes eran sus atacantes: “Fueron compañeros
míos durante muchos años y hoy se han convertido en una pandilla vaya saber uno dirigidos con qué intención”.
Esteche dijo “dirigidos” e “intención”.
Y también había responsabilizado a sus atacantes quizás no tan repentinos ni improvisados de
ser “mercenarios” (alguien les habría pagado por ese trabajo sucio). Y dio una pista todavía más inquietante y sin
repuesta, aunque quizás sí la haya deslizado sabiendo a quiénes les hablaba. Jamás se le había oído decir a Esteche
que si le pasaba algo no deberían ser culpados “los servicios”, o “la policía”. Esta vez, a los acusados de potenciales
nuevos ataques contra él fueron llamado, simplemente, “ellos”.
Esteche fue imputado por Nisman en su denuncia por el Pacto con Irán basándose en conversaciones telefónicas
grabadas legalmente.
Esteche solía llamar al referente de la comunidad iraní en la Argentina, Jorge Khalil, a su vez subordinado del
acusado de ser la “cabeza” que planeó la voladura de la AMIA, el mayor ataque terrorista de la historia argentina.
En esos audios, Esteche es identificado como el verdadero redactor del texto del Pacto con Irán, que unos años antes
de la firma habían sido rechazado, pero que fue recuperado al momento de rubricarlo. Y también se develó en esas
escuchas que Quebracho recibía apoyo de Irán para operar como movimiento político y social en la Argentina.
Esteche describió que su ex agrupación había cambiado: “Ahora funcionan de otra manera”.
El llamado a indagatoria es el camino procesal lógico que ha de seguir la causa, y el que permitiría a los imputados
demostrar su inocencia presentándose como indagados en los tribunales.
Ayer, por ejemplo, otro de los personajes clave en esta historia, el ex canciller Héctor Timerman, pidió declarar de
forma espontánea para “aclarar los hechos”, según se supo que especificaba un escrito presentado por su abogado,
Alejandro Rúa.
En medio de un clima de violencia que no escapa a ese expediente judicial, con un primer fiscal muerto en
situaciones todavía no esclarecidas, se definirá también en el corto plazo otra variable que tiene que ver con la
misma causa marco, aunque sea tramitada por otro juez, Julián Ercolini, y por otro instructor, Jorge Taiano.
Se trata de un peritaje que realizó una fuerza de seguridad nacional que los K han gastado mucha energía en
involucrar en el caso Maldonado: la realizaron técnicos de la Gendarmería Nacional.
Fernando Esteche, uno de los principales imputados por el caso Nisman-Traición a la Patria, fue atacado por una
patota que intentó matarlo.
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Lo dice él. Aunque todavía no reveló quiénes eran.
En la Justicia y en el resto de los imputados de la causa, la noticia fue leída con temor. Y dudas.

SANTIAGO MALDONADO
CLARÍN
Caso Maldonado: Claudio Avruj dijo que "la hipótesis más fuerte" apunta a Gendamería, pero después
se corrigió
El secretario de Derechos Humanos de la Nación, Claudio Avruj, tuvo hoy dos opiniones diferentes sobre la hipótesis
que apunta a Gendarmería por la desaparición, el 1° de agosto pasado, del artesano Santiago Maldonado. Por la
mañana había admitido que la "hipótesis más fuerte" que había en torno al caso que conmueve a la Argentina era de
una responsabilidad de la fuerza de seguridad, pero, por la tarde, aclaró que, en realidad, se trataba esa alternativa
de "una" entre otras, a las que, de todos modos, no mencionó.
En diálogo con el periodista Marcelo Longobardi, en radio Mitre, el funcionario afirmó: "Nosotros sabemos que la
hipótesis más fuerte apunta a la Gendarmería, que es la que se tiene que verificar si realmente es responsable o no,
por esto tenemos que trabajar en todas las hipótesis".
Sin embargo, por la tarde, en Esquel, adonde viajó por instrucción del presidente Mauricio Macri para ponerse a
disposición de la Justicia, el secretario de Derechos Humanos salió a aclarar sus dichos: "La de Gendarmería es una
de las tantas hipótesis", dijo.
Las declaraciones en Radio Mitre
PERIODISTA: ¿Claudio no se apresuró el Gobierno al defender el papel de la Gendarmería?
AVRUJ: El Presidente lo dijo con claridad en la reunión de Gabinete de ayer con el Ministerio de Seguridad, con
Garavano, conmigo y con otros diputados: nosotros estamos en una etapa en la que tenemos que tener la verdad
como horizonte y hay que seguir los pasos de la Justicia. La información llega de las investigaciones (de la Justicia) y
hasta que no haya otro sentido, no podemos sacar conclusiones en otra dirección. Si algunos interpretan que el
Gobierno se adelantó o no (en defender a Gendarmería), es opinable. Lo que tenemos es la opinión de la fiscal y del
juez que no dan por cierto, fundamentado que sea la Gendarmería y nosotros sabemos que la hipótesis más fuerte
apunta a la Gendarmería, que es la que se tiene que verificar si realmente es responsable o no, por esto tenemos
que trabajar en todas las hipótesis.
Las declaraciones a TN en Esquel
PERIODISTA: Hoy hubo declaraciones suyas respecto de la Gendarmería, sobre las posibles hipótesis.
AVRUJ: Lo que dije hoy, para dejarlo bien en claro, es que son varias las hipótesis en las que la Justicia está
trabajando.Dentro de esas hipótesis, está la de la Gendarmería. Es una hipótesis que hoy caló en la opinión pública
de forma muy fuerte porque fue ligada directamente a los sucesos del levantamiento del corte de ruta. Pero es una
de las tantas hipótesis y hoy, entre los elementos que tenemos -que fueron dados en su momento a la opinión
pública- tanto de la fiscal como del juez, no hay ningún indicio cierto que la involucre. Pero esto es un tema que la
Justicia lo tiene que seguir avanzando.
PERIODISTA: ¿Cuáles son las otras hipótesis?
AVRUJ: Esto lo tiene el juez y yo no puedo hacer especulaciones. Solo ofrecer colaboración.
PERIODISTA: ¿Usted cree que la hipótesis de la Gendarmería es una más?
AVRUJ: En función de lo que tenemos hoy, de quienes investigan -que es la fiscal y el juez y los informes escritos por
ellos- es una de las tantas hipótesis. No se puede determinar que sea la hipótesis real y que tengan pruebas
contundentes hacia la Gendarmería.

INFOBAE
Claudio Avruj criticó al fiscal que investiga al Gobierno por el caso Maldonado: "Es cínico y
contradictorio"
El secretario de Derechos Humanos cuestionó la denuncia penal impulsada por Federico Delgado. Pidió "respetar los
tiempos" de la investigación y admitió que la causa "es una situación crítica para todos los argentinos"
El secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, calificó de "contradictoria y cínica" la denuncia presentada por el
fiscal Federico Delgado contra el Gobierno y la Gendarmería por "encubrimiento" en la desaparición de Santiago
Maldonado.
"Es contradictorio y una actitud cínica denunciar al Gobierno por encubrimiento, estamos brindando apoyo a la
Justicia, aportando información, trabajando con familiares", aseveró el funcionario.
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Además, en diálogo con TN, reiteró que "no descartan" a la Gendarmería como partícipe de la desaparición de
Maldonado porque "están todas las hipótesis" siendo investigadas. Al respecto, admitió: "Tiene que ser investigada.
Todas las denuncias los pone en el centro (a esa fuerza) porque todo esto sucedió por el levantamiento del corte de
la ruta".
Sería perverso usar el caso para provecho electoral
Por otro lado, Avruj habló sobre la actitud de la oposición a raíz de esta causa y consideró que "sería perverso usar el
caso para provecho electoral".
En ese sentido, pidió responsabilidad a la dirigencia política al considerar que "no se pueden tirar resultados al azar
porque puede causar mucho daño".
El secretario de Derechos Humanos viajó este miércoles junto al secretario de Justicia Santiago Otamendi, se
encuentra en Chubut con el objetivo de poner a disposición de quienes llevan adelante el caso la colaboración del
Estado nacional.
En diálogo con los medios tras la reunión con Otranto, Avruj dijo que su viaje a Esquel tiene que ver con "formalizar
el ofrecimiento (de colaboración) que habíamos hecho por mail la semana pasada".
Más temprano este miércoles, Avruj intentó reunirse con la familia de Maldonado, pero contó que los familiares del
joven desaparecido rechazaron la iniciativa: "Ofrecí reunirme en Esquel con el hermano y los familiares que están,
pero recibimos la negativa. Agradecieron la iniciativa, pero dijeron que no se van a reunir con nosotros en esta
oportunidad".

LA NACIÓN
Noceti: "Nunca hablé con quien comandó el operativo"
El jefe de Gabinete de Bullrich minimizó el mensaje que les dio a las fuerzas de seguridad antes de que desaparezca
Maldonado
El lunes 31 de julio, la noche previa a la desaparición de Santiago Maldonado, el jefe de gabinete de la ministra
Patricia Bullrich, Pablo Noceti, sentó a una misma mesa a los jefes de la Policía Federal, la Gendarmería y la
Prefectura de Río Negro y Chubut. Todos escucharon sus directivas: ordenó un cambio de metodología contra las
manifestaciones mapuches. Desde esa noche, este abogado penalista, de 51 años y acostumbrado al bajo perfil, fue
señalado como uno de los responsables de la desaparición de Maldonado por los querellantes, organismos de
derechos humanos, miembros de la comunidad mapuche y la propia familia del desaparecido.
"Sólo indiqué los lineamientos sobre cómo actuar ante casos de flagrancia durante la reunión del 31 de julio", explicó
Noceti, en diálogo con LA NACION. "Nunca hablé con quien comandó el operativo antes de que se iniciara y tampoco
hice ninguna referencia a ese operativo en particular", agregó.
Noceti, mano derecha de la ministra de Seguridad, pidió durante esa reunión que las fuerzas ya no esperaran la
orden del juez para actuar durante las manifestaciones mapuches. Que tomaran la iniciativa. La misma directiva
implementada en los distintos piquetes y otras manifestaciones en la ciudad de Buenos Aires.
Pero en el caso de las protestas mapuches, además, la intención de las fuerzas de seguridad era identificar a los
manifestantes para poder tener información sobre la agrupación Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) y otros
grupos afines. "Se mueven en la clandestinidad. Es la única forma de saber quiénes son los que apoyan sus
actividades", informaron fuentes policiales.
Noceti quedó en la mira de las querellas por una foto que lo muestra junto a miembros de la Gendarmería en la
banquina de la ruta nacional 40, en el lugar en que ocurrieron las protestas que finalmente terminaron con seis
manifestantes mapuches detenidos. Desde ese momento, Maldonado permanece desaparecido.
En el Ministerio de Seguridad aseguraron que Noceti estuvo "de paso" en el operativo. Alojado en Bariloche, el
funcionario viajó por la ruta 40 para reunirse con el juez federal de Esquel, Guido Otranto. Llegó -aclararon- cuando
la acción de la Gendarmería ya había terminado, después del mediodía. Pero mantuvo un diálogo con una
manifestante, que le reclamó que llevaba cuatro horas detenida, según pudo reconstruir LA NACION. Volvió a pasar
por la tarde -agregaron-, cuando sólo quedaban "trámites administrativos" para terminar el operativo.
"Tenía un vuelo para volverse esa misma noche. La ministra le pidió que se quedara para reunirse con el juez",
dijeron fuentes oficiales. Noceti sigue el conflicto prácticamente desde que asumió. A pesar de su conocimiento
sobre el tema y de los continuos viajes a la zona del conflicto, el funcionario sostiene que nunca escuchó nombrar a
Maldonado.
Pero, para la oposición, Noceti está bajo sospecha. Diputados opositores reclamaron que la ministra Bullrich ofrezca
explicaciones en el Congreso y le exigieron que remueva a su jefe de gabinete, al considerar que dirigió el operativo
que terminó con la desaparición de Maldonado.
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Cerca de la ministra confían en que los peritajes sobre los teléfonos de los gendarmes demuestren que no existieron
conversaciones previas entre los responsables del operativo y su jefe de gabinete. El celular de Noceti también es
investigado por la Justicia.
No es el primer tema sensible que le toca a Noceti. Fue fiscal ad hoc, conjuez y defensor oficial en la justicia criminal
federal de San Isidro. También trabajó en la justicia federal de San Martín y Bariloche. Ya como funcionario, tuvo que
negociar la extradición de Esteban Pérez Corradi. Los organismos de derechos humanos cuestionan sus supuestos
vínculos con la dictadura. Como abogado, Noceti defendió a militares en procesos por delitos de lesa humanidad,
antes de ser asesor legislativo de Bullrich. "El derecho a la defensa es también un derecho humano. Para todos", lo
defendieron.
Malestar de la familia con la fiscal
A más de un mes de la desaparición de Santiago Maldonado, sus familiares cuestionan la falta de avances de la fiscal
Silvina Ávila, quien investiga la causa y asegura que la relación con ellos es tensa. "Me encantaría saber por qué se
demoran las pruebas de ADN y me gustaría que en algún momento me reciba la fiscal", dijo a LA NACIONpmSergio
Maldonado, hermano del joven desaparecido. La abogada de la familia, Verónica Heredia, corroboró esta afirmación:
"La fiscal no solamente no informa de lo que pasa, sino que nos maltrata a través de su secretaria y a través de ella
misma, que se niega a recibirnos para que podamos saber qué hizo ella para encontrar a Santiago en estos días". De
todos modos, ambos mantienen la esperanza de que la causa avance.

CLARÌN
Los gobernadores de Río Negro y Neuquén prometieron ayudar en la búsqueda de Santiago Maldonado
El Gobierno los había llamado para involucrarlos en la búsqueda de Santiago Maldonado. Lo logró parcialmente. Los
mandatarios Omar Gutiérrez (Neuquén) y Alberto Weretilneck (Río Negro) expresaron en la Casa Rosada el
compromiso de colaborar con la investigación judicial y los rastrillajes, con las policías provinciales. Faltó a la
cita Mariano Arcioni, vicegobernador de Chubut y por la licencia de Mario Das Neves al frente del Ejecutivo con el
foco por este conflicto.
Patricia Bullrich -ministra de Seguridad-, Rogelio Frigerio -Interior- y su vice Sebastián García de Luca los recibieron
en el primer piso de la Casa Rosada. La reunión formó parte de las medidas que dispuso Mauricio Macri el martes,
con el objetivo de ejercer un rol más activo por parte del Gobierno, que incluyó el viaje de funcionarios a Esquel para
dar apoyo e información al juez federal Guido Otranto y la convocatoria a los mandatarios provinciales. “Ponemos a
disposición todas las herramientas que sean necesarias para alcanzar el objetivo de que aparezca con vida Santiago
Maldonado y para saber qué fue lo que pasó y cómo pasó”, dijo Gutiérrez a Clarín.
En la mirada de la Casa Rosada, los gobernadores y en especial Chubut habían tomado distancia del caso, para evitar
el costo político. “Lo venían mirando de lejos”, fue el cuestionamiento de un funcionario involucrado en el tema.
Incluso plantearon que Das Neves fue crítico con los grupos que provocaron destrozos en la Casa de la Provincia “son delincuentes que de mapuches no tienen nada”, había dicho- y que en hechos anteriores contó con asistencia
del Gobierno nacional. “Hasta ahí estábamos en sintonía”, marcaron la diferencia con sus posteriores declaraciones:
“Con la desaparición no tenemos nada que ver, son fuerzas nacionales y lo deberá resolver el Presidente con Patricia
Bullrich. Y espero que lo solucionen cuanto antes porque es un tema delicado”. Con el mismo objetivo Chubut se
presentó como querellante en la causa, ante los embates del Frente para la Victoria en la Legislatura local.
Arcioni alegó que le avisaron el martes por la noche y ya tenía agendada actividad en la provincia. En el Gobierno
consideran al vicegobernador asediado por las internas y sin suficiente poder político. “Ahora se nacionaliza, pero el
conflicto siempre está presente en la provincia”, marcaron en Balcarce 50. Aun con los pases de factura y la relación
tirante, buscarán retomar los contactos en las próximas horas.
Con Gutiérrez y Weretilneck, los mandatarios que asistieron, acordaron trabajar en conjunto con las fuerzas de
Seguridaden la búsqueda del artesano desaparecido y en la coordinación ante eventuales nuevos conflictos por las
tierras en disputa. "Se pusieron a disposición para cooperar en todo lo que sea necesario. Con ellos ya venimos
trabajando", dijeron en Nación. La Gendarmería permanecerá en la zona. “Ellos la necesitan y en ningún momento
analizamos retirarla”, contó uno de los asistentes.
En el comienzo de la reunión, Bullrich repasó las acciones del Gobierno en el caso, con las novedades del aumento
de la recompensa a $2.000.000 para quien aporte información y la decisión de avanzar con rastrillajes en la zona.
“Para sobrevolar el lugar o aumentar los operativos en rutas no es necesario una orden judicial”, aseguraron en el
Gobierno, y para el segundo punto pidieron la colaboración de las policías provinciales.

LA NACIÓN
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RESUMEN DE PRENSA 07/09/17– MEDIOS DIGITALES

En la causa no hay pruebas de que disparó Gendarmería
Así lo revelaron fuentes con acceso directo al expediente judicial
Joaquín Morales Solá sobre Maldonado: "El crisitnismo está detrás de las maniobras y operaciones con
Según fuentes de la investigación, en la causa no está acreditado que se hubieran utilizado balas 9 mm en el
procedimiento de ingreso al Lof. Tampoco existen otros testigos que hayan declarado que durante la madrugada la
Gendarmería efectuó disparos contra la comunidad. La fuente es también asertiva cuando explica que en su
declaración informal ante la Procuraduría Contra la Violencia Institucional Santana jamás mencionó que cruzó a
caballo el río, que utilizó binoculares para observar cómo era trasladado Maldonado de un móvil a otro y que
tampoco mencionó que le había prestado su campera celeste para no ser identificado por los gendarmes. Otras
fuentes con acceso al expediente contaron que la docente de Esquel Adriana Baigorria también incurrió "en una
larga lista de contradicciones". La docente dijo que conoció a Santiago durante una protesta frente a los tribunales
de Esquel el 29 de julio, a la que él había asistido encapuchado, y que culminó con disturbios, y que luego compartió
con miembros de la comunidad una cena en la casa de una mujer mayor, cuya identidad no reveló. Aseguró Baigorria
que ese día Maldonado usaba la campera celeste de Santana, pero luego se desdijo al describirlo con una parca
negra. "Es que no sé -finalizó la mujer- porque ellos se intercambian la ropa todo el tiempo".

CLARÍN
El mapuche que vio a Maldonado ahora dijo que perdió los binoculares
El mapuche Matías Santana se paró frente al juez Guido Otranto el martes pasado y le dijo: “Yo vi como a Santiago se
lo llevó Gendarmería”. Cuando le consultaron cómo lo vio, agregó: “Yo escapaba en mi caballo, subí a una loma y
desde ahí con unos binoculares vi cómo tres gendarmes le pegaban a un bulto que tenía una campera de color
celeste que yo le había prestado esa mañana”. Ayer en declaraciones radiales contó que esos binoculares los perdió
días más tarde cuando la Policía realizó un rastrillaje.
Santana, de 20 años, es uno de los cuatro integrantes de la comunidad mapuche que estuvieron presentes el 1 de
agosto y que declaró en el juzgado de Esquel el paso a paso de lo que vio ese día. Se sabía, sus palabras rebotaron
por todos lados y ayer el joven fue entrevistado en distintas radios. Uno de ellos fue Marcelo Longobardi quien
discutió muy fuerte con el mapuche.
Al minuto del reportaje, el miembro de la comunidad del Pu Lof acusó de realizar "preguntas cizañeras" al
conductor de radio Mitre. Lo que siguió después durante veinte minutos fue un diálogo tenso: “Mire señor si no
tiene ganas de hablar, no tengo ganas de estar aguantando a los medios de comunicación que intentan desinformar
a la gente", respondió ante la pregunta sobre la supuesta “militarización” del territorio en el que habita ahora la
comunidad.
En otra entrevista, Santana más detalles de cómo se perdieron los binoculares: “El día 17 de agosto cuando
ingresaron las fuerzas federales para realizar rastrillajes (en realidad el rastrillaje fue el 16 de agosto) a un integrante
de la comunidad, a un compañero se le pierden los binoculares".
Por otro lado, ayer se sumó el testimonio de la mapuche-tehuelche Susana Baigoria, que se presentó ante Otranto y
le relató que estuvo con Santiago Maldonado en una marcha en Esquel el 29 de julio y que sabía que el joven
artesano había desaparecido el 1 de agosto, cuando recorrió comisarías de la zona consultado si había
detenidos: “Todos me dijeron que no había nadie”.
La mujer, que participa de las ceremonias y que tiene contacto directo con las personas de la comunidad Pu Lof,
contó que no estuvo presente aquel 1 de agosto en el territorio mapuche porque cuando se enteró que
Gendarmería se acercaba al lugar, la ruta estaba cortada y no pudo ingresar: “Después de varias horas, cuando las
fuerzas se fueron, entramos. Ahí nos reunimos todos para saber cómo estábamos y entonces nos dimos cuenta que
faltaba uno”.
Susana, que además es docente, dijo que a Maldonado lo conocía en realidad como Santiago Peloso y que lo había
visto días antes, el 29 de julio, luego de una marcha en Esquel en favor de la liberación del lonko Facundo Jones
Huala: “Después de marchar nos juntamos y me llamó la atención atención el color blanco de su piel, la barba y sus
ojos. Cuando pregunté por él, me dijeron 'es un cumpa'”.
De vuelta sobre lo que cuenta que ocurrió aquel 1 de agosto, Baigorria detalla: “Cuando llego a la comunidad me
quedo en la guardia vieja, nos enteramos que los chicos están bien, hasta ese momento estábamos convencidos de
que estaban todos, pero cuando se retira Gendarmería, llegamos hasta la guardia nueva donde estaba el resto de la
gente de la Lof y al rato empezamos a tener noticias de que faltaba un cumpa”.

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Según declaró la mujer, luego de eso recorrió comisarías cercanas de Maitén, Epuyén, Esquel y consultó si tenían
alguna persona detenida por los hechos en la ruta 40: “Todos me respondieron que no tenían a nadie. A partir de ahí
empezamos a buscar a Santiago”.

LA NACIÓN
Delgado pidió investigar al Gobierno por encubrimiento
Hugo Alconada Mon anunció que en los próximos días aparecerán novedades sobre el caso Maldonado
El fiscal Federico Delgado pidió ayer investigar al gobierno de Mauricio Macri y a las autoridades de la Gendarmería
Nacional por encubrimiento de la desaparición de Santiago Maldonado. La presentación renueva la acusación por la
desaparición forzada y agrega la tesis de "un encubrimiento por parte de las autoridades públicas, la violación de los
deberes de funcionario público y abuso de autoridad".
Además, el fiscal le pidió al jefe de Gabinete, Marcos Peña, que informe de manera "urgente" qué tareas desplegó la
Gendarmería en la ruta 40 durante la jornada del 1° de agosto en la que desapareció Maldonado.
En el dictamen presentado ante el juez federal Rodolfo Canicoba Corral, Delgado reclamó que se pidan copias de
todo lo actuado en Esquel, y recomendó que el juez federal de esa ciudad, Guido Otranto, sea apartado de la causa
central.
Delgado impulsó, así, la denuncia que presentó la semana pasada la agrupación Liga Argentina de Derechos del
Hombre, en la cual se acusaba al presidente Macri y a los ministros de Seguridad, Patricia Bullrich, y de Justicia,
Germán Garavano, junto a responsables de la Gendarmería. Sin imputar directamente a ningún funcionario,
promovió la causa penal "para chequear la verosimilitud de la denuncia", que incluyó también a Peña y al jefe de
gabinete del Ministerio de Seguridad, Pablo Noceti.
Aumentan la recompensa a $ 2 millones
El Ministerio de Seguridad aumentó a $ 2 millones la recompensa para quien aporte "datos fehacientes" sobre el
paradero de Santiago Maldonado. Hasta ahora el ofrecimiento llegaba a la suma de $ 500.000.
Las personas que tengan datos deberán comunicarse telefónicamente con el Programa Nacional de Coordinación
para la Búsqueda de Personas Ordenada por la Justicia al teléfono 0800-555-5065. La recompensa se pagará "previo
informe del representante de la autoridad interviniente sobre el mérito de la información brindada, preservando la
identidad del aportante".

PERFIL
Para Avruj, la denuncia contra el Gobierno de Delgado por Maldonado es "cínica"
Acusó al Estado y Gendarmería por "encubrimiento" en la desaparición del joven militante de la causa mapuche.
El secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, calificó de "contradictoria y cínica" la denuncia presentada por el
fiscal Federico Delgado contra el Gobierno y la Gendarmería por "encubrimiento" en la desaparición de Santiago
Maldonado.
"Es contradictorio y una actitud cínica denunciar al Gobierno por encubrimiento, estamos brindando apoyo a la
Justicia, aportando información, trabajando con familiares", explicó el funcionario. En diálogo con TN, reiteró que
"no descartan" a la Gendarmería como partícipe de la desaparición de Maldonado porque "están todas las hipótesis"
siendo investigadas.
"No podemos decir que la Gendarmería no tiene nada que ver, tiene que ser investigada. Todas las denuncias los
pone en el centro (a esa fuerza) porque todo esto sucedió por el levantamiento del corte de la ruta", concluyó Avruj,
quien ayer se entrevistó en Esquel con el juez de la causa, Guido Otranto, para brindarle el "apoyo" del Gobierno en
la investigación.
En cuanto a las críticas al Gobierno del senador radical Ernesto Sanz, Avruj dijo no haberlas escuchado porque
"estaba viajando" desde Esquel, pero aclaró que "más allá de eso, es una situación crítica para todos, una
preocupación no solamente para los argentinos sino para todos los estamentos del Estado".
"Hoy estamos en una situación de apostar por la verdad; la sociedad sabe que no mentimos", sostuvo el funcionario,
y pidió "que no se use el caso para provecho electoral, sería perverso".

CLARÌN
Federico Pinedo cruzó a Ernesto Sanz por sus críticas por el caso Maldonado: "No se puede decir que el
Gobierno estaba mirando la Luna"
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RESUMEN DE PRENSA 07/09/17– MEDIOS DIGITALES

El presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, salió esta noche con dureza al cruce del dirigente radical y
fundador de Cambiemos Ernesto Sanz por las críticas que lanzó contra el Gobierno por la actuación de la Casa
Rosada frente a la desaparición del artesano Santiago Maldonado.
"No se puede decir que el gobierno estaba mirando la Luna. Eso no es verdad", respondió Pinedo, al ser consultado
por las palabras de Sanz, en el programa A Dos Voces, de la señal Todo Noticias, que conducen los
periodistas Marcelo Bonelli y Edgardo Alfano. La reacción de Pinedo se produjo luego de que trascendieran hoy
duras declaraciones del líder radical.
Para Ernesto Sanz, "durante el primer tiempo" del caso Maldonado "sólo estuvo el tema en el Ministerio de
Seguridad. Hoy, con el diario del lunes, sabemos que acá hubo algún error de comunicación o de manejo. Debió
haber habido un involucramiento mucho más fuerte de la Casa Rosada".
Según Pinedo, "no es verdad y todo el mundo lo sabe" que el Gobierno estuvo involucrado, y recordó su propia
experiencia y lo que hizo la ministra Patricia Bullrich desde el inicio del caso: "Estuve en el Senado con la ministra
hace bastantes días ya y ella dijo lo contrario a lo que dicen que dijo. Ella planteó que no hay ninguna hipótesis que
nosotros digamos que no puede ser, incluida la de Gendarmería".
"¿Pudo haber abuso de poder de Gendarmería? Puede haber habido, lo vamos a investigar, porque nosotros no
apañamos a nadie, no encubrimos a nadie, no protegemos a nadie, los delincuentes tienen que pagar si cometieron
un delito, sean gendarmes, políticos o lo que fueran. Eso dijo el gobierno, porque Patricia Bullrich es ministra de este
Gobierno, no es un fantasma".
El presidente provisional del Senado insistió con que el propio Macri mantuvo reuniones con la ministra Bullirch, con
Germán Garavano, ministro de Justicia; y con otros funcionarios de su gabinete "siguiendo la investigación" y dando
instrucciones para asistir a la Justicia en la búsqueda de Maldonado.
"Se pueden cometer errores, porque no se sabe qué pasó y no hay pruebas que digan" que a Maldonado fue víctima
de una desaparición forzada, aseguró Federico Pinedo y agregó: "Se busca por un lado, puede haber un error y se
busca por otro". Por último, el dirigente macrista reconoció que "la posibilidad de que haya desaparición forzada es
la más grave y por eso lo encabeza la investigación judicial, y eso es lo que debe ser. La principal obligación que tiene
es determinar si fue o no".
LA NACIÓN
A Bullrich le pidieron que baje el perfil y se concentre en el caso
Luego de semanas de alta exposición, acató las directivas del jefe de Gabinete; Peña y Avruj, voceros
La embestida opositora la obligó a abandonar su acostumbrado alto perfil, un hecho casi inédito en sus más de tres
décadas de carrera política. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich , está en el ojo de la tormenta luego de su
encendida defensa del rol de la Gendarmería, y su "inocencia" en la desaparición del joven artesano Santiago
Maldonado, convertido hoy en tema excluyente de la agenda pública y preocupación principal del presidente
Mauricio Macri.
Con la intención de "protegerla" y evitar que continúe la escalada mediática en torno del caso y en su contra, el
Gobierno decidió que sean otros -el jefe de Gabinete, Marcos Peña; el ministro del Interior, Rogelio Frigerio; su par
de Justicia, Germán Garavano, y el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj- los voceros del Gobierno sobre
el caso que conmueve al país.
"Hay que enfocarse en la causa judicial y evitar la discusión política. Con Patricia como vocera, esa discusión política
es inevitable", afirmaron ayer cerca de Peña, quien fue, según coinciden en Balcarce 50, quien recomendó a Bullrich
mantenerse en silencio luego de varias semanas de altísima exposición en torno del un caso que la oposición puso en
el centro de sus prioridades.
Más notas para entender este tema
Anteayer, en el Salón Evita, el Presidente encabezó una reunión de seguimiento del Ministerio de Seguridad
ampliado con un único tema: el caso Maldonado. Allí, según pudo saber LA NACION, la propia ministra Bullrich
planteó la necesidad de salir de la primera línea de batalla mediática y concentrarse en el trabajo que permita dar
con el paradero del tatuador. "Ella es muy orgánica. Y coincidimos en el diagnóstico", respondió un funcionario.
"Tiene que trabajar, ¿qué sentido tiene que hable ahora? Patricia está trabajando, en acción, fue ella la que llevó la
voz cantante en la reunión con los gobernadores y está a la cabeza. Que no hable con los medios es otra cosa",
afirmaron ayer en otro ministerio importante, donde confirmaron el cambio de estrategia.
El propio Macri, Peña, Frigerio y Avruj, quien viajó a Chubut a ver a los jueces y la familia de Maldonado, se
enfrentaron ayer a la andanada de críticas del kirchnerismo, 1 País y la izquierda, dentro y fuera del Congreso. Avruj
y Garavano también se sumaron al respaldo, luego de los dichos de opositores, que hablaban de desavenencias
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entre Seguridad y Justicia en torno del rol de Gendarmería en la protesta de los mapuches del 1° de agosto, a la que
supuestamente concurrió Maldonado y donde, según sus familiares, habría sido detenido por miembros de esa
fuerza.
La "organicidad" de la ex ministra de Trabajo de la Alianza y fundadora de Unión por Todos es total y nadie la pone
en duda. Desde su aparición televisiva, el miércoles pasado en TN, no volvió a dar entrevistas. Podría darse una
excepción el próximo domingo, también en formato televisivo, siempre con la venia del jefe de Gabinete. Había sido
citada para el lunes próximo por la Comisión Bicameral de Fiscalización de Órganos y Actividades de Seguridad
Interior, que preside Sergio Massa, y quería ir. Pero la decisión del Gobierno fue la contraria y declinó la invitación, o
al menos eso dejaron trascender la Casa Rosada y referentes del oficialismo en el Congreso.
¿Su silencio transitorio es un castigo por sus dichos sobre la inocencia de la Gendarmería? "Para nada, va a seguir en
su puesto, el Presidente la quiere y la respalda", contestaron desde un importante despacho.
"Sacarla ahora sería darle la razón a la oposición, y claramente no la tiene en este caso. Que haya sido la
Gendarmería es una de las hipótesis, hay muchas otras y hay que dejar que la Justicia trabaje", afirmó un vocero
gubernamental. Otro funcionario la emprendió contra el kirchnerismo y las huestes de Sergio Massa, quienes "no
han tenido un mínimo de responsabilidad, usan este tema políticamente porque no pueden hablar de una economía
que crece", se enojaron en un despacho oficial.

LA NACIÓN
La Policía negó haber hecho un parte de inteligencia
Es un texto incorporado en el expediente del caso Maldonado que apuntaba a la Gendarmería
El Ministerio de Seguridad informó que "la Policía Federal Argentina desmiente enfáticamente la veracidad de un
supuesto informe de inteligencia que se le atribuye sobre el caso Maldonado".
"La gravedad del hecho implica la comisión de un grave ilícito de acción pública por falsificación de documento
público, al emplearse supuestas reproducciones de sellos oficiales", señaló el comunicado de la cartera de Seguridad.
Sostuvo además que "acciones como éstas afectan profundamente el prestigio institucional y entorpecen el avance
en el esclarecimiento de los hechos, motivo por el cual la Policía Federal Argentina realizará la correspondiente
denuncia penal".
El papel llegó a la causa por dos vías: por un lado, arribó a la Procuración contra la Violencia Institucional (Procuvin)
cuando lo aportó el legislador Gustavo Vera, que dijo que le llegó como un anónimo.
Hugo Alconada Mon anunció que en los próximos días aparecerán novedades sobre el caso Maldonado
Paralelamente, el mismo papel fue entregado por desconocidos en la fiscalía de Esquel, a cargo de Silvina Ávila. Vera
confirmó ayer a LA NACION que recibió ese documento y lo judicializó de inmediato.
El papel tiene la diagramación y el lenguaje de un parte policial de inteligencia, con un encabezado que describe el
origen, el destinatario, el asunto y narra los sucesos. Además, tiene sellos que dicen Policía Federal, pero que la
fuerza desmintió como propios.
Por eso, la PF presentó una denuncia penal por falsificación.
El papel menciona que Santiago Maldonado fue secuestrado por un grupo de gendarmes el 31 de julio, un día antes
del corte de la ruta 40 dispersado por la Gendarmería en Chubut, cerca de donde está instalada la comunidad
Cushamen.
Este supuesto parte menciona que los gendarmes lo golpearon.
Y agrega que esa golpiza terminó con la muerte de Santiago Maldonado y que para ocultar el cadáver lo enterraron
en un lugar en la frontera entre Chile y la Argentina.
Esta versión se contradice con lo afirmado por testigos de la comunidad mapuche que dijeron que Santiago
Maldonado había participado en el corte de la ruta 40 el primero de agosto.

LA NACIÓN
Preocupa al Gobierno la instalación de pruebas falsas
Cerca de Macri miran con sospecha la acción del CELS y la Procuvin; Avruj y Otamendi se reunieron con el juez y la
fiscal
El Gobierno mira con preocupación todo lo que ocurre alrededor de la causa judicial que investiga la desaparición de
Santiago Maldonado. Cerca del presidente Mauricio Macri crece la sospecha de que hay interesados en desviar la
investigación con pistas falsas y que incluso algunos de los testimonios que se presentaron estarían armados.
Aunque no hay un señalamiento directo, fuentes oficiales confirmaron que la desconfianza se posa sobre el trabajo
que lleva adelante el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que preside Horacio Verbitsky, uno de los
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querellantes de la causa. En el radar del Gobierno también aparece la acción que está llevando adelante la
Procuraduría contra la Violencia Institucional (Procuvin), fiscalía de muy buena sintonía con la procuradora general
de la Nación, Alejandra Gils Carbó, enemiga número uno del Presidente.
Más notas para entender este tema
"Hay una arremetida desenfrenada para instalar pruebas falsas", describió un integrante del gabinete que está al
tanto de cada detalle de la investigación.
Según pudo saber LA NACION, a los investigadores les llamó la atención el vocabulario que utilizaron algunos de los
testigos. "Nos dio la impresión de que están preparados, aunque no los descartamos", sostuvo un hombre que
conoce el contenido de los dos expedientes, el habeas corpus y el caratulado como desaparición forzada.
Ayer, el juez federal de Esquel, Guido Otranto, y la fiscal federal Silvina Ávila les confirmaron a los representantes del
Gobierno -el secretario de Derechos Humanos,Claudio Avruj , y al secretario de Justicia, Santiago Otamendi- que aún
no hay en el expediente que lleva adelante pruebas de peso que relacionen a la Gendarmería con la desaparición de
Santiago Maldonado.
La falta de indicios y certezas sobre el comportamiento de los gendarmes que participaron de la represión de los
manifestantes que se movilizaron el 1° de agosto -hasta el momento esa hipótesis se sostiene en los testimonios que
aportaron testigos en los últimos días-, entre los que se habría encontrado Maldonado, no implica que esa fuerza de
seguridad no haya tenido responsabilidad sobre el hecho.
"Están todas las hipótesis abiertas y dentro de ellas está la de la Gendarmería, pero es una de las tantas hipótesis. No
hay ningún indicio concreto", explicó Avruj tras reunirse con el magistrado. Y agregó: "No hay ningún encubrimiento,
estamos poniendo todo en favor de la investigación".
Según confirmaron testigos del encuentro, el juez agradeció la asistencia, aunque por el momento no utilizará
ninguna de las herramientas que le presentaron el Ministerio de Seguridad, como por ejemplo el programa de
protección de testigos. Otranto también reconoció al Gobierno la aplicación de la ley de asistencia a la víctima. El
ministerio a cargo de Germán Garavano se está haciendo cargo de algunos gastos inherentes a investigadores que
están ayudando a la querella de la familia.
"Estamos poniendo todo en favor de la investigación y vamos a seguir ofreciendo toda la colaboración. Hay un
interés supremo del Gobierno por encontrar a Santiago y saber qué pasó. Acá no hay ninguna especulación posible y
ningún encubrimiento posible", resaltó Avruj.
Una de las preocupaciones de Mauricio Macri tiene que ver con la falta de respuesta. En ese sentido, el juez Otranto
les comunicó a los enviados del Presidente que esta pesquisa está en los tiempos normales para un expediente de
estas características. Y avisó que no tendrá una rápida resolución.
"Es una causa delicada de largo aliento", les dijo el funcionario judicial a Avruj y Otamendi.
El juez, que no ordenó todavía nuevos allanamientos ni rastrillajes, también le pidió colaboración al Gobierno para
concientizar a aquellos que puedan aportar datos de que se acerquen a la Justicia. "Necesita recoger más
testimonios", explicaron fuentes oficiales.
Preocupado por las implicancias jurídicas, políticas y sociales que está generando la desaparición de Maldonado,
Macri envió a Avruj y a Otamendi para facilitarle al juez herramientas que permitan dilucidar qué sucedió con el
joven artesano. Lo hizo como un gesto para mostrar que el Gobierno está "al servicio" de la Justicia.
Incrementan la recompensa por los datos
Ante la falta de información sobre el paradero de Santiago Maldonado, el Gobierno decidió aumentar a 2.000.000 de
pesos la recompensa para quien aporte datos certeros sobre el joven, cuyo paradero se desconoce desde el 1° de
agosto.
El 8 de agosto, una semana después de que desapareció el joven tras un procedimiento de la Gendarmería para
desalojar una protesta mapuche en la ruta 40, en Chubut, el Gobierno dispuso a través de la resolución 801-E/2017
una recompensa de $ 500.000 para quien aporte datos que permitan encontrar a Maldonado. La resolución había
sido firmada por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien ahora resolvió incrementar el monto de la
recompensa.

MOVIMIENTOS SOCIALES: EMERGENCIA ALIMENTARIA
CLARÌN
Organizaciones sociales levantaron la protesta prevista para hoy
Líderes piqueteros se reunirán con los ministros de Desarrollo Social y Trabajo para seguir negociando.
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Tregua entre los movimientos sociales y el Gobierno: en el día de ayer se juntaron segundas líneas para allanar el
camino hacia la reunión que hoy tendrán los dirigentes de Barrios de Pie, la Confederación Trabajadores de la
Economía Popular (CTEP) y la Corriente Clasista Combativa (CCC) con los ministros Carolina Stanley (Desarrollo
Social), Jorge Triaca (Trabajo) y el vicejefe de Gabinete, Mario Quintana. También se sumará el obispo Fernando
Maletti. Será a las 13 en la cartera que conduce la ministra.
El tema por la ejecución plena del presupuesto asignado a la Emergencia Social venía muy trabado desde el viernes
pasado cuando se culminó una reunión sin avances. Aunque nunca se cortaron las comunicaciones informales, en el
medio hubo amenaza de "las Orgas" de armar en el día de hoy una "jornada de visibilización de la pobreza" que
incluía el pedido de donación de alimentos a los supermercados. En el clima de violencia callejera imperante en el
país, el Gobierno buscó desarticular el reclamo, algo que se logró. Los jefes de las agrupaciones decían a la par: "Nos
empujan a la calle porque el Gobierno se siente cómodo en esa posición luego de las elecciones".
¿Qué estuvo en la mesa discusión de ayer, y que también estará en la de hoy? La ejecución presupuestaria de la Ley
de Emergencia Social votada en diciembre pasado y que estipula una inyección de $ 30 mil millones hasta diciembre
de 2019 (la letra fría de la normativa fija $ 25 mil millones extendibles a $ 30 mil millones si se agota esa primera
cifra antes de esa fecha). Las organizaciones dicen que de lo presupuestado para 2017, el Gobierno no llegó ni al 40%
de ejecución. La Casa Rosada, en cambio, dice que ya invirtió más del 70% y que, de continuar a este ritmo.
¿Por qué la diferencia? El tridente de San Cayetano (tal como se los conoce también), alega que "el Gobierno metió
de prepo planes que ya tenían su presupuesto asignado dentro de la Emergencia Social con la finalidad de ahorrar.
Lo que se discutió hoy es que todo lo que se sume a la Emergencia es adicional a los planes existentes". Desde el
Gobierno no dieron por perdida la pelea y dijeron a este diario que "se discutió que está dentro de la Emergencia y
qué no", como mostrando que se llegó a una negociación. "No era lo que ninguno de los dos decíamos", resumen
hablando de los porcentajes de ejecución.
Pero la discusión no pasa solamente por los planes sociales; sino que también se acordó ayer hacer un relevamiento
de las unidades productivas, como pueden ser las huertas o espacios de reciclados, para ver qué inversiones de
maquinarias necesitan para mejorar la productividad.
Otro punto que sí lograron a favor los movimientos sociales es que hoy se llevaron la promesa de armar una mesa de
trabajo con legisladores y funcionarios de Desarrollo Social para abordar el tema de la Emergencia Alimentaria.
Recordar sobre este punto que "las Orgas" presentaron un proyecto de ley que el oficialismo en el Congreso rechaza
tratar. El borrador, que cuenta con el apoyo de la oposición, exhorta al Gobierno a aportar un refuerzo
presupuestario a los ministerios de Desarrollo Social y Educación de $ 10 mil millones para destinar a reforzar las
raciones de comidas en comedores escolares y populares.

INFOBAE
En medio de una tregua, el Gobierno recibirá a los movimientos sociales
Los ministros de Trabajo y Desarrollo Social, Jorge Triaca y Carolina Stanley, se reunirán con los referentes de grupos
piqueteros para revisar el presupuesto de la emergencia social
El Gobierno mantendrá hoy desde las 13 una reunión clave para mantener la calma en las organizaciones sociales y
evitar un plan de protestas que, al momento, está contenido. En este marco de tregua, líderes piqueteros serán
recibidos por funcionarios nacionales con la expectativa de llegar por fin a un acuerdo por el presupuesto de la ley
de emergencia social y la aplicación de la emergencia alimentaria.
La Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), Barrios de Pie y la Corriente Clasista y Combativa
(CCC)acordaron suspender todas las actividades de protesta que iban a comenzar hoy y que contemplaban dos
modalidades de lucha: la movilización a los supermercados de todo el país para reclamar alimentos y el corte de
rutas.
A cambio, los líderes de esas organizaciones esperan avances en los asuntos pendientes. "Luego de establecer
algunos diálogos con funcionarios del Gobierno, los movimientos sociales decidimos suspender el pedido de
donaciones en supermercados", expresó aInfobae Daniel Menéndez, el coordinador de Barrios de Pie. De esta
manera, se encauzó el diálogo con el gobierno que el viernes pasado terminó en una abrupta reunión en la que no
lograron consensos sobre la aplicación del presupuesto para la emergencia social y los movimientos sociales habían
decidido aplicar un plan de lucha.
El encuentro en el que se definirá cómo continúa el vínculo entre el Gobierno y los organizaciones piqueteras está
previsto para las 13. Del lado del oficialismo, los negociadores serán la ministra de Desarrollo Social, Carolina
Stanley; el ministro de Trabajo, Jorge Triaca; y el ministro coordinador de la Jefatura de Gabinete, Mario Quintana.
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RESUMEN DE PRENSA 07/09/17– MEDIOS DIGITALES

"Esperamos que esta reunión sea fructífera para avanzar con la plena implementación de la ley de Emergencia
Social, cuyos montos aún no han sido instrumentados en su totalidad y representan una importante ayuda para las
familias humildes", afirmó Menéndez.
Ese será el punto fundamental a discutir este mediodía. Sucede que mientras que el Gobierno decía que ya se había
ejecutado gran parte de los 10.000 millones de pesos para la emergencia social de este año, los movimientos
sociales sostenían que esto no es así y que en ello se cuentan otras partidas y presupuesto que no hay ejecutado
aún.
"En un encuentro la semana pasada, los funcionarios afirmaron que no se iba a avanzar con la implementación de la
Emergencia Social. Pero en conversaciones que mantuvimos esta semana, se han mostrado más sensatos en cuanto
al cumplimiento de la ley, por lo que suspendemos las actividades que teníamos programadas, a la espera de que los
funcionarios se comprometan con este tema tan delicado", dijo a Infobae el vocero de Barrios de Pie en virtud de
reencauzar el diálogo con la Casa Rosada.
Esta actitud fue recibida con alivio por el Gobierno y celebraron la buena predisposición de los grupos piqueteros
que cumplieron con la condición de mantener una tregua y contener las protestas.

PACTO CON IRÁN
CLARÌN
Pacto con Irán: con nuevas pruebas piden la indagatoria de Cristina por encubrimiento
Con nuevas nuevas pruebas, el fiscal federal Gerardo Pollicita pedirá en las próximas horas la indagatoria como
sospechosos de la ex presidenta Cristina Kirchner y del ex canciller Héctor Timerman, entre otros, en la causa por el
encubrimiento de Irán en el atentado de la AMIA, reinvindicando así de hecho la denuncia que hizo el fallecido
Alberto Nisman antes de su muerte violenta y misteriosa en enero del 2015. La solicitud seguramente incluirá una
prohibición de salir del país e inhibición de los bienes de los imputados, pero no -por ahora- prisiones preventivas,
según adelantaron fuentes judiciales a Clarín.
Pollicita estaba anoche corrigiendo detalles su requerimiento para el juez federal Claudio Bonadio, quien en dos o
tres semanas deberá decidir si acepta el pedido y si lo anexa a una causa conexa abierta con la carátula de traición a
la patria. Sucede que Bonadio, además de la denuncia de Nisman, tiene otra causa por ese delito abierta debido a un
audio en que Timerman admite que la bomba de la AMIA de 1994 la “pusieron los iraníes” que reveló un libro de
investigación periodística sobre el caso Nisman. Antes de decidir Bonadio deberá escuchar la opinión del fiscal de
esta segunda causa, Eduardo Taiano.
Pollicita es el mismo fiscal que en marzo del 2015, a pocas semanas del fallecimiento de Nisman, hizo un primer
pedido de indagatoria de la entonces presidente en ejercicio y fue rápidamente archivada por el juez federal Daniel
Rafecas, bajo presiones K. El fiscal, con más de 37 años en tribunales, decidía anoche si también consideraba el
encubrimiento como de lesa humanidad, carácter que ya tiene la causa AMIA.
Poco más de dos años después, Pollicita confirmó que, por lo menos, dos llamadas telefónicas del proiraní piquetero
ultra K Luis D'Elía previas a la firma del pacto con Irán de enero del 2013 las hizo desde la Casa de Gobierno, en
momentos en que los entonces secretario general de la presidencial, Oscar Parrilli, secretario legal y técnica, Carlos
Zannini, y el diputado de la Cámpora “Cuervo” Larroque. Las llamadas fueron grabadas por la ex oficina de
intercepciones de teléfonos de la SIDE llamada OJOTA por orden del juez federal Rodolfo Canicoba Corral. Nisman las
citó en su denuncia original, pero su muerte impidió que las contextualizara con datos como estos que demuestran
que antes de la firma del Pacto hubo unos "19 meses de negociaciones informales" entre D'Elía y el líder de la la
comunidad iraní en la Argentina, Jorge Yusuf Kalil, con el ex encargado de negociaciones de Irán en Buenos Aires,
Moshé Rabbani, el principal acusado como supuesto autor intelectual del ataque terrorista de 1994 que dejó 85
muertos como saldo. Las negociaciones de Timerman comenzaron en enero del 2011 con una negociación secreta en
Aleppo, Siria, tal como confirmó en la causa el ex embajador en ese país, Roberto Ahuad y Clarínreveló en exclusiva.
El otro eje de las nuevas pruebas reunidas por Pollicita tiene que ver con las alertas rojas de Interpol que la justicia
argentina pidió contra cinco iraníes, entre ellos Rabbani. Se trata del único elemento de presión que le queda a la
Argentina para intentar que Irán acepte que se indague a sus ex funcionarios. Sin embargo, Timerman lo incluyó en
el artículo 7° del memorándum de entendimiento con Irán que dice textualmente: “Este acuerdo, luego de ser
firmado, será remitido conjuntamente por ambos cancilleres al Secretario General de Interpol en cumplimiento a
requisitos exigidos por Interpol con relación a este caso”. Efectivamente, el acuerdo fue enviado por ambos
cancilleres al día siguiente a Interpol, pero por el escándalo sucitado días después Timerman dio marcha atrás y logró
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que el entonces secretario general de ese organismo, Ronald Noble, mandara una carta diciendo que no se habían
levantado las alertas rojas.
Ahora, Pollicita demostró que antes de esa carta hubo un sospechoso viaje reservado del entonces secretario de
Justicia, Juan Martín Mena, a París, "para tomar contacto con miembros de Interpol". Incluso, en Comodoro Py dicen
que Mena viajó en primera con un boleto que costó 8.500 dólares. El fiscal pidió una alerta azul a Interpol sobre
Noble para que se lo ubique a fin de eventualmente llamarlo a declarar como testigo. Pero Noble, ya retirado,
estaría residiendo en Abu Dabi y estaría relacionado indirectamente con un estudio de abogados de Londres que
habría sido contratado por Iránpara levantar las alertas rojas. A la luz de esta lobbie iraní, parece clave la designación
del ex presidente de la Auditoría General de la Nación, Leandro Despouy, como experto independiente en la
comisión de ficheros de Interpol, que decide sobre las alertas rojas.
Pollicita, para contradecir a Timerman, ya encontró resoluciones de Interpol en otros casos en que se levantaron esa
alertas rojas sin intervención de la Justicia de los países involucrados.Pero el hecho contundente, adelantado
por Clarín en marzo de este año, fue que la firma del pacto significó una flexibilización de hecho de las alertas rojas.
Gracias a un aporte de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se descubrió en en las alertas se agregó la
advertencia: “la secretaría general de Interpol ha sido informada respecto de que el 27-01-2013 se firmó un acuerdo
entre Argentina e Irán sobre el atentado terrorista a la AMIA en 1994 en relación con la presente notificación con el
fin de resolver esta cuestión por la vía diplomática... El estado de la presente notificación permanece inalterado,
según la decidido por la asamblea de Interpol en 2007”.
La pregunta que se hacían ayer en tribunales era: "¿Qué hubiera pasado si Nisman no hubiera muerto en el 2015 y
habría seguido adelante con esta investigación durante el gobierno de Cristina Kirchner?". Y la respuesta que dan:
"seguramente ya estaría procesada".

CONCLAVE DE GOBERNADORES Y COPARTICIPACIÓN
LA NACIÓN
Los gobernadores se unen para evitar que la Corte apoye a Vidal
Piden que el reclamo bonaerense por el Fondo del Conurbano se resuelva en el ámbito político y no por vía judicial
En alerta máxima por la posibilidad de que un fallo de la Corte Suprema se convierta en una pesadilla para sus
finanzas y su futuro político, casi todos los gobernadores reclamaron ayer al máximo tribunal que no resuelva el
reclamo de la provincia de Buenos Aires por el Fondo del Conurbano hasta que el tema se discuta en el Congreso o
entre ellos y el Gobierno.
Dieciocho gobernadores y tres vicegobernadores se reunieron ayer en la Casa de la Provincia de San Juan en la
Capital Federal y acordaron un documento en el que le pidieron "respetuosamente" a la Corte que "no tome
resolución alguna hasta tanto se dé el debate entre la Nación y las provincias y el Congreso".
Traducción: los caciques provinciales necesitan evitar que la Corte dicte una medida cautelar por la que Buenos Aires
empezaría a cobrar de inmediato unos $ 10.000 millones anuales mientras resuelve la cuestión de fondo: es decir, si
corresponde eliminar el tope al Fondo del Conurbano por anticonstitucional y si la provincia tiene derecho a
reclamar la deuda hacia atrás. Si tuviera aval para exigir el retroactivo, María Eugenia Vidal recibiría unos $ 53.000
millones. El Fondo del Conurbano está congelado desde 1996.
Los gobernadores están seguros de que, en caso de tener que ponerse al día con Vidal, Mauricio Macri recurrirá a los
fondos que hoy se coparticipan con las provincias, por lo cual todos los distritos sufrirían recortes importantes. Creen
que la Corte fallará en favor de Buenos Aires porque el reclamo tiene bases sólidas. Sin embargo, quieren que la
discusión se traslade al ámbito político. Apuntan en particular al Congreso, donde el Gobierno va a necesitar el
consenso de las provincias para aprobar el presupuesto y las prórrogas del impuesto al cheque y la emergencia
económica, además de para avanzar con la reforma tributaria.
Vidal, en cambio, confía en recibir buenas noticias de la Corte. Así lo hizo saber a varios intendentes con los que
habló en los últimos días.
El gobernador de Santa Fe, el socialista Miguel Lifschitz, uno de los voceros de la reunión, expuso esa vertiente del
reclamo conjunto y vinculó la posibilidad de perder parte de la coparticipación -$ 6500 millones en el caso de su
provincia- con la gobernabilidad. "Se generaría un problema de gobernabilidad y se pondría a las provincias en
situación de quebranto", alertó.
El cordobés Juan Schiaretti dio por hecho que los gobernadores volverán a reunirse por el tema, aunque no antes de
las elecciones de octubre. Y reclamó que en lugar de recortar la coparticipación se revisen los subsidios que reciben
la provincia y la ciudad de Buenos Aires. "Estamos hablando de $ 75.000 millones extras, que es más que lo que
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RESUMEN DE PRENSA 07/09/17– MEDIOS DIGITALES

Buenos Aires reclama por el Fondo [del Conurbano]. Hay que poner ambas cosas en la balanza", advirtió. Además,
condenó la desaparición de Santiago Maldonado. "Es inadmisible que en democracia desaparezca una persona",
dijo.
Además de la representación de sus pares ante los medios, Schiaretti y Lifschitz compartieron transporte. El
cordobés mandó el avión de su provincia a buscar al santafecino, que estaba en Rafaela.
La asistencia fue casi perfecta: estuvieron representadas 21 provincias. Sólo faltaron el vicegobernador de Chubut,
Mariano Arcioni, que tuvo problemas para viajar, además de María Eugenia Vidal y Horacio Rodríguez Larreta.
Además de Lifschitz y Schiaretti, a la Casa de San Juan llegaron el anfitrión, Sergio Uñac, Carlos Verna (La Pampa),
Gildo Insfrán (Formosa), Rosana Bertone (Tierra del Fuego), Lucía Corpacci (Catamarca), Gustavo Bordet (Entre Ríos),
Domingo Peppo (Chaco), Hugo Passalacqua (Misiones), Juan Manzur (Tucumán), Juan Manuel Urtubey (Salta) y
Sergio Casas (La Rioja). También, Alberto Weretilneck (Río Negro) y Omar Gutiérrez (Neuquén), y los vices de Alicia
Kirchner (Santa Cruz), Alberto Rodríguez Saá (San Luis) y Claudia Ledesma (Santiago del Estero).
La postal sumó fuerza política con la presencia de los radicales Ricardo Colombi, gobernador de Corrientes, y de su
par de Jujuy, Gerardo Morales. También estuvo el mendocino Alfredo Cornejo, aunque llegó tardísimo, cuando en el
amplio patio colonial de la casa sólo quedaban Uñac y Lifschitz. Se perdió la foto, pero estampó su firma en el
documento común.
Fue un almuerzo extendido, Duró tres horas mientras circulaban las empanadas de carne, los chorizos y el vacío.
Después del postre -pera al vino, selección de dulces y frutos secos- llegaron el champagne para el brindis y la
melodía compartida: todos le cantaron el feliz cumpleaños a Urtubey, que ayer sumó 48.
Sin debate en Corrientes
Los insultos entre militantes obligaron a suspender el debate de candidatos a gobernador de Corrientes, previsto
para anteanoche en una escuela. Se frustró, así, el intercambio entre los candidatos macristas Gustavo Valdés y
Gustavo Canteros y los opositores Carlos "Camau" Espínola y Eugenio "Nito" Artaza (Corrientes Podemos Más).

CLARÌN
Fondo del Conurbano: 21 provincias apuntan a la Corte para evitar una cautelar a favor de Vidal
Mauricio Macri presiona a la Corte para que falle a favor de María Eugenia Vidal. Lo dicen, cada uno con sus modos y
palabras, tres gobernadores y exploran la tesis política que late detrás de esa urgencia: el presidente quiere una
resolución antes de las elecciones de octubre para potenciar a Cambiemos en Buenos Aires.
El tribunal que preside Ricardo Lorenzetti tiene, advierten mandatarios y ministros a Clarín, un atajo: el pedido de
inconstitucionalidad que Vidal hizo en agosto de 2016 anexa una cautelar que podría ser validada.
Ese pánico, que en las provincias consideran un elemento cierto, explica el giro táctico de ayer. Veintiún
gobernadores y vicegobernadores se juntaron en la casa de San Juan para enviar un mensaje y pedido a la Corte para
que no dictamine.
Hasta ahora le habían apuntado a la Casa Rosada. Ayer jugaron otra carta al pedir, formal y protocolarmente, que la
Corte no dictamine hasta que se abra un debate entre Nación, las provincias y el Congreso.
En criollo: que el tribunal ponga en pausa el expediente para dejar que se busque y avance una solución por la vía
política, mediante la negociación entre las partes. "No es un tema jurídico, es un tema político", repiten.
Salvo Buenos Aires, metida en la trinchera opuesta y CABA -que no participa del reparto-- la concurrencia fue casi
perfecta: de las demás faltó Chubut, cruzada por la crisis política del caso Maldonado.
Hasta Alfredo Cornejo, radical que gobierna Mendoza, varado por el paro de aeronáuticos, viajó tarde para firmar el
acta que reunió la diversidad: Gildo Insfrán y Juan Manuel Urtubey, el santacruceño Pablo González y Gerardo
Morales de Jujuy.
Los matices casi se diluyeron: Cornejo, Morales y Ricardo Colombi (Corrientes) de Cambiemos coincidieron con los
silvestres Miguel Lifschitz (Santa Fe), Alberto Weretilnek (Rio Negro) y Omar Gutiérrez (Neuquén).
Y se alineó el peronismo diverso, de Juan Schiaretti -que pidió respuestas por el caso Maldonado- y Juan Manzur al
vice de San Luis, Carlos Ybrhain Ponce, del entrerriano Gustavo Bordet y el chaqueño Domingo Peppo, a Carlos Verna
de La Pampa.
El esfuerzo por una foto de familia multicolor se notó en los detalles. Schiaretti le "prestó" el avión a Lifschitz para
que pueda viajar. Otro: tras el asado a las llamas ("punta de espalda" fue el corte sanjuanino que ofreció Uñac) le
cantaron el feliz cumpleaños a Urtubey. Cumplió 48.
Hubo concesiones. Morales fue la punta de lanza para del acta de la reunión se eliminen puntos referidos a
la eventual "quiebra" de las provincias en caso de un fallo y sobre el destino de los subsidios a servicios públicos.
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RESUMEN DE PRENSA 07/09/17– MEDIOS DIGITALES

Schiaretti repartió un informe elaborado por su ministro de Economía, Osvaldo Giordano, que indica que Buenos
Aires y CABA recibieron casi $75 mil millones en 2016 como "subsidios nacionales" al transporte y los servicios
públicos.
Alineado con la Casa Rosada Morales pidió -y consiguió- sacar esos ítem calientes del documento final. Anteayer
Jujuy recibió un préstamo del gobierno nacional de $1.120 millones "para atender necesidades financieras".
De vuelta. Entre los gobernadores, sobre todo del PJ, circula la certeza de que Macri quiere un fallo con el Fondo del
Conurbano para dar un golpe de efecto antes de octubre en la estratégica elección bonaerense.
En sectores del gobierno creen que la Corte está en deuda con el presidente y debería darle una señal que podría ser
la cautelar a favor de Vidal, no en su totalidad sino con la variable menos drástica: incorporar a Buenos Aires en el
reparto de los 53 mil millones de "conurbano", que significa unos 12 mil millones.
Es una pelea en varios frentes. La semana que viene se reunirán los gobernadores de las provincias que administran
sus cajas previsionales para definir una posición conjunta ante "la demora en el giro" de los fondos compensatorios
para cubrir esos déficit.

LA NACIÓN
Buenos Aires insiste en otra demanda por más de $ 50.000 millones
La gobernadora ratificó ante la Corte que quiere recuperar la coparticipación retenida por Anses y AFIP
Mientras los gobernadores unen fuerzas para no perder su parte del Fondo del Conurbano en manos de Buenos
Aires, María Eugenia Vidal ratificó ante la Corte Suprema otra demanda multimillonaria: la que presentó el año
pasado para recuperar el 15% de la coparticipación federal que entre 2011 y 2015 retuvo la Nación para financiar la
Anses y el 1,9% que en los últimos seis años fue derivado a la AFIP. El botín en disputa supera los 50.000 millones de
pesos.
El reclamo de Vidal fue presentado por el fiscal de Estado provincial, Hernán Gómez, ante una consulta del máximo
tribunal. Gómez planteó que "se mantiene" la demanda" iniciada el año pasado para que se condene al Estado
nacional a reintegrar a la provincia las sumas retenidas entre 2011 y 2015 por la aplicación del artículo 76 de la ley
26.978, que destinaba a la Anses el 15% de la coparticipación federal que correspondía a las provincias.
"Se mantiene incólume la demanda [...] en especial para que se condene al Estado nacional a pagar a la provincia de
Buenos Aires la suma que resulte compensatoria por la pérdida que sufrió en sus ingresos con motivo de su
aplicación [del artículo 76] sólo por el período 30 de diciembre de 2010 hasta el 31 de diciembre de 2015, con más
sus intereses", escribió Gómez a la Corte.
En la demanda inicial presentada el año pasado se calculaba el monto del retroactivo en disputa en $ 40.000
millones de pesos.
Por prescripción (rigen los plazos del Código Civil), la provincia no puede reclamar los fondos retraídos en años
anteriores porque no hubo una demanda similar durante la gestiones de Daniel Scioli y Felipe Solá.
Quienes sí reclamaron esos fondos fueron las provincias de Córdoba, Santa Fe y San Luis, que obtuvieron sentencia
favorable de la Corte Suprema en noviembre 2015. Poco después, 10 días después de entregar el poder, Cristina
Fernández decretó la suspensión de los descuentos para todas las jurisdicciones.
Mauricio Macri dio marcha atrás con ese decreto, pero acordó con todas las provincias un esquema progresivo de
devolución del 15%.
En un segundo escrito, Gómez también ratificó la vigencia de la demanda de inconstitucionalidad de dos artículos del
decreto 1399, del año 2001, que dispusieron derivar a la AFIP el 1,9% de la coparticipación federal. En este caso,
como esos artículos siguen vigentes, el reclamo bonaerense es por el retroactivo de los fondos retenidos los últimos
seis años, entre 2010 y 2016.
Inicialmente, la suma reclamada por el período 2010-2015 se estimaba en 8000 millones de pesos. Si se añade a la
cuenta el año 2016, como también la actualización de la demanda por el 15% de la coparticipación, el reclamo global
ya supera los 50.000 millones de pesos.
La contestación a la Corte del fiscal Gómez se materializó el 25 de agosto pasado, pero fue dada a conocer esta
semana. Dato que se interpretó como una señal de Vidal al resto de los gobernadores, mientras éstos unen fuerzas
para no perder su parte del Fondo del Conurbano.

AGENDA DEL GOBIERNO CENTRAL
TELAM
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RESUMEN DE PRENSA 07/09/17– MEDIOS DIGITALES

Macri mantendrá reuniones de seguimiento y de gestión de gobierno
El presidente Mauricio Macri encabezará este jueves en la Casa Rosada un encuentro de coordinación, en el que
participan los miembros de la mesa chica del gabinete nacional y por la tarde presidirá una reunión de seguimiento
de gestión del Ministerio de Agroindustria, según se informó.
A las 10,30, el jefe de Estado encabezará en su despacho de la Casa Rosada una reunión de coordinación de
gobierno, donde pasarían revista a la proyección de las obras en ejecución en distintos puntos del país y la
colaboración que viene prestando el Gobierno a la Justicia para establecer el paradero de Santiago Maldonado,
entre otros temas.
A las 15, el primer mandatario presidirá en el Salón Norte de la Casa de Gobierno una reunión de seguimiento de
gestión del ministerio de Agroindustria. Allí el titular de esa cartera, Ricardo Buryaile, y miembros de su gabinete, lo
informarán sobre el reciente encuentro con un conjunto de compañías nacionales con el objetivo de conformar el
Consejo de Empresas Multinacionales Argentinas (Multi.Ar).
El nuevo organismo tiene el propósito de allanar el camino a las exportaciones para incrementar la presencia de
alimentos argentinos en el mundo. También lo interiorizarán al Presidente sobre los trabajos de recuperación en las
zonas afectadas por inundaciones y que fueron declaradas en emergencia, así como las medidas para fomentar el
arraigo rural y brindar oportunidades en el interior productivo.

CLARÍN
Netanyahu viene con 30 empresarios y preparan acuerdos de seguridad, comercio e inversión
En un brindis por el Año Nuevo Judío y en la víspera del viaje que emprenderá a la Argentina, Colombia y México, el
primer ministro Benjamín Netanyahu calificó ayer como un "paso histórico" su llegada a esta región. Netanyahu
buscará reparar un déficit de su país si se tiene en cuenta que será el primer viaje de un premier israelí a la
Argentina, donde vive la mayor comunidad judía de América Latina, y entre las cinco más numerosas del mundo.
Netanyahu llegará el lunes para ser recibido el martes 12 al mediodía por el presidente Mauricio Macri, quien
también lo agasajará con un almuerzo en la Casa Rosada. Sus equipos firmarán acuerdos que aún se están puliendo y
cuya importancia será más simbólica, ya que lo que intentan es darle cuerpo a la visita. Entre los textos que se
preparan hay un acuerdo de seguridad y ciberseguridad, de combate al terrorismo y al narco, áreas en las que en
realidad los dos países ya trabajan hace rato. Hay otro acuerdo de cooperación aduanera para facilitar el comercio y
otro de seguridad social. Recientemente, Aerolíneas y El Al firmaron un histórico acuerdo de código compartido para
unir Buenos Aires y Tel Aviv con escala en Madrid o Barcelona.
Netanyahu llegará con casi 30 empresarios los que el lunes participarán de una reunión de trabajo en el Palacio San
Martín en la que estarán por ejemplo el Israel Export Institute, Verint (ciberseguridad), Faception (nuevas
tecnologías), Cellcom israel Ltd (telecomunicaciones), Mitrelli Group (recursos hídricos y desarrollo local) y Taranis
(agroindustria). El Mercosur tiene un acuerdo de libre comercio con Israel, cuya implementación -más allá del
intercambio cárnico kosher- es de escasa implementación aún a nivel regional. En el seminario estarán el
vicecanciller Daniel Raimondi y el secretario de Relaciones Económicas Internacionales, Horacio Reyser, quien
organizó esta actividad. El canciller Jorge Faurie estará con Netanyahu durante el homenaje al Libertador General
San Martín.
El viaje de Netanyahu -que enfrenta en su país una embestida judicial contra él y su gobierno en una compleja trama
de corrupción- se enmarca en la relación personal que tejió con Macri cuando este era jefe de gobierno de la ciudad
de Buenos Aires y viajó a Israel. Además, ambos se reunieron en el marco del Foro de Davos, en Suiza, en enero de
2016 cuando el argentino recién había asumido su cargo. Finalmente, el gobierno de Cambiemos dio un giro fuerte
giro en un tema que había deteriorado enormemente en la anterior administración. Macri hizo caer a nivel jurídico
el controvertido acuerdo con Irán para dar una vuelta de página al conflicto bilateral con Teherán por la causa del
atentado a la AMIA.
Netanyahu pasará dos noches en el hotel Alvear de Buenos Aires -de la familia Sutton- y planea visitar la Plaza
Embajada de Israel, adonde se levantaba la sede diplomática que fue derribada por el atentado de 1992 (29
muertos) y también al actual edificio de AMIA (el histórico fue destruido en el atentado de 1994, que arrojó 85
muertos). Se espera que en el Alvear encabece una multitudinaria reunión con empresarios que lo quieren conocer.
Y el martes, después de su bilateral y almuerzo con Macri recibirá al presidente de Paraguay, Horacio Cartes, a quién
el israelí quiso ver aquí.
Por cierto, los movimientos de Netanyahu conllevan un despliegue de seguridad antiterrorista y anti tumultos
descomunal. En la Argentina está previsto que organizaciones de izquierda y kirchneristas intenten llegar hasta la
sede actual de la embajada israelí (sobre la avenida de Mayo) para protestar contra su presencia.
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RESUMEN DE PRENSA 07/09/17– MEDIOS DIGITALES

AGENDA PARLAMENTARIA
P 12
Para justificar más represión
Especialistas advirtieron que la iniciativa es imprecisa y apunta a criminalizar la protesta y ampliar las facultades
policiales en un momento en el que el Gobierno no puede garantizar que no haya infiltrados en las movilizaciones.
Tras los incidentes del viernes –al cierre de la marcha por la aparición con vida de Santiago Maldonado–, el PRO
reimpulsa un proyecto de ley que habilita a las fuerzas policiales a detener a los manifestantes que protesten
encapuchados, o porten “elementos contundentes”. La iniciativa es del diputado macrista Javier Pretto, que en los
fundamentos de su propuesta argumentó que en las calles “se cometen hechos violentos a diario” –aludiendo a las
manifestaciones–, frente a los que no se puede “dejar las decisiones finales en manos de autoridades inermes,
fiscales temerosos y jueces politizados”.
El proyecto es de abril, pero esta semana Pretto lo reflotó, promocionándolo con nuevas declaraciones en los
medios. De ser aprobado, los delitos de interrupción del transporte (el corte de ruta o calle), abuso de armas,
amenazas y daño incorporarán como agravante tener la cara cubierta o “exhibir elementos contundentes”.
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PáginaI12 consultó a integrantes del CELS, la Correpi y el Ceprodh –que habitualmente intervienen ante casos de
represión policial o de criminalización de la protesta– sobre el proyecto.
“Es preocupante que casi asimile llevar un palo o tener la cara tapada a usar un arma”, señaló Manuel Tufró,
coordinador del equipo de seguridad democrática y violencia institucional del Centro Legales y Sociales (CELS). “Los
proyectos de este tipo, de los que se vienen presentado más de uno, terminan ampliando las facultades policiales.
Sabemos lo que es un arma de fuego, pero ¿qué es un objeto contundente? ¿Una piedra? ¿Un palo? ¿Un aerosol?...
Y ¿quién va a terminar definiendo eso? En primera instancia, la policía. Esto es impulsado en en un momento en el
que las autoridades no están pudiendo garantizar que no haya provocadores o infiltrados generando desmanes, y
después de que haber detenido a personas que no tenían nada que ver”.
Para Tufró, no se puede reglamentar el derecho a manifestar. “En una protesta pueden producirse hechos que sean
tipificados como delito, pero en ese caso ya están en el Código Penal; no hay que poner regulaciones (al ejercicio de
peticionar a las autoridades), porque siempre se termina limitándolo. En general, estas discusiones desvían la
preocupación principal, que es que hay que regular la actuación policial en las protestas y no el ejercicio de un
derecho”.
Desde la Correpi, María del Carmen Verdú recordó que “no es el primer intento de criminalizar este tipo de
cuestiones”. “De hecho, están criminalizadas en más de un código contravencional, en varias jurisdicciones del país.
Tenemos un desaparecido... ¿y el problema de ellos son las capuchas y los pañuelos?”, se preguntó.
Paolo Zaniratto, del Ceprodh, también señaló la peligrosidad de los términos imprecisos que el diputado utilizó al
redactar el proyecto. “No define con claridad cuáles son las conductas que quiere penalizar. Lo mismo con los
términos: cuando habla de elementos contundentes, ¿qué se debe interpretar? Si alguien va con una bandera y la
bandera tiene palos, puede ser visto como elemento contundente, según el juez que te toque”. Para el abogado, el
proyecto busca redefinir “el concepto de manifestación pública, que es un derecho amparado por la Constitución,
para transformarlo casi en un delito en sí mismo”.
“Nuestro Código Penal no tiene un carácter proporcional: hay penas muy altas por delitos menores. Estos agravantes
que quieren introducir son también inconstitucionales en ese sentido, ya que las penas tienen que ser
proporcionales a los daños. Por otra parte, la ley protege bienes jurídicos. ¿Cuál sería el bien jurídico a proteger al
penalizar el uso de un pañuelo en una marcha?”

CLARÍN
Marcos Peña: "No damos por sentado que fue Gendarmería, tampoco que no lo fue"
Lo dijo durante su informe en el Senado, en medio de fuertes cruces con sectores K que le apuntaron a esa fuerza
por la desaparición del artesano. Pichetto fue más moderado, pero habló de reacción tardía.
En una sesión muy picante y con fuertes cruces, Marcos Peña negó ayer ante el Senado que haya habido
"contradicciones" del Gobierno sobre el caso de Santiago Maldonado. En una exposición que duró casi cinco horas,
atravesada por el debate en torno al joven desaparecido, el jefe de Gabinete rechazó señalamientos de senadores
del bloque del PJ-FpV críticos del rol del Gobierno y su presunta "defensa" de la Gendarmería, en particular la
ministra Patricia Bullrich.
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RESUMEN DE PRENSA 07/09/17– MEDIOS DIGITALES

"No ha habido una sola acción del Ministerio de Seguridad que sea objetable en materia de procedimiento o
acción.Alguno puede objetar alguna declaración", concedió, aunque volvió a darle un fuerte respaldo a Bullrich.
El jefe de Gabinete dijo que era “irresponsable atacar a la Gendarmería como institución” y aseguró: “Se la está
investigando de arriba a abajo. No damos por sentado que fue Gendarmería, no damos por sentado que no lo fue.
Eso lo tiene que decir el juez”, hizo equilibrio ante la única hipótesis que sostiene la familia Maldonado –y la
oposición se inclina-, que Maldonado es una “desaparición forzada” por esa fuerza.
El jefe del bloque de senadores del PJ-FpV, Miguel Angel Pichetto, habló en el cierre. Condenó la violencia del
viernes tras la concentración en Plaza de Mayo, y cuestionó que el Gobierno "subestimó" el caso y que "su abordaje
ha sido un poco tardío. Después de más de 40 días el secretario de Derechos Humanos ha ido a Esquel", ejemplificó.
Lo de Pichetto fue moderado en relación con el cristinismo. La santacruceña Virginia García -cuñada de Máximo
Kirchner- le hizo una lista de "cinco contradicciones en estos 30 días". Una, que el jefe de gabinete del Ministerio de
Seguridad, Pablo Nocetti "no participó ni dio órdenes operativas" había dicho Peña, pero "hay fotos que lo muestran
hablando con personal de Gendarmería". Que según Bullrich hubo 40 gendarmes (en el lugar), “pero usted dijo 60, y
periodistas de la zona" más. La tercera, “el registro fílmico. La ministra dijo que tenía de todo el operativo. Luego que
no estaba todo, sino 'casi' todo. ¿Qué esconde el casi?", preguntó.
"Cuarta -siguió García- usted dijo que había orden del juez para entrar al Pu Lof. Luego se supo que era sólo para
despejar (el corte). Y la quinta, que el operativo se armó en base a las órdenes precisas ‘emanadas del Ministerio de
Seguridad’.- citó al jefe de la Gendarmería en Chubut, Diego Conrado Balari- "y usted dijo que no".
Pero Peña negó contradicciones, entre protestas de García, que llevó a intervenir a la vicepresidenta Gabriela
Michetti. “¡No es un diálogo senadora. ¡Hay un reglamento!”. En medio de gritos, Peña siguió: "Sobre la cantidad de
gendarmes, fueron dos días (en el lugar). La ministra dice que en el operativo hubo esos gendarmes". Sobre la
filmación buscó aclarar: "No tengo la precisión de la parte que no fue filmada pero fue compleja por el tamaño del
lugar". Y que los dichos del comandante Balari eran “cuestiones semánticas. Las fuerzas responden orgánicamente al
Ministerio pero el procedimiento fue ordenado por el juez".
Previamente, Peña tuvo un fuerte cruce con el sanjuanino Ruperto Godoy, que había dicho que el Gobierno no había
venido a "unir a los argentinos". Peña sostuvo que hay un "plan sistemático" del cristinismo para "deslegitimar" al
Gobierno. La cosa escaló porque en cumplimiento del tiempo estipulado, Michetti le cortó el micrófono al
sanjuanino.
A su turno, Pino Solanas criticó la “campaña lamentable de desvalorización del pueblo mapuche” y dijo que el
conflicto “lo tienen el Estado nacional y las oligarquías provinciales” con los pueblos originarios. Fue un discurso
inflamado, a punto que Michetti le pidió “que no se ponga (así) ¡por su salud!”, mientras Solanas hacía gestos de que
no podía evitarlo.
No todo fue Maldonado. Hubo muchas inquietudes por obras públicas. Y un duro discurso del formoseño José
Mayans por el endeudamiento en 25 mil millones de dólares desde 2016. “Es la estafa, el robo más grande a cara
descubierta que ha tenido el país, esta bicicleta financiera. Un desastre del Banco Central, una bomba de tiempo.
Están tapando con deuda el fracaso del programa económico”. Peña defendió a las autoridades del Central y el
rumbo económico.

ECONOMIA
AMBITO FINANCIERO
La “inflación electoral” entusiasma al gobierno
• SE ESPERA UN ALZA EN AGOSTO MENOR A 1,5% Y CERCANA AL 1% EN SEPTIEMBRE
Aseguran que la corrección del dólar de junio hasta las PASO no se trasladó a los precios. El “ala política” cree que
la tranquilidad se mantendrá hasta las elecciones del 22 de octubre.
En medio del clima hostil por el caso Maldonado, el ala político electoral del gobierno parece descansar ahora en
cuanto a las novedades que vienen del capítulo que más complicaciones parecía traer antes de las PASO. El dólar le
está dando una respiro de tranquilidad en su cotización al macrismo; y, con esto, el alza de los precios que se
esperan para agosto y septiembre (los dos meses que se anunciarán antes de las elecciones de octubre), traerían
buenas noticias al oficialismo. Según los datos que se manejan en el ministerio de Hacienda, podría hablar una
inflación "electoral" tanto el mes pasado como el que transcurre actualmente, llegando al 22 de octubre con la
menor presión sobre los precios de todo el año. Las especulaciones primarias hablan de un incremento menor al
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RESUMEN DE PRENSA 07/09/17– MEDIOS DIGITALES

1,5% en junio y de cerca de 1% en agosto. Y, lo más importante para mostrar ante los analistas: asegura el ministerio
de Nicolás Dujovne que, quizá, por primera vez en décadas, se logró una corrección en el valor del dólar sin que esto
se traslade a los precios. Algunos en el "ala política" se entusiasman, quizá demasiado, y definen el logro como
"revolucionario":
Lo cierto es que para el oficialismo no habría existido "pass through" entre julio y agosto entre el alza del dólar y los
precios. Se insiste además en que Juan José Aranguren está políticamente controlado; y que el reacomodamiento
final de la divisa norteamericana a partir del 13 de junio no habría provocado estragos mayores en la inflación; y el
Ministerio de Energía no aplicaría inoportunos aumentos ni de servicios públicos ni de combustibles antes de las
elecciones del 22 de octubre. No podrá evitar el oficialismo que la proyección anualizada esté por debajo del 20%
anual y que se cumpla la meta de 17% que figura en el Presupuesto nacional. Pero ya habría tiempo luego de las
elecciones para dar las explicaciones correspondientes y defender luego que para 2018 se espera un 15% anual
El próximo IPC del INDEC que maneja Jorge Todesca se conocerá el martes 12 de septiembre, mientras que el jueves
12 de octubre será el turno del indicador de septiembre; el último antes de las elecciones. En el primer caso, el
indicador sería menor que 1,5% mientras que el segundo, espera el Gobierno, sería el menor nivel del año, cerrando
por debajo incluso que el 1,2% de junio. Si el oficialismo logra evitar este fenómeno de "pass through" (traslado del
alza del dólar a precios estructurales), podrá decir que se pudo revalorizar a un ritmo acelerado el precio retrasado
del dólar hasta llevarlo a un nivel de equilibrio sin que esto afecte la inflación. El dato es técnico, pero reflejaría que,
al menos una vez, se pudo utilizar una corrección del tipo de cambio sin consecuencias sobre los precios, algo que
habitualmente ocurre en cualquier economía ordenada pero que va a contramano con la experiencia histórica de la
Argentina. Los indicadores de agosto y septiembre se ubicarían en un nivel "razonable" y "dominable" para el resto
del año. Los candidatos del oficialismo llegarían a las legislativas de octubre (en definitiva, las que valen) con un dato
defendible y, lo más importante, podría ser cierta la proyección en la que insiste Federico Sturzenegger sobre un alza
del IPC del 1% (o incluso menos) en el último tramo del año. El tema, a diferencia de las PASO, quedaría fuera de
agenda.
Círculo Rojo
En el macrismo se considera este mínimo "pass through" del aumento del dólar a precios de julio como el primer
aporte importante del "Círculo Rojo" al oficialismo para el proceso electoral de 2017. Dentro del, por ahora
prudente, optimismo hay igualmente algunos capítulos que generan bronca y malhumor en el oficialismo. En
especial por el comportamiento de dos rubros. El primero es la evolución de los precios de la construcción, que en
promedio se habrían revaluado en un 5%, cumpliendo la premisa eterna de la Argentina de los últimos 35 años que
indica que una suba del dólar inmediatamente es trasladada a los valores de los materiales; aunque, en su mayoría,
no tengan ningún componente importado. En el oficialismo prometen concentrarse en los controles futuros a este
rubro.

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Precios Cuidados en temporada de ajuste
La renovación del programa hasta el 6 de enero mantuvo 325 artículos, con aumentos promedio del 1,8 por ciento.
La salida de productos y la incorporación de otros elevan los valores promedio. Críticas por la falta de visibilidad.
El Gobierno renovó el programa Precios Cuidados con una lista de 476 productos cuyos precios regirán hasta el 6 de
enero. La ronda de negociaciones entre la Secretaría de Comercio y la industria proveedora dio como resultado que
se mantuvieran 325 artículos, al tiempo que salieron 130 productos y se incorporaron 151 nuevos bienes. El
recambio es una variable relevante porque los que salen del programa rápidamente son remarcados para llegar al
precio “de mercado” mientras que los que ingresan lo hacen con margen para soportar el precio fijo hasta enero. Los
productos que se mantienen registran una suba del 1,78 por ciento en promedio frente a la lista anterior, informó el
Ministerio de Producción. PáginaI12 analiza la presencia de aceites, arroz, yerba, azúcar, sal y leche en el listado.
En los aceites, de las cuatro opciones de la lista anterior sólo se mantienen el girasol de 900Cc (sube de 27 a 27,89) y
el alto oleico de 1 litro (de 35 a 36), ambos de Cañuelas. El aceite de girasol Cañuelas se incorporó a mediados de
año a Precios Cuidados luego de haber sido excluido. A fines de 2015 ese producto formaba parte del programa y
costaba 10,84 pesos. Luego lo sacaron y se reincorporó a un precio mucho más alto. También ingresó el aceite
mezcla Siglo de Oro (23,50 pesos). Fueron eliminados del listado los aceites de girasol Primor y el Valderey.
En el arroz, se mantienen Molinos Ala de 500gr (de 9,40 a 9,68 pesos), el Cóndor de 500gr (de 8,99 a 9,26 pesos) y el
Molinos Entrerriano de 1 kilo (17,98 a 18,34 pesos). En cambio, salieron de la lista el Primor largo fino y el Siglo de
Oro largo fino, ambos de Bunge Argentina. Las tres posibilidades de azúcar se mantienen (Dominó, Ledesma y
Chango libre, todas de 1 kilo). En el caso de la sal, hay cuatro variedades de sal dietética saborizada, junto a la sal
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RESUMEN DE PRENSA 07/09/17– MEDIOS DIGITALES

entrefina parrillera en estuche Dos Anclas (de 8,32 a 8,57 pesos). La sal fina light en estuche Dos Anclas se mantiene
a 59,43 pesos. En diciembre de 2015 se ofertaban dos variedades de sal fina común de las marcas Celusal y Dos
Anclas y dos variedades de sal gruesa de las mismas marcas. La Sal fina Dos Anclas de 500 gramos, por ejemplo,
costaba 5,90 pesos. Ahora hay seis variedades de sal, pero no hay sal común, ni fina ni gruesa. A grandes rasgos se
mantiene la oferta de yerba con subas de entre el 3 y el 4 por ciento.
En el caso de la leche, la opción en sachet es La Armonía, en la versión descremada y entera, a 16,92 pesos cada una,
50 centavos por encima de su precio en la lista anterior. Se trata de la segunda marca de Mastellone, que logró que
la gestión Cambiemos excluya de la lista a su leche La Serenísima, que ronda entre los 22 y los 24 pesos en
supermercados y comercios chinos. El Gobierno resaltó que “al listado se incorporan más lácteos (queso port salut y
cremoso, manteca, crema, leche en polvo, más presentaciones de yogures y de dulce de leche) y más productos
conservas de tomate y jardinera, más presentaciones de fideos, de galletitas dulces y de pañales. “El 65 por ciento de
los proveedores que participan del programa son pymes, lo cual les brinda mayor visibilidad, y a la vez les permite a
los consumidores contar con una mayor variedad de productos en góndola”, dijo el subsecretario de Comercio
Interior, Ignacio Werner.
La efectividad del programa depende de la presencia de los productos en las góndolas y su difusión. Estos aspectos
de Precios Cuidados vienen siendo muy criticados desde las entidades de consumidores. “En los supermercados, se
pueden encontrar apenas un par de precios del programa y algunos carteles disminuidos. En los pocos lugares en
donde están los productos están mal señalizados”, analiza Claudio Boada, de la Unión de Usuarios y Consumidores.
Henry Stegmayer, coordinador del área de consumidores de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires
asegura que “cuesta mucho encontrar Precios Cuidados en la mayoría de los supermercados. Tenemos informes
hechos en el Conurbano y el interior bonaerense. Salvo excepciones, tiene escaso peso”.

BIODIESEL
CRONISTA COMERCIAL
Europa, a las puertas de volver a abrir su mercado al biodiesel de la Argentina
Tras cuatro años de bloqueo y en respuesta a la decisión de la OMC, la expectativa es que hoy habrá definición. Ya
hay dos buques con el producto rumbo al viejo continente
La Unión Europea puede darle hoy una excelente noticia al Gobierno y la industria del biodiesel local. Es que, tras
una postergación a fines de julio, el Comité de Defensa Comercial de ese bloque regional tiene agendado un
encuentro para hoy para votar una fuerte reducción de los aranceles, hoy de 24,8%, que pesan sobre el combustible
alternativo argentino.
La expectativa es que ese organismo del bloque regional apruebe hoy ene Bruselas una baja de los derechos de
importación hasta llegar a un rango de entre 4,5% y 10%. Algunas fuentes consultadas consideraron que el límite
inferior, que implica una reducción de 20 puntos respecto del arancel vigente, será finalmente el que deba tributar el
biodiesel argentino para desembarcar nuevamente en Europa.
Si la votación se realiza hoy, como está previsto, los nuevos aranceles para los exportadores de biodiesel local
comenzarán a regir hacia el 29 de septiembre próximo, luego de que la UE publique la resolución de manera oficial.
Aunque algunas fuentes puntualizan que puede haber alguna chance, mínima sostienen, de una nueva postergación
en la reapertura del mercado europea, la expectativa en el ámbito local, tanto en los despachos oficiales como entre
los privados, es más que positiva. Incluso, según confiaron a El Cronista fuentes del mercado de materias primas y
derivados, ya dos buques con biodiesel argentino en camino hacia los puertos de Europa, para reinaugurar de
manera casi inmediata ese comercio, frenado desde 2013.
Ese año, la UE impuso una medida antidumping, con aranceles definitivos de casi 25% al producto argentino. El caso
fue llevado por Argentina a la Organización Mundial de Comercio (OMC), que el año pasado falló en contra de la
decisión europea y los obligó a reducir de manera drástica los derechos compensatorios para el biodiesel argentino.
El organismo internacional le dio hasta el mes pasado a la UE para aplicar nuevos aranceles, pero los tiempos se
demoraron y la perspectiva es que hoy finalmente la reducción se haga efectiva.
La incertidumbre mayor que plantearon algunas fuentes es en qué niveles quedarán los aranceles. El rango de entre
4,5% y 10% es un hecho. Esos porcentajes habían sido elevados al gobierno y la industria del biodiesel argentino a
mediados de julio. El principal reclamo de la parte argentina fue que cada una de las exportadoras tenía que pagar
un arancel diferente, presas que habían colaborado durante toda la investigación contra el biodiesel argentino.

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RESUMEN DE PRENSA 07/09/17– MEDIOS DIGITALES

Con la postergación de la votación en la CE, se abrió una mesa de negociación bilateral para lograr que los aranceles
fueran menores a los ofrecidos. Eso se logró y podría ser único para todas las exportadoras, indicaron las fuentes
consultadas.
En medio de la prórroga, la industria de combustibles vegetales insistió ante los referentes de la UE sobre el
"impacto severo" que provocará a ese sector permitir que la Argentina retome sus envíos de biocombustible al viejo
continente.
Hasta 2013, cuando se impusieron los altos aranceles, Argentina colocaba 1,8 millón de toneladas en la Unión
Europea, de las cuales prácticamente la mitad iba destinado a España.
Luego del fallo de la OMC, que fue ratificado el septiembre de 2016, el presidente Mauricio Macri aprovechó su
visita oficial a España, en febrero último, para plantearle al gobierno ibérico la importancia que tenía para Argentina
acelerar los tiempos para el reingreso del biodiesel local al viejo continente. También hubo contactos con
autoridades de Francia, Alemania y Holanda, por donde generalmente ingresan los barcos con materias primas y sus
derivados a la UE. La reapertura del mercado europeo para el biodiesel local era más que esperada sobre todo luego
de que hace tres semanas el Departamento de Comercio de Estados Unidos, a cargo de Wilmur Ross, bloqueó el
ingreso del producto a ese destino, al imponerle aranceles provisorios, de hasta 64% y retroactivos a mayo último.
Luego de rechazar por "excesivos" la fijación de esos derechos de importación por parte de la administración Trump,
Argentina reclamó ante Ross la suspensión de la medida y la apertura de una mesa de negociación que permita
mantener abierto el mercado nortemamericano, al que Argentina exportó el 96% del biodiesel que produjo en el
primer semestre del año.
El Departamento de Comercio, recibió este martes a representantes argentinos, aunque la definición quedó
postergada y posiblemente las novedades lleguen hacia fines de mes.

AMBITO FINANCIERO
Para el Gobierno los monotributistas son “muchos”. Habrá ajuste
Según el ministerio de Hacienda, de los 3,2 millones de anotados en el régimen “una cantidad importante” no
deberían estar allí sino ser autónomos.
El gobierno reconoció ayer oficialmente que los adherentes al régimen del monotributo están en la mira de la
Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP); y que se profundizará la fiscalización en el régimen para
determinar quién puede continuar anotado y quién será excluido. El subsecretario de Ingresos Públicos, Andrés
Edelstein, advirtió ayer que "muchos" contribuyentes que están registrados como monotributistas "no deberían
estar en esa condición porque registran inconsistencias con el régimen. "Hay una cantidad importante, de 3,2
millones de monotributistas, de los cuales es probable que un gran grupo esté en este régimen por cuestiones
atendibles, pero muchos otros no debieran estar en esa condición", dijo Edelstein al hablar en el 19° Simposio de
Legislación Tributaria organizado por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad de Buenos Aires. En
estos casos, la idea oficial es que se los recategorice y que comiencen a operar como autónomos.
Según lo que dispuso el organismo que maneja Alberto Abad, y tal como adelantó ayer este diario, están en la mira
unos 300.000 de los adherentes al monotributo, los que fueron, por ahora, suspendidos, hasta que los mismos
contribuyentes concurran a las agencias donde están anotados para aclarar la situación. Tendrán tiempo hasta el 26
de este mes para apelar la sanción y, eventualmente, volver a estar dentro del Régimen Simplificado para Pequeños
Contribuyentes (RS). Las sanciones aparecen cuando la suma de los ingresos brutos obtenidos de las actividades
incluidas en el último año exceda el límite máximo establecido; los parámetros físicos o el monto de los alquileres
devengados superen los máximos establecidos; o no se alcance la cantidad mínima de trabajadores en relación de
dependencia requerida.
De acuerdo con el listado publicado por la AFIP, los que ya están excluidos sumar unos 1.100 contribuyentes,
expulsados por no cumplir con la suma de los ingresos brutos obtenidos de las actividades incluidas en el último año
exceda el límite máximo establecido.
Ayer la AFIP confirmó oficialmente, a través del Boletín Oficial, que en enero se incrementarán tanto los montos del
impuesto integrado y de los aportes a la jubilación y a la obra social, como también los topes de facturación y de
alquileres devengados para estar en cada una de las categorías. Según dispone la ley 27.346, los números del
sistema se irán ajustando anualmente según el incremento otorgado a los jubilados y pensionados de la ANSES en
los meses de marzo y septiembre.

CRONISTA COMERCIAL
Se aprobó el presupuesto 2018 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación
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RESUMEN DE PRENSA 07/09/17– MEDIOS DIGITALES

Según la Acordada N° 29/2017 publicada hoy en el Boletín Oficial, el máximo tribunal de Justicia requerirá para su
funcionamiento $ 8.280.536.422, contra los $ 6.688.063.503 presupuestados para el presente ejercicio.
Mediante la Acordada N° 29/2017 publicada hoy en el Boletín Oficial la Corte Suprema de Justicia de la Nación fijó su
presupuesto de gastos para el ejercicio 2018 en $ 8.280.536.422 contra los $ 6.688.063.503 presupuestados para el
presente ejercicio, lo que implica un incremento del 23,81%.
La publicación se da luego de que el Presidente del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación
remitiera a la Corte copia de la Resolución N° 323/17 por medio de la cual el plenario del Consejo de la Magistratura
aprobó el anteproyecto de presupuesto del Poder Judicial de la Nación para el ejercicio 2018.
Del monto total, la mayor parte ($ 6.676.104.956) se destinará al pago de salarios de los 4732 agentes que revisten
en planta permanente.
Del resto de los fondos, $ 81.192.065 serán para gastos en bienes de consumo; $ 425.836.289 para servicios no
personales; y $ 1.097.403.112 de pesos para bienes de uso.

GREMIOS
CLARÍN
La CGT se reúne hoy en la UOCRA debate su estrategia para el plenario del 25
Los sectores de los "gordos e "independientes" ya manifestaron abiertamente su oposición a realizar un paro.
La mesa chica de la CGT encabezada por el triunvirato conformado por Juan Carlos Schdmid, Héctor Daer y Carlos
Acuña debatirá sobre la reunión que mantuvieron el lunes con el ministro de Trabajo, Jorge Triaca. Pero también
analizarán la estrategia de cara a la próxima reunión de Consejo Directivo (CD) que resolverá la convocatoria, para el
25 de septiembre, a un Comité Central Confederal (CCC). Será hoy a las 11 de la mañana en la UOCRA.
En lo referente a la situación interna, "gordos e "independientes" ya manifestaron abiertamente su oposición a
realizar un paro, postura que comparten algunos gremios que integran la Confederación Argentina de Trabajadores
del Transporte (CATT), entidad que conduce Schmid. Entre esos gremios, que no quieren realizar un paro nacional,
se encuentran los ferroviarios conducidos por Omar Maturano y los choferes de micros, de corta, media y larga
distancia (UTA), cuyo titular es el dirigente Roberto Fernández. Ambos gremios son clave a la hora de garantizar un
paro. Tampoco apoyan una medida de fuerza otros gremios que hoy estarán presentes como la UOM, que conduce
Francisco "Barba" Gutiérrez, y los docentes, que conduce Sergio Romero.
También entre las cuestiones internas figura la de convocar o no al CCC: eso lo resolverá el CD, que se reunirá dentro
de dos semanas. Sobre este punto las opiniones están divididas: para el portuario Schmid no hay dudas de que el
CCC, una suerte de parlamento de los trabajadores, se debe hacer "para que la decisión contenga a todas las
expresiones". Para los otros, con las cartas echadas por el lado de no avanzar, sería inconducente. Síntoma de esta
interna es lo que le dijo una fuente sindical a Telam: "Si no garantizan un Confederal tranquilo y sin barras
probablemente se postergue". En el último Plenario de delegados, realizado en Ferro en julio, hubo chiflidos contra
la conducción.
Los que reaparecieron ayer, luego de la marcha del 22 a Plaza de Mayo y que terminó con camioneros revoleándose
las cruces de los caídos en Malvinas, fueron Pablo Moyano junto a Schmid. Ambos dirigentes fueron los que más
fogonearon con la marcha y con el endurecimiento de la CGT: se mostraron en Jujuy junto a Carlos "El Perro"
Santillán, el líder del gremio de estatales provinciales y un crítico de la ortodoxia sindical.

INFORMACION GENERAL
INFOBAE
Liberaron al joven argentino detenido en Venezuela
Ángel Eduardo Meso Parra, el chef argentino que fue capturado por las fuerzas militares de Venezuela hace un
mes, quedó en libertad en la tarde de este miércoles, confirmaron a Infobae fuentes diplomáticas. Antes de ser
detenido, había participado en manifestaciones contra la dictadura de Nicolás Maduro.
El joven de 32 años fue apresado mientras caminaba por una calle de la localidad de Valencia el pasado 6 de agosto.
Parra se encontraba alojado en la prisión militar de Ramo Verde, donde también estuvo el líder opositor Leopoldo
López. La liberación del Parra se produce luego de una larga negociación que mantuvo con las autoridades
venezolanas Eduardo Porretti, encargado de Negocios de la Embajada de la Argentina en el país caribeño.
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RESUMEN DE PRENSA 07/09/17– MEDIOS DIGITALES

Semanas atrás, el padre de Meso, también llamado Ángel, denunció que su hijo fue torturado durante los días que
estuvo preso. Así se lo certificaron los abogados de su hijo, quienes lo vieron muy golpeado y con un hombro
dislocado durante la audiencia.
"No le habían dado atención médica. Además, no sé si le cortaron o le arrancaron el pelo", había explicado Ángel
Meso. "Estoy angustiado por el dolor que puede estar pasando mi hijo", explicó. Venezuela atraviesa una crisis
institucional, económica, política y social. La dictadura de Maduro reprime las manifestaciones en su contra cada vez
con más violencia, lo que ya ocasionó cientos de muertos. Hasta el momento, más de 150 murieron como
consecuencia de la brutal represión de las fuerzas chavistas.

CLARÌN
Sergio Bergman y otra foto incómoda, ahora con un televisor gigante que compró en Chile
El ministro de Ambiente fue fotografiado al regresar desde el país trasandino. En su entorno aclararon que fue
adquirido para donación. Otra foto incómoda para el ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Sergio
Bergman. Otra vez las redes sociales y una polémica que, desde su entorno, trataron de aclarar. Después del
"hombre árbol", esta noche se viralizó la imagen del funcionario con un inmenso televisor que compró en Chile,
adonde había viajado por una actividad oficial.
"El televisor lo compró para ser donado. Le llegó hoy la invitación, y al evento tenía que ir mañana. No tenía tiempo
de comprarlo en otro lado y se había comprometido a ir con la donación, por eso lo compró allá. Pagó todos los
impuestos que corresponden", aclararon colaboradores del funcionario al ser consultado sobre las fotos que se
habían viralizado por un tuit.
El ministro Bergman participó hoy durante todo el día del II Congreso Interamericano sobre el Estado del Derecho
Ambiental para analizar la implementación de la Agenda2030 del Desarrollo Sostenible de la ONU y -antes de
regresar- adquirió el televisor de grandes dimensiones. Chile es un destino habitual en el que los argentinos compran
ese tipo de productos a precios sensiblemente más bajos, con rebajas de hasta 50% del que a del otro lado de la
Cordillera.
Sergio Bergman y la foto que publicó en Twitter y generó una fuerte repercusión. Sergio Bergman ministro medio
ambiente disfrazado de planta medio ambiente hombre planta
De todos modos, colaboradores del ministro consultados por Clarín, afirmaron que la TV marca Samsung para ser
donado al Centro de Espiritualidad Judía Mishkán, que el jueves tenía previsto celebrar los 25 años de su fundación.
"El televisor será utilizado para proyectos educativos y teleconferencia en la formación de líderes", aclararon y
proporcionaron la invitación que le llegó al funcionario.

DDHH
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A devolver los derechos que fueron quitados
Una jueza federal dispuso que las pensiones deben ser reintegradas “de inmediato”. Piden que el Gobierno no apele
la medida.
La Justicia Federal ordenó al gobierno que restablezca “en forma inmediata” las pensiones por discapacidad que
habían sido dadas de baja y que afectaron este año a 83.000 personas. Además, dispuso que el Ministerio de
Desarrollo Social, organismo responsable, “se abstenga de interrumpir los pagos de dichos beneficios”. La medida
cautelar que dictó la jueza federal de seguridad social Adriana Cammarata es de carácter colectivo, tiene alcance
nacional a excepción de la ciudad de Viedma, donde se dictó una medida similar, y tendrá vigencia hasta que se dicte
sentencia definitiva. La abogada de la asociación Red por los derechos de las personas con discapacidad (REDI) que
presentó el amparo, Varina Suleiman, dijo a PáginaI12 que “tienen que restituir todas las pensiones. Y si son
consecuentes con la idea que tienen de lanzar un Plan de Discapacidad, no deberían apelar la medida”, remarcó. En
paralelo, el gobierno lanzó la Agencia Nacional de Discapacidad (ver aparte).
Desde la asunción de Cambiemos, el Ministerio de Desarrollo Social que conduce Carolina Stanley comenzó a dar de
baja pensiones no contributivas por invalidez valiéndose de un decreto del menemismo de 1997. En junio de este
año, los recortes generaron una ola de repudios que se visibilizó durante una masiva marcha en el obelisco, donde
personas con discapacidad y organizaciones que las representan reclamaron contra la política discriminadora del
ministerio, que finalmente dio marcha atrás con la medida, aunque de manera parcial. A la mayoría de los afectados
no le fueron devueltos sus beneficios.
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RESUMEN DE PRENSA 07/09/17– MEDIOS DIGITALES

La resolución de Cammarata, del juzgado federal de la seguridad social Nº 8, establece que se “restablezca el pago
de las prestaciones no contributivas por incapacidad otorgadas a las personas con discapacidad residentes en todo el
territorio de la República Argentina que fueron dadas de baja o suspendidas sin mediar resolución fundada previa en
un proceso que garantice el debido proceso”, que incluye “el derecho a ser oído, a ofrecer y producir pruebas y a
obtener una decisión fundada; o, dictado que hubiese sido, no se hubiese notificado”.
La magistrada también deja constancia de que la medida no alcanza a los titulares del beneficio que “hubiesen
renunciado expresamente” ya que la Asociación “no puede invocar un derecho contrario al ejercido individualmente
por algún integrante del colectivo; y aunque parezca obvio expresarlo, a los fallecidos”.
La jueza ponderó el “carácter alimentario” de las pensiones “cuyas suspensiones o bajas habrían sido decididas sin
previo acto administrativo ni observancia del debido proceso adjetivo” y esa determinación “podría importar la
pérdida de prestaciones médicas, farmacológicas y análogas” según el Programa Federal de Salud.
Y dispuso que “una vez firme la presente en lo relativo a la incompetencia planteada, se proceda por Secretaría a
efectuar la correspondiente inscripción en el Registro Público de Procesos Colectivos implementado por la Excma.
Corte Suprema de Justicia de la Nación”.
Suleiman explicó que el fallo permite que cualquier persona a la que no le hayan restituido su pensión, en cualquier
parte del país, se puede presentar bajo este amparo y reclamar su reintegro. “Sólo quedó excluido Viedma porque
tiene un juicio iniciado”.
Además, la letrada explicó que “la resolución se aparta de la ley de Medidas Cautelares contra el Estado (26.854) que
establece una vigencia de seis meses. La jueza dispuso que el alcance temporario de la cautelar es por tiempo
indeterminado, hasta que se dicte la sentencia definitiva, porque tuvo en cuenta la vulnerabilidad del grupo
afectado”.
Como el Estado había pedido que se declarara la incompetencia, rechazada por Cammarata, la abogada de REDI
advirtió que “es posible que apelen la medida. Eso es una decisión política. Pero sería una incoherencia que un
gobierno que dice que va a lanzar un Plan de Discapacidad apele. Demostraría una intención sólo discursiva de
satisfacer derechos. Y mostraría una brecha muy grande entre la palabra y la acción. Esperamos que no apelen y que
terminen de enmendar el error”, evaluó la abogada.
Suleiman recordó que los recortes que implementó Desarrollo Social “no respetaron la autonomía de las personas.
Utilizaron requisitos viejos a la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad”, y detalló que
“cuando entrecruzaron datos, si identificaban que un pariente tenía un auto o algún ingreso daban de baja la
pensión”.
El gobierno anterior, a través de distintos programas, había elevado de 350 mil pensiones no contributivas que había
en 2003 a 1,6 millones a fines de 2015. Desde la asunción de Cambiemos, la cartera de Desarrollo Social suspendió y
eliminó más de 175 mil pensiones no contributivas, de las cuales el 72 por ciento corresponden a coberturas por
invalidez. Con el decreto menemista en la mano retiraron pensiones según las condiciones que establecía esa norma:
la titularidad de un automóvil que generalmente tiene permiso por discapacidad; o cuando el cónyuge tiene algún
beneficio previsional actual; algún ingreso propio o no alcanza 76 por ciento de incapacidad para el acceso a la
pensión. Tras la manifestación de personas discapacitadas en el Obelisco el 15 de junio, el gobierno dio marcha atrás
y restituyó algunas pensiones.

EJE DE CORRUPCION VINCULADO AL KIRCHNERISMO
LA NACIÓN
De Vido y Baratta, más cerca de quedar detenidos por Río Turbio
Un fallo contundente de la Cámara cuestionó la acción del juez y encomendó indagar al ex ministro y a su mano
derecha por el fraude del yacimiento patagónico
Julio De Vido , el ex ministro de Planificación del kirchnerismo, quedó ayer al borde de un nuevo pedido de
desafuero y de ser indagado por el juez federal Luis Rodríguez por desviar $ 264 millones destinados a obras nunca
realizadas en el yacimiento carbonífero de Río Turbio hacia la regional Santa Cruz de la Universidad Tecnológica
Nacional y a su fundación.
Además, el ex subsecretario de Coordinación Roberto Baratta, que era el segundo de De Vido, quedó al borde de ser
detenido junto el ex secretario de Minería Jorge Mayoral y otras 24 personas -entre ellas, ex funcionarios de menor
jerarquía-, a los que el fiscal Carlos Stornelli pidió encarcelar por este fraude.
Es que la Cámara Federal pulverizó el fallo mediante el cual el juez Rodríguez había denegado el pedido del fiscal
Carlos Stornelli para desaforar y detener al diputado De Vido. Justamente ese dictamen había motivado una sesión
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RESUMEN DE PRENSA 07/09/17– MEDIOS DIGITALES

especial de la Cámara de Diputados que evaluó la idoneidad de De Vido para ser legislador. El Gobierno no consiguió
los votos para expulsarlo, pero dejó en evidencia a quienes defendían al ex ministro.
Ayer, en una durísima resolución firmada por los camaristas Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia, con la disidencia de
Eduardo Farah, dijeron que la decisión de rechazar la indagatoria de De Vido es arbitraria.
El juez Irurzun fue el más claro: el estado en que está el yacimiento Río Turbio habla por sí mismo de la falta de obras
que eran "desdobladas" y "tercerizadas para sortear controles", y que aparecen documentadas y pagadas por el
Estado a través del ministerio de De Vido.
Es decir que no hay nada más que investigar: basta comparar lo que se pagó con lo que no se hizo. La Cámara ratificó
que a futuro es necesario trabajar sobre la ruta del dinero, como propuso Rodríguez, pero consideró que, por ahora,
basta con lo expuesto por el fiscal en su dictamen. Es suficiente con lo que está a la vista de todos.
Además, le indicó el juez Rodríguez que debe embargar a los acusados para asegurarse de recuperar el perjuicio
provocado al Estado, de más de 260 millones de pesos.
El juez Irurzun avanzó además en establecer nuevas pautas para meter presos a los funcionarios acusados de
corrupción. E inauguró una jurisprudencia más restrictiva, que debería preocupar a los ex funcionarios que enfrentan
causas y gozan de la libertad. Dijo Irurzun que en estos casos complejos, con un daño considerable y la reiteración de
los mismos acusados, hay particularidades que deben contemplarse.
Dijo que no sólo se debe analizar si hay arraigo del acusado para decidir si existe riesgo de fuga o de
entorpecimiento. Se debe considerar un "escenario formado por conductas que involucrarían serias irregularidades
en el manejo de los fondos públicos por parte de funcionarios de distintas áreas del Estado y que, se presume, han
tenido un desarrollo temporal extenso, lo que implica, a su vez, que se ha contado con las complicidades necesarias
para garantizar su sostenido éxito".
Estableció nuevas pautas para decidir la libertad: la complejidad de las maniobras, su magnitud, las concretas
posibilidades de fuga y de entorpecimiento derivados de los frentes judiciales abiertos en diversos expedientes, las
relaciones personales, laborales o políticas de los acusados mediante las cuales mantienen posibilidad de influir en
las investigaciones, ya sea ocultando o alterando documentos o restringiendo la información que la Justicia les pide a
los organismos públicos. Por eso la Cámara le pidió al juez que analice detener e indagar a todos los acusados,
incluidos De Vido, Baratta y Mayoral.
Al rechazar las eximiciones de prisión de Baratta, Irurzun fue muy preciso acerca de las razones por las que debería a
su juicio ser detenido: el caso involucra sumas millonarias que no se sabe dónde están y la actividad de los acusados
sólo es posible con una complicidad funcional extendida en el tiempo. Por lo que las posibilidades de
entorpecimiento del caso incluyen su capacidad de influencia.
Junto a Irurzun votó su colega Leopoldo Bruglia, para quien en el fallo de Rodríguez, que niega las indagatorias de los
acusados, "hay un concreto ejercicio arbitrario" de su actividad como juez.
El tercer camarista, Eduardo Farah, que llegó a los tribunales de Comodoro Py con el mismo respaldo que Rodríguez
(el de Jaime Stiusso cuando era hombre fuerte de la inteligencia), votó en disidencia y no acompañó a sus colegas.
Stornelli había dado por probado que De Vido y Baratta fueron responsables de un fraude contra el Estado de al
menos 264 millones de pesos. Pero el monto de la estafa podría ser mucho mayor: entre 2005 y 2015 salieron de las
arcas públicas 26.000 millones de pesos destinados al complejo Río Turbio (un proyecto de una central eléctrica, una
mina de carbón y el tren Eva Perón). El tren no funciona y la mina, que debía reactivarse y alimentar la central,
produjo en 2015 lo mismo que en 1951: 48.000 toneladas anuales. Según lo proyectado en 2010, debía estar
produciendo ya 2.000.000.
Triangulación en los contratos
La UTN tuvo un rol clave. Yacimientos Carboníferos Río Turbio y una fundación de la universidad firmaron 453
convenios y 90 adendas. La sospecha es que trianguló con ese andamiaje legal para no hacer licitaciones públicas y
posibilitar, así, un desvío.
Los convenios con la UTN y su fundación eran una pantalla para hacerse de comisiones.

NOTAS DE OPINION
P 12
El pacto democrático
Por Gustavo López
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RESUMEN DE PRENSA 07/09/17– MEDIOS DIGITALES

Mucho se habla de los acuerdos políticos pos dictaduras y se utiliza como ejemplo el Pacto de la Moncloa en España,
pero omitimos decir que nuestro país tiene un Pacto democrático tácito, que fue el Nunca Más.
La sociedad argentina y las fuerzas políticas que la representan decidieron en la recuperación democrática que
Nunca Más un golpe, que Nunca Más una interrupción del orden democrático y que Nunca Más al Terrorismo de
Estado que tuvo consecuencias atroces como los crímenes de Lesa Humanidad.
Sobre esa base refundamos nuestra democracia en 1983 y con aciertos y errores, marchas y contramarchas,
defendimos estos preceptos éticos y vitales, como en la Semana Santa del 87. Ese era nuestro límite, el orden
democrático y el respeto a la Constitución como piso mínimo sobre el cual podíamos discutir políticas económicas,
sociales o culturales, pero nunca más retroceder a la violación del estado de derecho.
Hoy vivimos con preocupación, por primera vez en 34 años de recuperación democrática, que el Pacto del Nunca
Más se puede resquebrajar. Sabemos cómo empieza y sabemos también cómo termina, motivos suficientes para
frenar acá.
Existe en el Gobierno de Macri un núcleo duro ajeno desde su historia política al Nunca Más. Sus empresas o sus
familias estuvieron ligadas al accionar de las dictaduras por acción o por omisión y siempre en procura de negocios,
fin último del lucro empresarial. Pero son muchos los dirigentes políticos del propio oficialismo que provienen de
tradiciones políticas democráticas y que formaron parte de los acuerdos en los primeros años de la década del 80,
que deben balancear desde sus opiniones a los sectores más reaccionarios respecto de la democracia plena.
Las luchas político partidarias definen un modelo económico o un modelo social. Nosotros nos opusimos al pago de
la deuda a los fondos buitre, otros la renegociaron. Podemos discutir el modelo jubilatorio o la Ley laboral, podemos
tener visiones absolutamente opuestas en materia de justicia social o intervención estatal. Pero no se pueden
discutir ni el orden democrático ni el respeto irrestricto a los derechos.
Hoy Santiago Maldonado es un desaparecido y la figura que se aplica es la de desaparición forzada.
Más de un cuarto de millón de personas nos expresamos democráticamente en las calles exigiendo su aparición con
vida y exigiendo además, la acción positiva del Estado Argentino a esa desaparición.
La respuesta fue, hasta ahora, la negación de los hechos, la provocación y la represión a la manifestación
multitudinaria.
La democracia pende de un hilo y pasar al Estado de Excepción, en el que las garantías constitucionales queden
subordinadas a la seguridad del estado, es un paso al vacío.
Propongo reflexión a todas las fuerzas políticas democráticas. A todos los sectores económicos, sindicales, sociales,
culturales (incluyendo los periodísticos) para que dejemos de lado cuestiones coyunturales o electorales y
recuperemos el Pacto democrático que el pueblo argentino avaló en el y que construyó una democracia basada en la
memoria, la verdad y la justicia.
Nunca Más

LA NACIÓN
Una desoladora guerra entre facciones
Carlos Pagni
La vida pública nacional está exhibiendo en estas horas uno de sus rasgos patológicos. Una polarización dramática,
facilitada por una deficiencia cada vez más perniciosa: la ausencia de un tercero que determine la verdad o la
falsedad de las acusaciones. La justicia federal está perforada en su credibilidad. Y sobre las fuerzas de seguridad e
inteligencia pesa la sospecha de ser un instrumento de la lucha entre facciones. La crisis política que abrió el drama
de la desaparición de Santiago Maldonado se sostiene y agiganta en esta indigencia institucional.
La fractura conceptual es tan aguda que puede alterar las percepciones. Las encuestas detectan que entre quienes
simpatizan con Cristina Kirchner no se registra la obra pública. Y quienes admiran a Mauricio Macri ven tres puentes
donde hay uno. Este síntoma es una trivialidad cuando se lo compara con lo que expone el caso Maldonado. El
Gobierno cree que la izquierda, en especial el kirchnerismo, quiere plantarle un desaparecido que corrobore una
tesis preexistente: Macri, basura, vos sos la dictadura.
La familia de Maldonado y la izquierda suponen que es el Gobierno el que quiere plantarles ese desaparecido. A ese
objetivo se dirigía, sostienen, la hipótesis de que el joven había sido acuchillado la noche del 21 de julio durante un
ataque mapuche a una estancia de Benetton. Según esa tesis, sus compañeros lo habrían escondido lastimado o, tal
vez, habrían ocultado su cadáver una vez que se les murió.
Para arbitrar esta guerra de conjeturas sólo se dispone de un sistema judicial lentísimo que, por momentos, se
coloca fuera de la ley. Las pruebas de ADN, que, por ejemplo, en China se resuelven en 24 horas, tardan meses. Al
cabo de semanas eternas, concluyeron las que invalidaron la teoría de la puñalada del puestero. Las que deben
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RESUMEN DE PRENSA 07/09/17– MEDIOS DIGITALES

determinar si los restos orgánicos que se encontraron en una camioneta de Gendarmería son del desaparecido
siguen demorándose.
A estas limitaciones materiales se agregan algunas aberraciones institucionales. La Justicia retrocedió en una
investigación ocular del escenario del operativo que realizaron los gendarmes. Acató la orden de los mapuches
según la cual no se podía ingresar en determinados terrenos porque eran lugar sagrado. Con un argumento
teológico-separatista similar, se impidió a la Prefectura indagar con buzos el río en el que podría haberse ahogado
Maldonado. Y, basada en la misma heterodoxia, la Procuración contra la Violencia Institucional (Procuvin) tomó
declaración a testigos enmascarados. Quiere decir que, para esclarecer una desaparición forzada, tal vez ejecutada
por una fuerza de seguridad que se puso al margen de la ley, los investigadores también se ponen al margen de la
ley. Reconocen a un Estado mapuche en su jurisdicción. Estas desviaciones fueron corregidas a destiempo. Tres
semanas más tarde, los mapuches aceptaron que se investigue el río "sagrado". Hoy podría comenzar un rastrillaje
sobre el terreno "sagrado". Y uno de los testigos que habían declarado con el rostro cubierto, Matías Santana, dio a
conocer su identidad delante del juez Guido Otranto y de la fiscal Silvina Ávila.
Las hipótesis sobre el destino de Maldonado siguen siendo problemáticas. Aun la más verosímil: que haya sido la
víctima fatal de la brutalidad de unos gendarmes. Ya se descartó que fuera acuchillado el 21. Parece ser demasiado
tarde para imaginar que el joven murió ahogado. El río no es muy profundo, por lo cual el cadáver habría aparecido.
El Gobierno -y, sobre todo, el personal de Gendarmería- aún confía en que Maldonado esté vivo. ¿Podría estar en
Chile? Para eso se examinan sus teléfonos. Es una presunción un poco descabellada. Si existe un grupo capaz de
cobijarlo, o de tenerlo secuestrado, sin dejar rastros, habría aparecido una organización más temible que Al-Qaeda.
La presunción de que los responsables de la desaparición pertenecen a la Gendarmería, que la familia y las
organizaciones de derechos humanos defienden desde un comienzo, ganó densidad en las últimas horas. No sólo
porque se van invalidando las alternativas. El mapuche Santana, además, aportó el primer testimonio identificable
que imputa al personal de la fuerza.
El relato de Santana es, de todos modos, enigmático. No se entiende por qué tardó más de un mes en contar lo que
sabía. Aunque los organismos de derechos humanos afirman que el juez y la fiscal nunca se interesaron en sus
testimonios. El mapuche afirmó que vio cómo un grupo de gendarmes castigaban a un bulto que tenía una campera
celeste, que él le había prestado a Maldonado esa mañana. Esa prenda llamó la atención porque Maldonado, en el
video en el que se lo vería cortando la ruta, vestía de negro. Santana escuchó que alguien dijo "ya está". Siempre
subido a su caballo, se alejó unos 500 metros y, con un par de binoculares, vio cómo subían ese bulto celeste a un
Unimog, del que sería traspasado a una camioneta. Ayer Santana informó que los binoculares se le perdieron. Y
comparó el tratamiento oficial a los movimientos sociales con la represión clandestina de la última dictadura militar.
El 7 de agosto, entrevistado por LA NACION, había dado una versión disímil de la actual, que sin embargo incluía
haber visto la detención de Maldonado por parte de la Gendarmería.
Santana aportó el primer relato sobre la presunta responsabilidad de la Gendarmería en la misteriosa peripecia de
Maldonado. De corroborarse su versión, sería gravísimo. Se estaría ante una desaparición forzada cometida no por
un grupo de uniformados que actúan por su cuenta, como fue, por ejemplo, la de Luciano Arruga. Los gendarmes
habrían actuado en el marco de un procedimiento judicial. Esta excepcionalidad es la que, además de alarmar,
plantea la principal incógnita: ¿cuántos agentes de la Gendarmería deberían complicarse en ese siniestro operativo?
La respuesta depende del itinerario de esos gendarmes convertidos en secuestradores. Si fueron a un escuadrón o a
algún hospital los involucrados se multiplicarían. ¿Arrojaron el cuerpo a un barranco? ¿Lo enterraron? ¿Con qué
herramientas? La Justicia está investigando a la Gendarmería desde hace semanas. Hasta anoche no había ningún
imputado. Pero la carátula es "desaparición forzada". Otra incongruencia.
La pesquisa parece estar contaminada por el enfrentamiento entre fuerzas federales. El legislador Gustavo Vera
presentó ante la Procuvin un informe de inteligencia extraoficial que, al parecer, se habría originado en la Policía
Federal, que es la que investiga a los gendarmes. Según ese parte, que el jefe de la Federal, Néstor Roncaglia,
desmintió, Maldonado habría sido asesinado durante un operativo irregular, comandado por las autoridades del
escuadrón 35 de Gendarmería, la noche del 31 de julio. Su cadáver fue ocultado en Chile. Esta insidiosa narración
choca contra la del mapuche Santana, para quien los hechos ocurrieron el 1º de agosto. En el inframundo de la
seguridad se interpreta que la rivalidad entre los gendarmes y la Federal recrudeció por el peritaje sobre la muerte
de Alberto Nisman. La Gendarmería habría determinado que en el departamento del fiscal había otra persona el día
de su muerte. Esa demostración demolería la investigación original de la policía. El kirchnerismo extrae de este duelo
una conclusión afiebrada. Mauricio Macri y Patricia Bullrich encubren a los gendarmes por la desaparición de
Maldonado porque le deben la patraña sobre el asesinato de Nisman.
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RESUMEN DE PRENSA 07/09/17– MEDIOS DIGITALES

El panorama no puede ser más desolador. Facciones que se tiran con cadáveres sirviéndose de organismos de
seguridad que se embanderan en la disputa de poder. El entrevero involucra también a la AFI. Ayer, la Cámara
Federal de Comodoro Rivadavia confirmó el procesamiento de un espía por realizar seguimientos clandestinos de
mapuches durante 2015. ¿La denuncia había sido promovida por la propia AFI durante la gestión de Oscar Parrilli?
¿Fue a instancias de militantes de La Cámpora que adhieren a la causa indigenista? En el tóxico averno de la
inteligencia ayer corrían esas interpretaciones.
El derrumbe de la hipótesis del cuchillazo cayó en el gabinete como un balde de agua fría. Macri y su equipo estaban
abrazados a esa teoría por reiteradas exposiciones de Patricia Bullrich ante el gabinete. Desde hace 48 horas el
oficialismo intenta darse una estrategia discursiva frente a un problema que pareció estar en un margen de su
agenda.
Bullrich piensa asistir al Congreso. La convocó la Comisión Bicameral de Seguridad Interior, que preside Sergio
Massa. En la Casa Rosada sonaron las alarmas. Bullrich sólo hablará en la Comisión de Seguridad de Diputados. La
campaña vuelve a atravesar el caso Maldonado. Bullrich está en una encrucijada. Es tarde para remover personal de
Gendarmería sin que se vaya el jefe de la fuerza. Si ello ocurriera, se redoblaría la presión para que renuncie ella.
Mientras tanto, Germán Garavano examina abrir la investigación a las Naciones Unidas. Sería un reconocimiento de
que la justicia local está incapacitada. Y lo realizaría el ministro de Justicia. Un antecedente al que tal vez se abracen,
entre otros, José López, para defenderse por el revoleo de los nueve millones de dólares tras el muro del convento.

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RESUMEN DE PRENSA 07/09/17– MEDIOS DIGITALES

REGIONALES
CHUBUT
EL PATAGONICO
Avila acusó a Tecpetrol de "estar llevando la Cuenca al límite con sus provocaciones"
El Sindicato del Petróleo y Gas Privado del Chubut, ante la dureza de las negociaciones de toda la jornada de ayer
con Tecpetrol en Buenos Aires, decidió aceptar la propuesta del Ministerio de Trabajo para extender las discusiones
a cinco días de conciliación voluntaria. Es con la intención de encontrar soluciones que hasta el momento aparecen
como muy distantes por la intransigente postura empresarial. "A (Paolo) Rocca le viene como anillo al dedo pelearse
con los sindicatos", cuestionó el secretario general del gremio, Jorge Avila, en referencia al CEO del grupo Techint.
"Recién estamos terminando de firmar un acta de conciliación obligatoria nuevamente por cinco días más, después
de una reunión durísima que empezó las 10 de la mañana y terminó casi a las seis de la tarde, en la que pudimos
darle continuidad a una complicada mesa de diálogo para normalizar esta situación que no le hace bien a nadie, pero
son cosas de la negociación", graficó Jorge Avila apenas terminado el encuentro con Tecpetrol en el Ministerio de
Trabajo de la Nación.
Graficó que ayer pasaron a un cuarto intermedio después de "una reunión larguísima en términos de todo lo que
pudo haber pasado, con un Ministerio que realmente un noventa por ciento de la presión siempre la pone sobre los
trabajadores. Por un momento ya no había resoluciones, se insistía con los despidos y con la consecuencia misma de
decir que nosotros hasta acá llegamos y no podemos hacer más".
Por ese motivo, señaló que se vivió el momento más tenso del encuentro conciliatorio: "pasó lo de siempre, que los
nervios se consumen cuando uno ve que no hay salida, que son difíciles las negociaciones y hay que estar en un lugar
de cada uno. Estas cosas uno las tiene más afiladas porque viene de un montón de batallas más, pero por ahí hay
actores muy jóvenes que están aprendiendo constantemente, y cuesta contener las iras, las broncas por las formas
en que los provocan, y encima se ve que nadie hace nada. Entonces, pareciera ser que todos los trabajadores somos
delincuentes y no trabajadores", lamentó 'Loma'.
Avila explicó que no es un plazo extendido a lo que se venía actuando lo que se ha solicitado, sino que hay un pedido
de aceptación del Ministerio por una conciliación voluntaria de cinco días más para sindicato y empresas, en cuyo
caso si no la acepta, supuestamente sería pasible de recibir multas. "Nosotros también estamos obligados a
aceptarlo, y esperamos que estos cinco días llamen a la reflexión a todas las partes y podamos realmente encontrar
una salida por el bien de la, gente porque tampoco se la puede tener con la incertidumbre de seguir agregando
días", advirtió.
En ese marco, añadió: "esto tiene que tener un fin, Tecpetrol tiene que entender que no se puede seguir de esta
manera y que hay que encontrar una salida a este problema con la gente".
Para la ocasión, el gremio de Petroleros Privados contó con el acompañamiento del jefe de Gabinete provincial,
Alberto Gilardino, quien mantuvo una reunión con el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, al tiempo que desde el
sindicato mantenían encuentros con otros sectores de la industria "buscando una salida que nos permita por lo
menos saber si en estos días que van a seguir discutiendo, se puede tener todo salvaguardado para terminar esta
discusión".
Avila lamentó que por ahora "la solución que propone la empresa son los despidos. Dicen que es la solución en la
Cuenca, la única forma en que pueden mantener la actividad son los despidos anunciados por ellos. Eso es lo que
han anunciado, y lo que dicen siempre: que si encuentran alguien que la quiera comprar y quedarse, la entregan".
El titular del gremio advirtió que eso es lo que dice Paolo Rocca, el dueño de Tecpetrol.
"A él le viene como anillo al dedo pelearse con los sindicatos y es lo que le muestra al Gobierno de Macri, que quiere
demostrar que los sindicatos son los culpables de todo esto. Siempre quieren quedar bien con el Gobierno nacional,
que solo ayuda a otra Cuenca", por la de Neuquén.
Para esta tarde, el sindicato tiene previsto el encuentro de sus Cuerpos Orgánicos, encuentro de Comisión Directiva y
Cuerpo de Delegados, para analizar los pasos a seguir.
"Como sindicato es muy poca la negociación que tenemos ya por hacer. En eso debe ser sincero el Estado en estos
cinco días que nos pidió, para ver cómo va a poder mediar con la empresa y encontrar una solución al problema.
Nosotros fuimos obligados a aceptarla. La situación está así y no podemos tampoco eludirla y perder la oportunidad
de que, si Dios nos ayuda, podamos resolverla", expresó Avila.
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RESUMEN DE PRENSA 07/09/17– MEDIOS DIGITALES

EL PATAGONICO
Marcos Peña: "no damos por sentado que fue Gendarmería, tampoco que no lo fue"
El jefe de Gabinete brindó su informe en la Cámara alta, a donde llevó la nueva postura del Gobierno luego de más
de un mes de defender incondicionalmente a la Gendarmería, apuntada por la desaparición de Santiago Maldonado.
Esta vez Peña prometió que no habrá ningún tipo de encubrimiento. "Si hubo o no una desaparición forzosa, si hubo
uno, dos o tres gendarmes que hayan llevado a cabo esa acción son suposiciones que hoy no estamos en condiciones
de afirmar", deslizó. Mientras, el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, viajó ayer a Esquel para
interiorizarse sobre el caso Maldonado y ser parte de los rastrillajes que se desplegarán hoy en la comunidad
mapuche de Cushamen. Además, como parte de su cambio de estrategia, el Gobierno nacional decidió improvisar
una reunión ayer en Casa Rosada entre funcionarios nacionales y los gobernadores de Chubut, Río Negro y Neuquén
para diagramar futuras acciones. El vicegobernador, a cargo del Ejecutivo chubutense, Mariano Arcioni no asistió
tras cuestionar que fue notificado recién en las últimas horas del martes.
El ministro del Interior
El ministro del Interior, Rogelio Frigerio y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich se reunieron ayer con los
gobernadores de Río Negro y Neuquén para abordar el caso Maldonado.
Hoy se cumplirán 37 días de la desaparición de Santiago Maldonado, quien fue visto por última vez en un operativo
que ejecutó Gendarmería Nacional en una comunidad mapuche de Cushamen y todo indica que el Gobierno
nacional decidió cambiar de estrategia después que defender, asiduamente, a la fuerza nacional e incentivar las
diferentes “teorías” que se multiplicaron tanto en medios de comunicación metropolitanos como en algunos
regionales.
Es que el relato que desligaba a Gendarmería en la desaparición del joven artesano quedó atrás cuando el secretario
de Derechos Humanos, Claudio Avruj, admitió que “la hipótesis más fuerte apunta” a la presunta participación de
esa fuerza de seguridad.
Entre las “hipótesis” que manejaron durante todo este tiempo se encuentran el ADN hallado en la ropa del puestero
de una estancia de El Maitén, que resultó no ser el de Maldonado; el supuesto escape a Chile del joven y su presunta
ausencia en la protesta del 1 de agosto en el Lof en resistencia de Cushamen, cuando se lo vio por última vez.
Lo cierto es que en el cambio de timón del gobierno de Mauricio Macri estableció una serie de reuniones para
delinear las próximas acciones que se llevarán a cabo en Cushamen.
Así, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, y el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, decidieron que
improvisar ayer una reunión con los gobernadores de Chubut, Río Negro (Alberto Weretilneck) y Neuquén (Omar
Gutiérrez) para trabajar en torno al caso Maldonado.
El encuentro fue organizado con tan poco tiempo que el vicegobernador Mariano Arcioni, a cargo del Ejecutivo
provincial, no asistió fundamentando: “nosotros tenemos armada una agenda de trabajo en la provincia, e hicieron
la invitación anoche (por el martes) por teléfono”.
"En ningún momento confirmé mi participación porque llamaron anoche (martes) a última hora, y nosotros ya
tenemos programadas una serie de actividades acá en nuestra provincia", sostuvo Arcioni dejando al descubierto
una vez más al Gobierno nacional después que el ministro provincial de Gobierno, Pablo Durán, asegurara el martes
en la Legislatura que el jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad de la Nación, Pablo Noceti, no estuvo solo de
paso en el operativo que desplegó Gendarmería en Cushamen.
AVRUj EN ESQUEL
El cambio de posición del Ejecutivo nacional no solo se vio reflejado en la reunión improvisada con gobernadores
patagónicos de provincias donde existen comunidades mapuches sino también en la decisión de enviar ayer al
secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, a Esquel para que se interiorice sobre la desaparición del joven
artesano. Allí, fue recibió por el juez federal, Guido Otranto, a cargo de la causa.
El funcionario aseguró que el gobierno de Mauricio Macri espera las pericias del ADN encontrado en la camioneta
del Escuadrón 35 de la Gendarmería de El Bolsón y otros elementos secuestrados.
Avruj sostuvo: "a todas luces este es un caso difícil, esto tiene que ver por cómo está instalado en la sociedad, pero
quien tiene que determinar las dificultades o no de la investigación es el juez y la fiscal, por eso no es un tema
simple".
El magistrado tambien recibió la visita del secretario de Justicia de la Nación, Santiago Otamendi, y a Adriana
Baigorria, docente de Esquel que frecuenta la comunidad mapuche en Cushamen, quien aseguró, una vez más, que
Maldonado estaba presente cuando Gendarmería reprimió.
DENUNCIARON AL GOBIERNO NACIONAL
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RESUMEN DE PRENSA 07/09/17– MEDIOS DIGITALES

El fiscal federal, Federico Delgado, abrió una causa penal para determinar si desde el Gobierno nacional se encubrió
la desaparición de Maldonado.
En un dictamen, el fiscal le pidió al jefe de Gabinete Marcos Peña que informe de manera "urgente" las tareas que
realizó la Gendarmería en la ruta 40 cuando desapareció el joven. El pedido fue efectuado ante el juez federal,
Rodolfo Canicoba Corral, para que se abra una denuncia que hicieron dos organizaciones, una de ellas representada
por el abogado Eduardo Barcesat.
Delgado también reclamó que se pidan copias de todo lo actuado en Esquel, y recomendó que el juez federal, Guido
Otranto, sea apartado de la causa principal porque fue el que ordenó el procedimiento en el que ocurrieron los
hechos y "articuló la intervención de la fuerza de seguridad".
En tanto, el jefe de Gabinete brindó ayer su informe en el Senado, a donde llevó la nueva postura del Gobierno tras
más de un mes de defender incondicionalmente a la Gendarmería.Prometió: "si se comprueba algún delito no habrá
ningún tipo de encubrimiento ni ningún tipo de plan que obstaculice el trabajo de la Justicia".

EL PATAGONICO
El Gobierno ofrece ahora $2 millones para quien aporte datos de Santiago Maldonado
Diferentes hipótesis que se mantenían sobre la desaparición de Santiago Maldonado, quien desapareció el 1 de
agosto durante un operativo de represión que llevó a cabo Gendarmería Nacional en una comunidad mapuche de
Cushamen, se fueron cayendo una tras otra, pese a los esfuerzos que se realizaron a través de diferentes campañas
mediáticas para deslindar la participación de esa fuerza.
En forma paralela, el cambio de posición del Gobierno nacional llevó a que sus funcionarios realizaran diferentes
acciones improvisadas como una serie de reuniones, viajes tardíos a Esquel y el aumento de la recompensa para
"quienes brinden datos útiles que sirvan para dar con el paradero" de Maldonado.
Es que esta "recompensa" que propone el Ministerio de Seguridad de la Nación, a cargo de Patricia Bullrich, se elevó
a 2 millones de pesos cuadruplicando el valor que había ofrecido a los pocos días de conocerse la desaparición del
joven artesano. En aquel entonces, se dispuso retribuir con 500 mil pesos a quien diera datos precisos.
Este aumento de la recompensa había sido anticipado el lunes desde la cartera nacional, luego de que se conociera
el resultado negativo de la comparación de ADN de la familia Maldonado con el que el Gobierno pretendió probar
que Santiago había sido herido durante un ataque a un puesto en la estancia El Maitén, días antes de su
desaparición.

ADN SUR
Por el conflicto con auxiliares hay 29 escuelas sin clases
Tras la denuncia de padres de dos escuelas en reclamo por la falta de clases debido al conflicto que mantienen los
auxiliares de la Educación respaldados por ATE, la titular de la Defensoría del Pueblo, Cristina Sotomayor, remarcó en
Actualidad 2.0 que “hay 29 escuelas sin actividad” y aclaró que “no tenemos ninguna herramienta para sancionar.
Por eso solicitamos al Ministerio de Educación un informe para poder decirle a la gente qué es lo que está pasando”.
Sotomayor sostuvo que “hasta ahora tenemos dos denuncias del Colegio 743 y de la Escuela 146 de Km 3. Hemos
trabajado de oficio porque son 29 las escuelas con problemas. Según supervisión tenemos del nivel inicial 10
escuelas paradas, 13 de primaria y 6 de secundaria totalmente cerradas”.
“En otras escuelas se dan clases a lo mejor a la mañana sí y a la tarde no”, indicó. De manera que “hay 29 escuelas
sin actividad”.
A su vez, indicó que “hicimos una solicitud al Ministerio de Educación para ver qué medidas se están llevando acabo
con este conflicto de los auxiliares de Educación y si se encuentran realizando algún trabajo en conjunto para tales
fines”.
Por último, Sotomayor sostuvo que “no tenemos ninguna herramienta para sancionar; por eso solicitamos un
informe para poder decirle a la gente qué es lo que está pasando y por qué no hay una solución”.
SERVICIOS PUBLICOS
Consultada sobre posibles reclamos vinculados a los servicios públicos, Sotomayor indicó que actuaron de oficio
“que nos pareció muy exorbitante las tarifas”.
Por tal motivo, indicó que la actuación es “para demandar información y solicitar que la cooperativa haga algo en
estos casos porque estas suman son imposibles de abonar”.
Finalmente, planteó que “se hizo una intervención de oficio y todavía no tenemos respuesta porque salió hace
poco”.
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TIERRA DEL FUEGO
EL DIARIO DEL FIN DEL MUNDO
“No queremos el centralismo porteño pisándonos la cabeza”
Bertone participó del encuentro realizado ayer en Buenos Aires. Los mandatarios rubricaron un documento en el que
sostiene "que la pretensión de la provincia de Buenos Aires perjudica gravemente al resto de las provincias y
municipios". La Gobernadora aseguró que “hace falta una salida política y no judicial para el conflicto planteado por
la distribución del Fondo del Conurbano Bonaerense” y que “no queremos el centralismo porteño pisándonos la
cabeza a todos los provincianos”.
Con la presencia de 21 Gobernadores se realizó ayer en la Casa de la Provincia de San Juan un encuentro con para
acordar una estrategia común en rechazo a la actualización del Fondo del Conurbano que plantó ante la Justicia la
Provincia de Buenos Aires.
Los mandatarios firmaron un documento de 4 puntos en el sostienen que “la pretensión de la provincia de Buenos
Aires perjudica gravemente al resto de las provincias y municipios” y “que siendo un tema que involucra la relación
Nación-Provincias, su tratamiento indefectiblemente debe darse a través del debate entre Nación, las Provincias y el
Congreso de la Nación”, por lo que solicitan “a la Corte Suprema de Justicia no tome resolución alguna hasta tanto
no sean escuchadas todas las jurisdicciones y se dé el debate correspondiente entre Nación, Provincias y el Congreso
de la Nación”, a la vez que ratificaron “la permanente predisposición al diálogo y la búsqueda de soluciones
consensuada”.
Tras la reunión la gobernadora Bertone dijo que el encuentro tuvo por finalidad “ratificar nuestra firme defensa del
federalismo y de los recursos de las Provincias, ya que no queremos el centralismo pisándonos la cabeza".
Abogó por “una salida política y no judicial para el conflicto planteado por la distribución del Fondo del Conurbano
Bonaerense” e interpretó “que la Corte Suprema se convierta en legislador, cuando hay leyes que ha aprobado el
Congreso hace muchos años, no es bueno ni para la Nación ni para nosotros”.
Si bien dijo que “se puede entender el atraso que tiene Buenos Aires en el índice de reparto del fondo”, sostuvo que
“hay que merituar todos los subsidios que el Gobierno Nacional le ha entregado” a esa Provincia. “Tienen la luz, el
agua y el gas más barato que en cualquier lugar de la Argentina. Allí están la mayoría de las universidades y reciben
fondos importantes, así que queremos que se ponga todo en la balanza”, apuntó.
Bertone aseguró que el tema de la distribución de recursos “es una discusión que hay que dar porque queremos ser
un país federal”, y que en esa discusión debe contemplarse, por ejemplo, que “Tierra del Fuego recibe una fuerte
migración de Buenos Aires todos los meses y si hubiese programas en el resto de las provincias, en el norte del país,
y la gente tuviese trabajo en su territorio, no tendría que migrar ni al conurbano ni a nuestra Provincia”.
Adelantó que además de las contestaciones a la demanda judicial de Buenos Aires que analiza cada Fiscalía de
Estado provincial, reiterarán pedidos de audiencia con los miembros de la Corte para explicarles esta situación.
A diferencia de las reuniones anteriores, en las que participaron exclusivamente mandatarios peronistas, ésta vez la
asistencia trascendió las diferencias partidarias.
Estuvieron presentes los gobernadores peronistas Sergio Uñac (San Juan), que ofició de anfitrión, Rosana Bertone
(Tierra del Fuego); Juan Schiaretti (Córdoba); Gustavo Bordet (Entre Ríos); Carlos Verna (La Pampa); Lucía Corpacci
(Catamarca); Domingo Peppo (Chaco); Hugo Passalacqua (Misiones); Juan Manuel Urtubey (Salta); Gildo Insfrán
(Formosa); Juan Manzur (Tucumán) y Sergio Casas (La Rioja) y los vicegobernadores Carlos Ponce (San Luis); Pablo
González (Santas Cruz) y José Neder (Santiago del Estero); los gobernadores de cambiemos Gerardo Morales (Jujuy),
Ricardo Colombi (Corrientes) y Alfredo Cornejo (Mendoza), que llegó tarde. También dieron el presente el socialista
Miguel Lifschitz (Santa Fe); Omar Gutiérrez (Neuquén) y Alberto Weretilneck (Río Negro).
En tanto, no hubo representantes de Chubut, cuyo gobernador, Mario Das Neves, cursa una licencia médica, y por
obvias razones de la Provincia de Buenos Aires.

SUR54
La Gobernadora promulgó leyes para facilitar el acceso a la vivienda y fomentar la actividad productiva
La gobernadora Rosana Bertone promulgó las leyes 1172 y 1173, estableciendo el beneficio de tasa cero a la alícuota
de los ingresos brutos para los créditos hipotecarios destinados a la adquisición, refacción y construcción de vivienda
familiar, única y permanente en la Provincia, y la adhesión de la Provincia de Tierra del Fuego a lo dispuesto en el
artículo 21 de la Ley nacional 27349 de Apoyo al Capital Emprendedor.
La exención del pago del impuesto a los ingresos brutos para los créditos hipotecarios, tiene como finalidad reducir
el costo financiero que deben afrontar los ciudadanos fueguinos que quieran acceder a la vivienda familiar, única y
permanente o refaccionarla, y fue una de las medidas anunciadas por la Mandataria el pasado 16 de agosto.
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En tanto, la adhesión a la Ley 27.349 de "Apoyo al Capital Emprendedor" hace extensivos a la Provincia los
beneficios previstos a nivel nacional para fomentar la actividad emprendedora en el país y su expansión
internacional, así como la generación de capital emprendedor.
Esto se llevará a cabo a través del Fondo Fiduciario para el Desarrollo del Capital Emprendedor (FONDCE), para el
cual el Gobierno dispuso su exención de abonar todo impuesto, tasa y/o contribuciones existentes o a crearse en el
futuro, a todas las operaciones relacionadas directamente a dicho fondo, no así a las operaciones ejecutadas a título
personal por el beneficiario.
Con esta medida, se busca generar facilidades y beneficios a fin que los emprendedores tengan mayores
posibilidades de recibir inversiones que contribuyan al crecimiento de su empresa.

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PROVINCIALES
VOCES Y APUNTES
Alicia recibió a integrantes de la Cooperativa de Trabajo Nehuén
En el marco del acuerdo social santacruceño impulsado por la primera mandataria, integrantes de la Cooperativa de
Trabajo Nehuén de Río Gallegos fueron recibidos este mediodía en la Sala de Acuerdos de la Casa de Gobierno.
Alicia agradeció el compromiso de los cooperativistas y los instó a seguir trabajando articuladamente con el objetivo
principal de “volver a poner a Santa Cruz en el lugar que se merece”. La Gobernadora, estuvo acompañada del
Subsecretario de Asuntos Institucionales del Ministerio Secretaría General de la Gobernación, Mariano Luongo, la
Subsecretaria de Desarrollo Humano y Economía Social del Ministerio de Desarrollo Social, Agostina Mora y el
Director Provincial de Cooperativas y Mutuales, Hernán Chervo.
Al concluir el encuentro, el presidente de la Cooperativa de Trabajo Nehuén, Pablo Salvo, comentó que “se hicieron
presentes en Casa de Gobierno en carácter de agradecimiento por la gestión realizada por la Gobernadora junto a
todo su equipo en lo que fue el transcurso de nuestra formación, como así también agradecer poder seguir
manteniendo una fuente laboral”
Salvo, informó que en este momento son 95 las personas que integran la cooperativa en distintas localidades de la
provincia (Río Gallegos, El Calafate, Puerto Santa Cruz, El Chaltén, 28 de noviembre, C. Luis Piedra Buena, Puerto San
Julián, Puerto Deseado, Cañadón Seco y Las Heras”). Al respecto, agregó, que se realizan “tareas de mantenimiento,
embellecimiento de edificios y saneamiento ambiental en diferentes organismos como Vialidad Provincial y Servicios
Públicos”. “El objetivo nuestro es poder seguir desarrollándonos como Cooperativa, para seguir fortaleciendo lo que
es el cooperativismo”, subrayó el trabajador.
Por su parte, la Subsecretaria de Desarrollo Humano y Economía Social del Ministerio de Desarrollo Social, Agostina
Mora, destacó que “en el marco del acuerdo social que ha lanzado la Gobernadora, nosotros venimos articulando
con actores de la economía social en vistas a lo que nos insta Alicia (Kirchner): tener un Estado presente, activo y
promotor” y, en ese marco, “generar herramientas de acompañamiento y fortalecimiento en los casos que sea
necesario”.
Mora definió: “el sentido real de la economía social” como “ser fuente de generación de ingresos genuinos” y
siguiendo en esa línea agregó: “Estamos convencidos con la herramienta, estamos convencidos en la fortaleza de los
grupos autogestivos”.
Por su parte, el Director Provincial de Cooperativas y Mutuales, Hernán Chervo, resaltó que “las cooperativas de
trabajo han tenido una larga trayectoria en la provincia y a lo largo de un año y medio, venimos tratando de
impulsar, fortalecer y generar nuevas entidades, apoyando a las ya existentes que son muchas y muy diversas ya que
tenemos por ejemplo, cooperativas abordadas a la producción, a la exportación de cerezas en Zona Norte,
cooperativas que están en Zona Centro Agrícola y Ganadera, cooperativas de Consumo, que tienen despensas,
donde el público en general puede acceder a mejores precios que en los hipermercados, tenemos Cooperativas de
Servicio, vinculadas a lo público en determinados sectores como, mantenimiento, mejoramiento de edificios, de
saneamiento ambiental en las instituciones. Desde el órgano local, tratamos de nuclearlas, acompañarlas y hacemos
un seguimiento administrativo, tratamos de ayudarlas para que en ese recorrido, les sea más sencillo”, concluyó.

VOCES Y APUNTES
El Vicegobernador participó de la reunión de Gobernadores
El vicegobernador de Santa Cruz, Pablo González, representó a la provincia en la reunión de gobernadores realizada
en la Casa de la provincia de San Juan donde se definió una estrategia en común sobre el pedido de la provincia de
Buenos Aires para eliminar el tope en el Fondo del Conurbano y reclamar cambios en la Coparticipación del
Impuesto al Cheque, proponiendo la posibilidad de rebajar la alícuota de ingresos brutos.
Los Gobernadores y Vicegobernadores rechazaron la pretensión de la provincia de Buenos Aires de quedarse con los
fondos de las provincias. El rechazo quedó plasmado en un acta firmada por la totalidad de los Gobernadores y
Vicegobernadores que participaron de la reunión. Además, pedirán que la Corte Suprema no se expida sobre el
pedido hasta tanto se debata entre la Nación, las Provincias y el Congreso de la Nación.
Participaron de la reunión los Gobernadores de San Juan, Córdoba, Salta, Jujuy, Catamarca, Corrientes, Entre Ríos, La
Pampa, Neuquén, Tierra del Fuego, Río Negro, Formosa, Misiones, La Rioja, Chaco y Tucumán. Asimismo, asistieron
los vice gobernadores de San Luis y Santiago del Estero.
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Al finalizar la reunión, el vicegobernador señaló: “Este pedido que realiza Buenos Aires unió a las provincias en un
rechazo puesto que implicaría una quita de recursos para cada Estado”. En ese sentido, agregó: “En este encuentro
se pretendió ponernos de acuerdo para defender nuestros derechos y recursos. Se trata de articular entre todos
para llegar a una solución que tiene que resolverse en este marco político, no en el marco Judicial. De hecho así lo
establece nuestra Constitución Nacional, en última instancia, quien decide sobre los cambios en la estructura de
coparticipación de impuestos es el Congreso de la Nación”.

VOCES Y APUNTES
Ávila: “Tecpetrol está llevando la Cuenca al límite con sus provocaciones”
El Sindicato del Petróleo y Gas Privado del Chubut, ante lo duro de las negociaciones de toda la jornada de hoy
miércoles en Buenos Aires con Tecpetrol y la autoridad laboral de Nación, decidió aceptar la propuesta de dicho
Ministerio,de cinco días de conciliación voluntaria por el conflicto; con la intención de encontrar soluciones que
hasta el momento aparecen como muy distantes por la intransigente postura empresarial, de acuerdo a lo
manifestado por su conductor, el Secretario General, Jorge Ávila, quien indicó que “a Rocca le viene como anillo al
dedo pelearse con los sindicatos”.
“Recién estamos terminando de firmar un acta de conciliación obligatoria nuevamente por cinco días más, después
de una reunión durísima que empezó las 10 de la mañana y terminó casi a las seis de la tarde, en la que pudimos
darle continuidad a una complicada mesa de diálogo para normalizar esta situación que no le hace bien a nadie, pero
son cosas de la negociación”, explicó el dirigente apenas terminado el encuentro.
Y agregó que hoy pasaron a un cuarto intermedio después de “una reunión larguísima en términos de todo lo que
pudo haber pasado, con un Ministerio que realmente un noventa por ciento dela presión siempre lapone sobre los
Trabajadores.Por un momento ya no había resoluciones,se insistía conlos despidos y con la consecuencia misma de
decir que nosotros hasta acá llegamos y no podemos hacer más”.
Por ese motivo, señaló que se vivió el momento más tenso del encuentro conciliatorio: “pasó lo de siempre, que los
nervios se consumen cuando uno ve que no hay salida, que son difíciles las negociaciones y hay que estar en un lugar
de cada uno.Estas cosas uno las tiene más afiladas porque viene de un montón de batallas más, pero por ahí hay
actores muy jóvenes que están aprendiendo constantemente, y cuesta contener las iras, las broncas por las formas
en que los provocan,y encima se ve que nadie hace nada. Entonces,pareciera ser que todos los Trabajadores somos
delincuentes y no trabajadores”, lamentó ‘Loma’.
Lo que viene
Ávila explicó que no es un plazo extendido a lo que se venía actuando lo que se ha solicitado, sino que hay un pedido
de aceptación del Ministerio por una conciliación voluntaria de cinco días más para Sindicato y empresas, en cuyo
caso si no la acepta, supuestamente sería pasible de recibir multas.“Nosotros también estamos obligados a
aceptarlo, y esperamos que estos cinco días llamen a la reflexión a todas las partes y podamos realmente encontrar
una salida por el bien de la, gente porque tampoco se la puede tener con la incertidumbre de seguir agregando
días”, advirtió.
En ese marco, añadió que “esto tiene que tener un fin,Tecpetrol tiene que entender que no se puede seguir de esta
manera y que hay que encontrar una salida a este problema con la gente”.
Para la ocasión, el Gremio de Petroleros Privados contó con el acompañamiento del jefe de Gabinete provincial,
Alberto Gilardino, quien mantuvo una reunión con el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, al tiempo que desde el
Sindicato mantenían encuentros con otros sectores de la industria “buscando una salida que nos permita por lo
menos saber si en estos días que van a seguir discutiendo, se puede tener todo salvaguardado para terminar esta
discusión”, reuniones que tuvieron también al intendente comodorense Carlos Linares llamando permanentemente
desde Comodoro “para poner todo lo que podamos poner y acordar en los términos que se necesite en estos cinco
días que no son saludables para nadie, y peor aún lo son para los Trabajadores, que están esperando que este
conflicto se termine”.
Los funcionarios nacionales Marcos Peña, Rogelio Frigerio y Jorge Triaca tomaron parte de las rondas del día de la
fecha sumando más actores a los habituales de estos encuentros por la importancia del mismo para el Gobierno
nacional:“ellos tienen obligación de transmitir algo y ojalá que podamos acercar algún posicionamiento para que
Tecpetrol en la mesa, revea algo de lo que está haciendo”.
Ávila lamentó que por ahora “la solución que propone la empresa son los despidos.Dicen que es la solución en la
Cuenca,la únicaforma en que pueden mantener la actividad son los despidos anunciados por ellos.Eso es lo que han
anunciado, y lo que dicen siempre:que si encuentran alguien que la quiera comprar y quedarse, la entregan”.
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El titular del Gremio más poderoso de la región advirtió que eso es lo que dice Paolo Rocca, el dueño de Tecpetrol.“A
él le viene como anillo al dedo pelearse con los sindicatos y es lo que le muestra al Gobierno de Macri, que quiere
demostrar que los sindicatos son los culpables de todo esto.Siempre quieren quedar bien con el Gobierno nacional,
que solo ayuda a otra Cuenca”.
Plenario resolutivo
Para este jueves a la tarde, el Sindicato tiene previsto el encuentro de sus Cuerpos Orgánicos, encuentro de
Comisión Directiva y Cuerpo de Delegados, para analizar los pasos a seguir.
“Como Sindicato es muy poca la negociación que tenemos ya por hacer. En eso debe ser sincero el Estado en estos
cinco días que nos pidió, para ver cómo va a poder mediar con la empresa y encontrar una solución al
problema.Nosotros fuimos obligados a aceptarla.La situación está así y no podemos tampoco eludirla y perder la
oportunidad de que, si Dios nos ayuda, podamos resolverla”, expresó ‘Loma’.
Por otra parte, dijo que también se complicó programar la reunión con YPF por el problema de los vuelos, ya que no
saben si van a poder volver hoy a última hora o mañana por la madrugada a Comodoro Rivadavia, aunque cabe la
posibilidad de llevarla al día viernes, de ser factible.
“Todo está en manos de los actores que empezaron a negociar a partir de hoy.Nosotros hemos respetado esta mesa
que ha sido muy conflictiva, de las más duras que hemos tenido en los últimos tiempos.También debo felicitar y
respetar a nuestra gente, porque venir y soportar 10; 12 horas de reuniones y demás, y acusaciones de que somos
una mafia y todo eso, es muy duro.Por eso vamos a esperar estos cinco días y para mañana a las 16hs. convocamos
al Plenario que puede anunciar ya un plan de lucha”, concluyó.

LA VANGUARDIA DEL SUR
Colegio 42: Ahora los chicos de Primer Año tienen clases en sala de preceptores
La Sala de Tutorías funciona en una sala de emergencia. EL problema de la luz en las aulas se solucionó a medias.
María del Carmen Carrizo, rectora del Colegio 42, comentó que se solucionó parcialmente el problema de la energía
eléctrica en aulas.
Pero la situación se complicó porque la oficina de profesores y preceptores, que es de pequeñas dimensiones, ahora
es utilizada para dar clases al grupo de alumnos de Primer Año, y los docentes tuvieron que quedar trabajando en la
galería.
"Se solucionó el problema de la luz a medias, porque no era sólo el balastro, sino también el cableado. Ahora, al
tener sobrecarga, salta la térmica y quedan sin luz tres aulas. Está un rato encendida la luz y se vuelve a
sobrecargar", dijo Carrizo.
"Igual, eso está medianamente solucionado, pero seguimos con el problema del aula de quinto año. Y por eso
tuvimos que desalojar de la sala de tutorías a los preceptores, la cual tiene dos metros y medio por dos metros de
superficie. Están todos los chicos amontonados. Es muy feo dar la clase ahí, porque ni siquiera tienen pizarrón. Y los
preceptores quedaron en la sala de emergencias con sus armarios. Es lamentable cómo estamos trabajando",
describió la docente.

LA PRENSA DE SANTA CRUZ
Justicia Federal avanza en causa que involucra a Omar Fernández
Pico Truncado
El Juzgado Federal de Caleta Olivia, a cargo de la doctora Marta Yánez, ordenó ayer tres oficios de “orden de
presentación” para la municipalidad de Pico Truncado, el Banco Santa Cruz de esa ciudad y el Hotel LV, en Caleta
Olivia, en el marco de las investigaciones en la causa contra el intendente de Pico Truncado, por averiguación de
delitos.
Fuentes judiciales aseguraron que “no se trata de allanamientos, sino de orden de presentación, un pedido más
leve”, y detallaron que la denuncia en el Juzgado Federal la realizó la concejal Hilda Nahuin, quien también hizo la
presentación de otra denuncia en el Juzgado de Instrucción 1, a cargo del doctor Cimini.
En ambas causas, se involucra al intendente Omar Fernández, quien es investigado por dos juzgados.
Operativos
Las fuentes consultadas detallaron que la doctora Marta Yánez le encomendó a efectivos del escuadrón 39 de
Gendarmería Nacional que, el intendente o quien se encuentre a cargo le entreguen el expediente administrativo
744/DEM del año 2016 y el expediente por el cual se procedió a la venta de terrenos fiscales a ciudadanos de origen
chino. En este sentido, trascendió que similares documentación fue entregada al doctor Cimini, en la investigación
“paralela” que lleva adelante tanto la justicia ordinaria como federal.
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Además, la comuna debió proporcionar información respecto de entidades bancarias con que opera el Municipio,
debiendo indicar de las cuentas (sucursal, firmantes, apoderados, tipo, cotitulares) y entregar documentación
respaldatoria que acredite la totalidad de los movimientos de la cuenta corriente perteneciente a ese municipio
desde el primero de enero del 2016 a la fecha.
Asimismo, se solicitó el instrumento legal el cual Omar Fernández fuera designado en su cargo, recibo de haberes,
correspondientes al período comprendido desde el inicio de su gestión.
En tanto, la mayor sorpresa fue el operativo realizado en el Hotel LV, ubicado en la calle Gregores de Caleta Olivia,
debido a que se determinó que el domicilio “alternativo” presentado por los ciudadanos chinos, fue en ese lugar.
En este sentido, se confirmó que el hotel se encontraba cerrado y debieron localizar a su propietario para la apertura
del comercio.
Con estas medidas, ahora es la Justicia Federal quien busca avanzar y esclarecer el controvertido tema de posibles
irregularidades en la venta de terrenos a ciudadanos chinos.
En forma paralela, el Juzgado Federal también ordenaría medidas en la causa por irregularidades en la venta de
terrenos a ciudadanos chinos en Caleta Olivia, donde estaría involucrado el intendente Facundo Prades.

VOCES Y APUNTES
“La comuna debe estar a la cabeza del proceso de transformación de nuestro Cañadón y nuestra gente”
dijo Jorge Soloaga
El presidente de la comisión de fomento de Cañadón Seco Jorge Soloaga presidió el acto central por el 17°
Aniversario de la creación institucional de la misma que fue realizado en el Centro Cultural y contó con la
participación de numerosos vecinos e invitados especiales.
El 30 de agosto de 1999 el entonces gobernador de Santa Cruz, Néstor Kirchner promulgó la Ley 2.526 mediante la
cual se creó la comisión de fomento de Cañadón Seco.
En primer lugar se hizo entrega de una carpeta con el expediente de expropiación de las viviendas del barrio Gas del
Estado a cada una de las familias que resultaron beneficiadas, quienes en forma de agradecimiento hicieron entrega
de presentes al jefe comunal y a quienes tuvieron protagonismo en ese importante suceso.
Posteriormente se anunció la inversión de 14.794.717 pesos en obras finalizadas y de 12.719.000 pesos en obras en
ejecución, sumando un total de 27.513.717 pesos, seguido de la entrega de aportes a instituciones por un total de
139.000 pesos.
ASUMIR NUEVOS COMPROMISOS
Al hacer uso de la palabra, el jefe comunal recordó a Néstor Kirchner quien posibilitó que Cañadón Seco tenga la
categoría y referencia de carácter institucional.
“Cuando nos preguntan para qué sirve una institución comunal nosotros respondemos que es para la trasformación
de los pueblos, para las sonrisas de los pibes y la alegría de nuestros mayores”, sostuvo.
Por ello, remarcó que “hay que asumir permanentemente nuevos compromisos y desafíos con coraje, amor y
responsabilidad, abriendo los brazos a los hombres y mujeres que viven en este pueblo. ”
“NOS PUSIMOS A LA CABEZA DE LAS NECESIDADES DE LOS VECINOS”
Al mismo tiempo reiteró que “nos pusimos a la cabeza de las necesidades de los vecinos, mediante un recurso de
amparo cuando el Gobierno Nacional dispuso un tarifazo tremendo para todos los argentinos y así se impidió que se
aplique esa medida injusta contra la gente”.
“También una institución comunal sirve para calmar la angustia e incertidumbre de las familias por el miedo de
quedarse sin el techo cuando una empresa insensible amenaza con quitarles lo que más quieren: sus viviendas”,
refiriéndose a los vecinos del barrio Gas del Estado.
Respecto de la situación de los trabajadores petroleros señaló: “es nuestra obligación moral ponernos al frente
cuando nuestros amigos, hermanos y trabajadores también viven la angustia de quedarse sin trabajo producto de
empresas que solo miran la ecuación de rentabilidad y la ganancia y no miran el costado social. Por eso también
hemos dado un paso trascendente en esa línea, hemos aportado nuestra iniciativa y llegamos a instancias de la vida
republicana en Santa Cruz para pedir la sanción de la Ley de Emergencia pública petrolera, para que paren los
empresarios con esto de tirar a nuestros amigos trabajadores a la calle como si fueran perros y levantamos una
bandera que vamos a sostener permanentemente ‘o es pa’ todos el petróleo o es pa’ nadie la ganancia’”, expresó
firmemente el presidente de la comisión de fomento ante el fuerte aplauso de todos los vecinos.
PIDIO QUE RESPETEN A LA GOBERNADORA
En otro orden de cosas, reconoció que “yo tengo profundas diferencias con el presidente de los argentinos Mauricio
Macri, diferencias viscerales, ideológicas, políticas y conceptuales; difiero absolutamente con el presidente en su
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política económica; no estoy de acuerdo con el megaendeudamiento al que nos somete ni en la megadevaluación
que nos ha sacudido, no estoy de acuerdo con muchas cosas que tienen que ver con lo económico y su visión social.
Pero hay una cosa que para mí es fundamental: es el presidente de los argentinos, lo eligió la mayoría y merece el
respeto por mas diferencias que podamos llegar a tener, lo mismo planteo y pido para nuestra gobernadora Alicia
Kirchner, merece respeto porque ha sido elegida por el mandato de la mayoría de hombres y mujeres de Santa
Cruz”. Ante el aplauso cerrado del auditorio.
“En Santa Cruz hemos vivido cosas tremendas y yo me hago cargo también de no haber levantado la voz cuando se
violentan los símbolos y emblemas de la vida democrática cuando en la Cámara de Diputados quemaron cubiertas
junto a una entrada de gas que no reventó de casualidad o cuando tomaron casi de rehén a la gobernadora de la
provincia en la Casa de Gobierno, ni cuando se metieron violentamente en la residencia oficial y fue casi asaltada
junto a nuestra ex presidente Cristina Fernández de Kirchner. Esas cosas no pueden pasar y por eso importante no se
puede confundir la lucha con la barbarie”.
“NO PERMITAMOS ZAPATILLAS COLGADAS EN LAS CALLES”
Paralelamente, el jefe comunal también destacó grandiosos gestos que nos conmueven sobre todo en este
momento que viven los pibes que no tuvieron educación este año, “aquí en Cañadón debo destacar el gesto de
nuestros docentes porque hicieron valer su vocación, aquí se ha privilegiado una escala de valor que debe ser
inquebrantable en la vida de los pueblos, primero está la educación de nuestros pibes, después la organizaciones
representativas y por último quienes tienen intereses legítimos pero nunca para poner en riesgo la educación de
nuestros pibes”.
Finalmente pidió a las Fuerzas de Seguridad que sigan fortaleciendo el proceso de seguridad del pueblo y exigió
tanto a ellas como a los vecinos que “no permitamos bajo ningún concepto que haya zapatillas colgadas de los cables
de nuestro pueblo, porque ahí se mete la droga y se mata a nuestro pibes. Sabemos que toda la comunidad está
comprometida con la lucha con ese flagelo tan doloroso, por eso pido a Dios que siempre ilumine y proteja a este
nuestro pueblo”.

AHORA CALAFATE
Belloni, Ianni y Arabel rechazan proyecto del FPV en diputados
Aunque pertenecen al mismo sector, las máximas autoridades de El Calafate rechazaron el proyecto de los diputados
kirchneristas para crear el Instituto del Salario. Sostienen que primero hay que normalizar los pagos de sueldo para
comenzar a hablar de otros temas. Ianni agrega que la idea no contempla sus convicciones de un salario digno junto
a deberes y derechos de trabajadores.
Al unísono, el intendente de El Calafate, la presidenta del Concejo Deliberante y candidata a Senadora y el diputado
por el Pueblo de Chalten, Tres Lagos y El Calafate salieron a diferenciarse del proyecto del Frente para la Victoria que
intenta la creación de un Instituto del Salario en Santa Cruz.
Los gremios opositores fueron los primeros en levantar la voz para mostrar el desacuerdo, haciendo interpretaciones
que indican un intento del gobierno para anular herramientas como el sistema de paritarias.
Los autores del proyecto dicen que esa no es la intención y que “a una buena idea, la están transformando en una
mala noticia. El Estado necesita tener una organización en lo que respecta a la mayor erogación que tiene el
Gobierno - que afecta el 95% del presupuesto - en los tres poderes del Estado, en los municipios y sus entes
descentralizados en lo que tiene que ver con la política salarial”.
El proyecto de ley fue presentado por los diputados Matías Mazú, Víctor Álvarez, Myriam Alonso, Matías Bezi y Hugo
Garay.
Con un comunicado Mazú aclaró que el instituto trabajaría en la elaboración de una “Base de Datos Unificada de los
Salarios, Jubilaciones y Pensiones contributivas que se abonen a través del Estado Provincial”, para avanzar paulatina
y sostenidamente en la elaboración de un “Nomenclador de Funciones de empleados y niveles intermedios del
Estado Provincial”.
Además que el organismo “podrá efectuar desarrollos informáticos que faciliten la inmediata determinación de
impacto en las modificaciones de los salarios en los diversos Organismos y poderes del estado; como así también
elaborar con el área de Estadísticas y Censos provincial el Salario Mínimo, Vital y Móvil para la provincia de Santa
Cruz; entre otras funciones”.
Desde El Calafate no se tardó en la reacción política. El sector que lidera el intendente Javier Belloni se mostró en
desacuerdo. “Creo que es inoportuno y no porque sean tiempos electorales, es inoportuno porque primero se debe
normalizar el pago de las jubilaciones y salarios de todos los trabajadores públicos para después hablar de este tipo
de proyectos. Además creo que no contempla nuestras convicciones que son la dignidad del salario junto a los
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derechos y deberes de los trabajadores”, dijo la presidenta del Concejo Deliberante y candidata a Senadora Ana
Ianni en dialogo con ahoracalafate.com.ar.
La concejal y candidata dijo que esta es la opinión también del intendente y del Diputado por el Pueblo.
Por su parte, Jorge Arabel dijo en un comunicado que “más allá de la necesidad de ordenar el funcionamiento del
Estado, la discusión del proyecto en cuestión no está incluida entre los temas a tratar en el presente año legislativo”.
“Si bien la iniciativa del Diputado Mazú aborda una cuestión que nadie desconoce en esta provincia, creo que
debemos ser prudentes a la hora de llevar adelante el debate de cómo hacemos para darle a Santa Cruz un
funcionamiento más razonable, más equilibrado y más justo”, agregó el legislador.
El intendente también mandó su mensaje diciendo que “necesitamos, antes que nada, darle certidumbre a los
trabajadores públicos de cuándo y cómo van a percibir sus salarios. Este tipo de propuestas no acompañan el
esfuerzo que está haciendo el gobierno para calmar los ánimos de los trabajadores públicos que son quienes
soportan sobre sus espaldas todo el peso de esta crisis provocada por la falta de financiamiento y la falta de respaldo
del gobierno nacional”.

PATAGONIA NEXO
Nueva reunión de la Intersindical por la crisis en YCRT
Oscar Sánchez, secretario general de APS, informó que hoy se llevará a cabo un encuentro entre los cuatro sindicatos
nucleados en la órbita del yacimiento para volver a discutir sobre la problemática que aqueja a los trabajadores.
Además, dio cuenta de la resolución que la Intervención emitió para despedir a la agente Esmeralda Bazán: “Es
arbitraria y claramente antisindical”, manifestaron desde la entidad.DSC_OSCAR-SANCHEZ0565
Luego de la decisión adoptada por los afiliados de ATE Río Turbio de hacer una toma pacífica de la mina, los demás
sindicatos con injerencia en YCRT se organizaron de cara a lo que se viene. De esta manera, APS, Luz y Fuerza y La
Fraternidad se sumarán a una reunión que se llevará a cabo hoy al mediodía, en donde compartirán los reclamos y
plantearán sus inconvenientes. Por caso, APS reportó el despido de Esmeralda Bazán, una agente que se
desempeñaba en las oficinas de YCRT en Buenos Aires. “Estamos preocupados por este panorama. Posiblemente
vamos a elaborar un documento, cuyos ejes serán la denuncia del convenio colectivo de trabajo, las resoluciones
que están circulando en el yacimiento, la puesta en marcha de la Central Termoeléctrica, el presupuesto y demás
puntos comunes a los intereses de los trabajadores”, sostuvo Sánchez.
El dirigente se hizo eco del comunicado emitido desde la institución, en repudio a la desafectación de Bazán. La nota
expone que “su accionar constituye una práctica desleal, contraria a la ética de las relaciones profesionales del
trabajo, ostensiblemente discriminatoria”. “La resolución es arbitraria y claramente antisindical”, exclama.

LA OPINIÓN AUSTRAL
Gremios critican proyecto de Mazú y los diputados toman distancia
Luego que en la última sesión tomara estado parlamentario el proyecto del diputado Mazú para crear el Instituto del
Salario, que “unifique” criterios salariales en todos los poderes del Estado y Municipios, los gremios y varios
diputados salieron al cruce con mayor o menor grado de crítica. Tras la polémica, el propio autor le bajó decibeles y
dijo que hoy “no se está tratando”. Con el número 349/17 el presidente del Bloque del Frente para la Victoria Matías
Mazú, junto a sus pares de bloque: Matías Bezi, Víctor Alvarez, Myriam Alonso y Hugo Garay, presentó un proyecto
de ley tendiente a crear en ámbito gubernamental el “Instituto del Salario y de Formación de Políticas Públicas”.
El autor en los fundamentos de la iniciativa, que tomó estado parlamentario en la sesión pasada y pasó a comisiones,
hace una suerte de crítica al resultado que tuvo en el impacto de la masa salarial en el Presupuesto Provincial la
aplicación de la ley 2.986 de Paritarias, que restableció en Santa Cruz la vigencia de los Convenios Colectivos
sectoriales.
Sostiene que con dicha ley “se intentaron mejorar las condiciones laborales, se incorporaron nuevos deberes,
derechos y obligaciones tanto para la parte empleadora como para la parte trabajadora, como asimismo se buscaron
mecanismos tendientes a reestructurar los sistemas salariales que regían los distintos regímenes laborales”, y que
analizando el resultado “luego de 10 años de vigencia” se encuentra con que “las islas salariales, en vez de reducirse,
aumentaron”, y afirma que a partir de las Paritarias, “cada sector gremial logró para sí mejoras sustanciales en su
régimen salarial, incrementos que cada vez se tornaron lejos de la verdadera realidad del erario provincial”.
Según Mazú, esto ocurrió porque hubo una “falta de coordinación y control y la inexistencia de criterios comunes y
uniformes para negociar como consecuencia de las numerosas negociaciones colectivas abiertas”, sostuvo.

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Calificando eso como un “descontrol”, sostuvo que a dicho descalabro se sumaron también organismos que
“construyeron esquemas salariales propios, por fuera de las Paritarias, y que fueron convalidados por el propio
Poder Ejecutivo”, poniendo como ejemplo al IDUV, a la CPS, a los Aeronáuticos, el Tribunal de Cuentas, etc.
Por lo que la intención con la creación de este Instituto, sostiene en los fundamentos el presidente del Bloque del
FPV, es “intervenir” en las políticas salariales, “coordinando y estableciendo posiciones homogéneas y fundadas en
los antecedentes que posea el ISFPP al momento de la discusión salarial”, con el objetivo final de llegar a largo plazo
al criterio de que “a igual trabajo igual remuneración”, eliminando así las llamadas “islas salariales”.
El articulado
En la parte resolutiva, el proyecto de ley califica al Instituto del Salario como un ente autárquico, con capacidad de
actuar pública y privadamente, conforme a las misiones y funciones que asigna la presente Ley, que dependerá
administrativamente de la Jefatura de Gabinete de Ministros del Poder Ejecutivo Provincial. Cabe indicar que al ser
un ente “autárquico” debería contar con personal y presupuesto propio.
Plantea que tendrá injerencia en “la determinación de las políticas salariales del Poder Ejecutivo para la totalidad de
los funcionarios, niveles intermedios y empleados de la Administración Central, Entes Autárquicos, Entes
Descentralizados, Sociedades del Estado, Sociedades Anónimas propiedad del Estado Provincial, Unidades
Ejecutoras, del Poder Legislativo, del Poder Judicial, de las Comisiones de Fomento y de las Municipalidades que
adhieran”. Además crea un directorio que administre este Instituto de un Presidente y cuatro vocales, con
representación de los tres poderes del Estado.
Gremios en alerta
Tras hacerse público el tenor del proyecto, los gremios se organizaron en contra del mismo, alertaron que violaba la
ley de Paritarias y que era un intento encubierto de derogarlas.
Ayer se reunió la Mesa de Unidad Sindical para unificar criterios de acción ante la posibilidad de que el proyecto
avance en su tratamiento legislativo (ver página 6).
Previamente, Juan José Ortega, referente del gremio de Judiciales y de la CTA, sostuvo que el proyecto “avasalla los
derechos ya constituidos y sólo busca poner una pata en la cabeza a los trabajadores”, y afirmó que, si bien la
intención en sí misma de “eliminar” las islas salariales no es mala, en esta iniciativa “no se contempla la voz de los
trabajadores y plantea un directorio formado sólo por la patronal”, pero lo que es fundamental es que crear un
organismo “regulador” es innecesario, “porque hay un espacio constituido de debate salarial que es la Paritaria de
cada sector”.
Para Ortega es otro “manotazo de ahogado” más del Gobierno Provincial, que plantea una medida en cierto punto
demagógica, “cargando contra el salario de los que más ganan, con intención de cooptar el voto de los menos
favorecidos”.
Disgusto interno
A medida que la polémica por el proyecto fue subiendo temperatura, quien salió al cruce fue el diputado de El
Calafate, Jorge Arabel. Afirmó que antes que nada se debe “priorizar la paz social”, y sostuvo que más allá de que
existe la necesidad de ordenar el funcionamiento del Estado, “la discusión de este proyecto no está incluida en los
temas a tratar este año”.
“Si bien la iniciativa del diputado Mazú aborda una cuestión que nadie desconoce en esta provincia, creo que
debemos ser prudentes a la hora de llevar adelante el debate de cómo hacemos para darle a Santa Cruz un
funcionamiento más razonable, más equilibrado y más justo”, señaló Arabel, e insistió en que “es importante
escuchar la voz de todos los santacruceños, en un contexto en donde el sector público representa más del 60% de la
población económicamente activa”.
Y agregó que hoy todos los esfuerzos deben estar dirigidos a que “prime la paz social en la sociedad santacruceña”.
La oposición
Desde la oposición, uno de los diputados que se expresó fue Alberto Lozano (UCR), quien compartió la mirada
gremial sobre el proyecto, señalando que “pícaramente” la iniciativa no fue mandada a la Comisión de Trabajo sino a
la de Presupuesto y Hacienda y a Legislación General.
Para Lozano el organismo que se pretende crear “choca contra los gremios y las paritarias”, y consideró que al hablar
de las islas salariales, la pretensión es “querer equiparar para abajo y perjudicar así al trabajador que paga las
consecuencias de una debacle presupuestaria”.
Por otra parte, la diputada Gabriela Peralta pidió al FPV que retire el proyecto directamente, iniciativa que “avasalla
y avanza sobre los convenios colectivos de trabajo y los derechos de los trabajadores”.

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Lamentó que el Gobierno en lugar de convocar a todos los sectores a sus respectivas paritarias, “intente cercenar
derechos constitucionales”, reclamando que “los espacios de diálogo” permanezcan abiertos, ya que costó mucho
conseguirlos en Santa Cruz.
Bajar decibeles
Ayer, a través de un comunicado, el diputado Mazú afirmó que “a una buena idea la están transformando en una
mala noticia”, e insistió en la necesidad de que el Estado tenga “una organización en lo que respecta a la mayor
erogación que tiene el Gobierno -que afecta el 95% del presupuesto- en los tres poderes del Estado, en los
municipios y sus entes descentralizados en lo que tiene que ver con la política salarial”.
Mientras resaltó que hoy el proyecto no se está tratando en la Legislatura, planteó que la creación del Instituto no
pretende “generar un espacio de definición, sino que servirá para organizar la información que permita definir
políticas públicas”, armando una base de datos de los salarios, jubilaciones y pensiones que abone el Estado
Provincial, al tiempo de coordinar con los otros poderes “el dictado de cursos, jornadas, seminarios y
especializaciones para los funcionarios intermedios y superiores”.

TIEMPO SUR
Proyecto que crea Instituto del Salario no será tratado este año aunque fue repudiado por los sindicatos
El diputado Jorge Arabel aclaró que no será tratado este año en la Legislatura. Mazú -autor del proyecto- sostuvo
que "de una buena idea, se hizo una mala noticia". Estatales y la MUS repudiaron la iniciativa y advirtieron que "se
busca cercenar derechos adquiridos".
El proyecto del diputado Matías Mazú que crea el Instituto del Salario y de Formación de Políticas Públicas no será
tratado este año, según aclaró ayer el diputado Jorge Arabel, quien además pidió "ser prudentes a la hora de llevar
adelante el debate de cómo hacemos para darle a Santa Cruz un funcionamiento más razonable, más equilibrado y
más justo”.
Más temprano, el autor del proyecto -que la semana pasada adelantó este medio- indicó que “a una buena idea, la
están transformando en una mala noticia". Sucede que varios gremios, incluso la Mesa de Unidad Sindical, repudió la
iniciativa.
"El Estado necesita tener una organización en lo que respecta a la mayor erogación que tiene el Gobierno -que
afecta el 95% del presupuesto- en los tres poderes del Estado, en los municipios y sus entes descentralizados en lo
que tiene que ver con la política salarial”, argumentó Mazú.
Asimismo, resaltó que “no está en tratamiento en las comisiones de trabajo de la Cámara de Diputados y no está
siendo analizada por los legisladores”, insistiendo en que “no se busca generar un espacio de definición, sino que
servirá para organizar la información que permita definir políticas públicas”.
En su comunicado, explicó que "las funciones que desempeñaría este Instituto, girarán en torno a la elaboración de
una Base de Datos Unificada de los Salarios, Jubilaciones y Pensiones contributivas o no que se abonen a través del
Estado Provincial; avanzar paulatina y sostenidamente en la elaboración de un Nomenclador de Funciones de
empleados y niveles intermedios del Estado provincial; además de coordinar la capacitación de los distintos Poderes
y Universidades Públicas el dictado de Cursos, Jornadas, Seminarios, Especializaciones de nivel terciario y
universitario para el universo de los funcionarios intermedios y superiores de los tres Poderes y Municipios".
MUS
La Mesa de Unidad Sindical ayer se reunió para analizar el proyecto.
"Vamos rechazar que lo saquen de la comisión que no se trate nunca", indicó Hugo Jerez, referente de APROSA
integrante de la MUS.
Sostuvo que se busca "aplastar el pedido de salario de cada sector" y que "es una clara interferencia en las
negociaciones paritarias".
"No vamos a aceptar que ninguna ley de un solo sector, que no está ni discutida ni hablada y trate de cercenar
derechos ganados por los trabajadores", advirtió. Hoy el sector realizará una conferencia de prensa en la que
detallará su postura.

LA OPINIÓN AUSTRAL
Gremios rechazaron el Instituto del Salario
Los sindicatos estatales, congregados en la Mesa de Unidad Sindical, rechazaron de forma conjunta la pretensión
parlamentaria de crear el “Instituto del Salario”. Manifestaron que hoy brindarán una conferencia de prensa para
exponer sus puntos de vista, además de anunciar un plan de lucha “para combatir esa pretensión del Gobierno
Provincial de seguir ajustando a la clase trabajadora”, detallaron.
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Ayer a las 17 horas, la Mesa de Unidad Sindical (MUS) llevó adelante una reunión para analizar el proyecto de ley del
oficialismo que propone la creación del “Instituto del Salario”.
El encuentro se desarrolló en la sede de ADOSAC Provincial y allí debatieron sobre la iniciativa, además de coordinar
un plan de lucha que colocará nuevamente a los trabajadores en la calle “para defender los derechos conseguidos”,
explicaron a La Opinión Austral.
Asimismo, detallaron que hoy brindarán una conferencia de prensa para dar a conocer las medidas que ejecutarán.
APROSA
Por su parte, el gremio de los profesionales de la salud expresó su rechazo al proyecto que el Gobierno Provincial
intentará convertir en ley en la Cámara de Diputados, con el simple objetivo de mostrarse “pseudo progresista, pero
escondiéndose en su verdadera intención de profundizar aún más su ajuste social en la clase trabajadora”.
APROSA manifestó que “se trata de la creación de un organismo que pueda intervenir en la fiscalización de las
políticas salariales del Gobierno para todos los empleados de la administración central, incluidos los municipios,
comisionados de fomento, el Poder Legislativo y el Judicial”.
Al respecto, desde el sindicato expresaron que esta propuesta sólo “revela el mar de contradicciones por el que
naufraga este Gobierno y también su incesante alejamiento de la ciudadanía: por un lado dicen que no hay dinero
para pagar los sueldos en tiempo y forma ni dar aumentos, sin embargo, este Gobierno pretende agrandar aún más
el Estado con nuevos cargos políticos y funciones que están superpuestas, e intentando quebrantar el marco
normativo que regula las negociaciones colectivas del salario de todos los empleados estatales”.
En este punto, integrantes de la Comisión Directiva de APROSA reflejaron que el único camino que debe tomar este
Gobierno es en la dirección de dar “apertura a las paritarias, tal como se lo venimos solicitando y no pensar en
proyectos que son inviables”.

LA OPINIÓN AUSTRAL
Gobierno esperanzado en evitar los despidos en SINOPEC
Ayer, el vicegobernador de Santa Cruz Dr. Pablo González remarcó que el ministro de la Producción Leonardo
Alvarez, el presidente del Instituto de Energía (IESC) Jaime Alvarez, el titular del Sindicato de Petróleo y Gas Privado
de Santa Cruz Claudio Vidal y el secretario general de Petroleros Jerárquicos José Lludgar mantuvieron una reunión
el pasado martes con autoridades de la empresa SINOPEC.
Cuarto intermedio
En ese encuentro las partes trataron la situación de 130 trabajadores que recibieron telegramas de despido; el
funcionario recordó que la reunión “pasó a un cuarto intermedio hasta mañana (hoy) a las 9 de mañana, donde
esperamos poder solucionar la situación gravísima de estas familias”, y agregó: “sabemos que los trabajadores ya
iniciaron medidas de fuerza en las bases operativas de SINOPEC, y esperamos poder revertir estos despidos mañana,
porque para nosotros la urgencia es que la gente tenga y mantenga su trabajo sin reducciones salariales y sin
modificaciones a las condiciones de trabajo”, concluyó.

TIEMPO SUR
No hubo ofrecimiento salarial para los legislativos
Fue en la segunda reunión paritaria realizada ayer. Mañana en asamblea el sector resolverá si toman qué medidas
adoptarán.
No hubo ofrecimiento salarial en la segunda reunión paritaria que se realizó ayer representantes de la presidencia
de diputados y paritarios de APEL.
El gremio -que representa a los empleados legislativos, y esperan mejoras en ítems que componen su salario efectuará mañana una asamblea para definir qué medidas llevarán adelante , ya que el próximo encuentro paritario
será el 15 de septiembre.
En tanto, Sergio Abramenko, secretario General de APEL, opinó que el proyecto de Ley oficialista que propone la
creación del Instituto del Salario y Formación en Políticas Públicas "provoca malestar en la gente", aunque aclaró que
"no tendría asidero legal que se contrapone con otras normativas".
El dirigente señaló que "no es el momento", y que el gobierno "debe sentarse con cada gremio para ver sus
necesidades".
También sostuvo que "el proyecto pareciera que apunta a la creación de un órgano consultivo, aunque hay que
preguntarles a los diputados que lo crearon".

LA OPINIÓN AUSTRAL
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ATE Río Turbio tomó de forma pacífica Mina 5
La medida se debe a la intención de los trabajadores de contar con respuestas positivas a los planteos elevados a la
intervención. De acuerdo con lo que se estableció en la asamblea de base de la entidad sindical, los mineros
permanecerán en el interior hasta que se reincorpore a los despedidos y la parte empleadora retire la denuncia del
convenio colectivo de trabajo en el Ministerio de Trabajo de la Nación.
En la asamblea realizada este miércoles, los trabajadores afiliados a ATE Río Turbio determinaron hacer una toma
pacífica de la mina en YCRT.
Advirtieron que se trata de una acción que tiene el propósito de “defender los derechos conquistados y la
estabilidad laboral a través de una medida de acción directa”.
Según se supo, los mineros permanecerán en el interior hasta lograr la reincorporación de los despedidos que
prestan servicios en la sede ubicada en Buenos Aires, demandando asimismo el retiro de la denuncia de los
convenios colectivos de trabajo por parte de la intervención en el ámbito del Ministerio de Trabajo de la Nación,
además de exigir el cumplimiento del pago del aumento salarial del 21% estipulado para todos los trabajadores que
dependen del Estado Nacional.
“Desde que asumió esta intervención, están vaciando cada vez más la empresa. Hay despidos, retiros voluntarios,
jubilaciones anticipadas. Ya habíamos anunciado a la empresa que nos encontrábamos en estado de alerta,
movilización y asamblea permanente, y además de esto organizamos reuniones sectoriales con los compañeros”,
mencionó el secretario adjunto de la seccional, Cristian Gordillo, según informó el portal Patagonia Nexo.
Tras haberse hecho cargo de la seccional, el referente admitió que “el sindicato no cuenta con dinero, no hay
manejo de caja”. Asimismo, señaló: “Tenemos gente trabajando en el aspecto administrativo que hizo un
relevamiento en distintos comercios. Se encontraron deudas significativas, pero nada que no se pueda afrontar. Lo
que nos complica es el acceso a las cuentas; por un error se envió otro número de cuenta y eso nos está retrasando”.
Retomando la acción gremial de ayer, explicó que la demanda principal de los manifestantes pasa por la
reincorporación de los empleados despedidos, tanto en Buenos Aires como en la Cuenca Carbonífera, además de la
defensa del convenio colectivo de trabajo y los puestos de trabajo. Esos son los puntos primordiales que los
dirigentes le presentaron a la intervención mediante un petitorio, aguardando respuestas favorables a cada uno de
los planteos.
Este medio supo que la decisión de los trabajadores es permanecer en la mina hasta que haya respuestas concretas
a las demandas y dieron cuenta que “todo lo que sucede dentro de la mina será responsabilidad de los trabajadores,
mientras dure la toma la intervención nada podrá decidir sobre ese sector de trabajo”, detallaron.
Intervención y ATE
Horas antes de que se realizara la asamblea de ATE, desde la intervención se envió una nota a la nueva comisión
directiva del sindicato.
El escrito firmado por Omar Zeidán abrió una convocatoria a dicha entidad sindical y a los otros gremios para formar
parte del “proceso que hemos comenzado con todos los trabajadores del yacimiento y que tiene como objetivo
producir carbón, generar energía para los argentinos y vivir cada vez menos del subsidio del Estado Nacional, que
hoy representa el 100% de nuestro presupuesto”.
Más adelante, la patronal rechazó “categóricamente la afirmación de que incurrimos en persecución ideológica y
hostigamiento de las actividades gremiales. Bajo ningún punto de vista la intervención está de acuerdo con estas
acusaciones, acciones que no son propias de un gobierno democrático”.

LA OPINIÓN AUSTRAL
200 efectivos fueron exonerados y otros 500 son investigados
Así lo reveló el secretario de Seguridad de la provincia, Lisandro de la Torre. Dijo que hacía varios años que no se
tramitaban sumarios internos y que se encontraron casos de personas cumpliendo condena y que seguían cobrando
como policías. También aseguró que se vulneró la ley de ingreso a la fuerza y faltó formación.
Haciendo una cruda descripción sobre el estado de la fuerza policial, el secretario de Seguridad de la provincia, Dr.
Lisandro de la Torre, habló sobre los cambios a realizar por la Ley de Seguridad Ciudadana y se refirió al escenario
que encontró cuando se hizo cargo, además de informar sobre las acciones que se hicieron puertas adentro de la
institución.
En una entrevista otorgada al portal Pasa en Santa Cruz, el funcionario admitió que se produjo una gran cantidad de
bajas en las fuerzas a partir de la concreción de sumarios internos, los cuales hacía unos cuatro años que no se
tramitaban.
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Esa situación “genera varios inconvenientes, por un lado en el personal, porque está aquel que dice ‘yo hago las
cosas bien y él que las hace mal, y tenemos los mismos resultados’”.
Así reveló que en lo que va de esta gestión “se tramitaron entre exoneraciones, cesantías y bajas, alrededor de 200.
Para nosotros no es un placer tener que hacer esto, pero es un deber”.
Aclaró que de haberse tramitado los sumarios en su momento, quizás no hubiesen tenido que enfrentar situaciones
más graves producto del paso del tiempo.
Aseguró que la ausencia de sumarios “trajo aparejado que deban tramitar exoneraciones en este corto lapso como
nunca, porque la realidad es que no es común la exoneración”. Recordó que al iniciar la gestión había un efectivo
que tenía sentencia y estaba detenido, cobrando como policía porque nadie le había tramitado el sumario. Teníamos
familiares de personas que habían perdido la vida por muerte natural y no podían cobrar los haberes que les
corresponde por ley, porque no se había tramitado el sumario y hoy se están iniciando todas esas actuaciones, dos,
tres, cuatro o cinco años después y la Jefatura se ocupó de desarchivar sumarios administrativos que venía
tramitando el personal desde el 2009 y que fueron cajoneados, por lo que hay muchos que prescribieron”. Entre los
casos demorados, había hechos de violencia doméstica y de abuso. “Nosotros asumimos el 10 de diciembre y el 16
de enero se expulsaba de la fuerza al narcobombero”.
En cuanto a los efectivos involucrados en distintas causas, indicó que son alrededor de 500, pero que ese número
“no llega al 10 por ciento de la institución, en términos de la medida. En términos de la sanción, no creo que los 500
vayan a terminar con una sanción, porque lo que pedimos al jefe de la Policía es que aplique criterios netamente
constitucionales”.
Formación
De la Torre indicó que “durante muchos años se ingresó a la institución policial no solamente sin tener el secundario,
sino que los requisitos de ingreso fueron quebrantados de todas las formas posibles y así hubo incorporaciones que
se excedían en la edad, sin haber aprobado los tests psicológicos, sin tener el secundario completo, sin determinadas
herramientas que son básicas, a la hora de proporcionarlo, pero no sólo porque lo disponga la ley, sino porque se
requiere de determinados conocimientos para comenzar a hablar de otros conocimientos”.
Y así, marcó que mientras que en otros países para ingresar a la carrera policial se debe cursar una licenciatura, para
ser parte del personal activo en Santa Cruz se exige como requisito mínimo el nivel secundario: “requerimiento que
no se cumplió, cuando hace veinte años atrás era una condición sine qua non”.
A pesar de ello, De la Torre y su equipo remarcan que se tiene “una institución policial donde se trabaja de manera
muy profesional”. Una realidad que se analizó al discutirse “sobre qué clase de ley íbamos a adoptar y en qué
cuestiones íbamos a avanzar. Entendiendo que nuestra Policía, por naturaleza, es de proximidad y de cercanía,
porque se diferencia de los grandes centros urbanos donde hay un efectivo cada 500 habitantes, y siempre se aspira
a que haya un efectivo cada 110 o 130 habitantes, acá contamos con uno cada 57 habitantes, es decir teníamos dos
efectivos por cada uno, a lo que aspira cualquier Policía”, pero lo que ocurre es que en realidad: “no cuentan con la
formación adecuada”, algo que quedó en claro el año pasado cuando se envió a 800 efectivos a hacer cursos de
arma y tiro para portar armas de fuego, y aprobaron sólo 176, debido a que la mayoría no pasó los tests psicológicos
y otros tantos no alcanzaron los conocimientos necesarios como para hacer uso de armas de fuego.
Para el funcionario, “con la Ley de Seguridad no inventamos la pólvora, de hecho sabemos que doctrinariamente
podíamos haber avanzado más inclusive, pero se optó por tomar el contexto de la provincia y avanzar con
determinados cambios en lo que son los paradigmas nuevos de la Seguridad Pública, y de esta forma que deje de ser
un mérito de la Policía o un déficit de la Policía”, explicando que “al volcarse toda la seguridad en manos de una
institución que es por naturaleza del Estado, este deposita la legitimidad y la legalidad en el uso de la fuerza en la
institución policial, lo que acarrea cuestiones que se deben analizar”.
Cupo femenino
Si bien vienen ascendiendo mujeres en la Policía, el secretario de Seguridad adelantó que “este año se tienen que
graduar los ascensos de las futuros comisarios y por la Ley de Seguridad Pública se va a evaluar el cupo femenino en
áreas de comandancia, por primera vez”, siendo el primer antecedente en la década del ‘90, cuando ingresó el
primer grupo de mujeres al cuerpo de oficiales.
Existen policías mujeres que se han ido perfeccionando y “lo que tratamos de hacer es generar los espacios para que
estas profesionales que se formaron en la institución, estén en esos lugares. Contamos con una subcomisario que se
capacitó en el Grupo Halcón, entre otros ejemplos”.

LA OPINIÓN AUSTRAL
Para frenar rechazo del DNU, se volvió a prometer una propuesta
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Este martes, en el Ministerio del Interior, senadores patagónicos, acompañados por el vicegobernador Pablo
González y el ministro de la Producción de Santa Cruz, Leonardo Alvarez, se volvió a abordar el tema de los
reembolsos por puertos patagónicos que fueron derogados por un Decreto de Necesidad y Urgencia del Gobierno de
Mauricio Macri a fines del año pasado, el que los legisladores pretenden sea rechazado en el recinto en la sesión de
hoy.
El encuentro estuvo encabezado por el secretario del Interior, Sebastián García de Luca y el coordinador del Proyecto
Patagonia, Ignacio Torres y participaron, además de las autoridades santacruceñas, los senadores de Tierra del
Fuego, José Ojeda; de Chubut, Alfredo Luenzo, y la de Santa Cruz, María Esther Labado.
Allí se avanzó en un compromiso del Gobierno Nacional de presentar una propuesta en el Congreso sobre un sistema
de reintegros diferente, con la intención de evitar una nueva discusión en el recinto.
Sin embargo, las horas corren y las fuertes presiones por parte de los patagónicos también.
Según se pudo conocer, la intención de los senadores es que si la Rosada no cumple con el acuerdo, se insistirá en
tratar el despacho que rechaza el DNU en la sesión de hoy, que realizará la Cámara Alta poniendo nuevamente al
oficialismo entre la espada y la pared.
Cabe recordar que el tratamiento del decreto quedó afuera del temario de la sesión que se realizó el pasado 23 de
agosto y había fracasado ya un mes antes, mientras se estaba tratando, ante el sorpresivo levantamiento de la
sesión “por falta de quórum”.
Los reembolsos
El decreto de necesidad y urgencia firmado por el presidente Macri eliminó los incentivos para la actividad portuaria
en la región patagónica, dándoles mayor vida a las estaciones marítimas de la provincia de Buenos Aires, como Mar
del Plata y Bahía Blanca.
El sistema de reembolsos beneficiaba a las exportaciones con embarques en los puertos de San Antonio Oeste y
Madryn, con 8% de reembolso; Comodoro Rivadavia, con 9%; Puerto Deseado y San Julián, con 11%; Punta Quilla,
Río Gallegos y Río Grande, con 12%, y Ushuaia, con 13%.
La propuesta del Gobierno sería instalar un nuevo “sistema de reintegros” a las exportaciones que reemplazaría en
cierta forma a los beneficios que daban los reembolsos por puertos patagónicos.
Desde el Ministerio del Interior afirmaron que ese nuevo esquema priorizará las actividades que generan valor
agregado en la región y fortalecerá a toda la cadena hasta llegar al productor, “que se vería beneficiado a través de
la presentación de un certificado de origen”.
Precisamente por la emisión de ese “certificado de origen” es que el Gobierno de Santa Cruz denunció haber dejado
de percibir 346 millones de pesos al año.
Por otra parte, según el comunicado de Interior, se acordó entre todos mantener “un canal de diálogo fluido para
avanzar en los temas que impacten a nivel regional, dejando de lado los colores partidarios y estableciendo como
prioridad diversificar la matriz productiva, fortalecer la competitividad de la región y regionalizar las políticas
públicas, contemplando las diferencias sociodemográficas de la región patagónica”.
De todas maneras, en el Congreso los legisladores del bloque “patagónico” afirmaron que si en estas horas no
recibían la propuesta de “reemplazo”, están dispuestos a reclamar que se introduzca en el temario de la sesión de
hoy el tratamiento del despacho que rechaza el DNU en cuestión.

LA OPINIÓN AUSTRAL
Gobernadores piden a la Corte demorar resolución y que se dé un debate general
Firmaron un acta rechazando la pretensión de Buenos Aires y pidiendo a la Corte que deje su decisión sobre el
reclamo judicial para luego de que exista un debate entre Nación, provincias y el propio Congreso de la Nación.
Estuvieron allí los representantes de 19 provincias de distintos colores políticos, unidas por la misma preocupación.
Por Santa Cruz participó el vicegobernador Pablo González.
Como estaba previsto, los representantes de 19 provincias, de todos los colores políticos, se reunieron ayer en la
Casa de San Juan, pasadas las 13:30 horas, alertados por un posible fallo positivo de la Corte Suprema al reclamo de
la provincia de Buenos Aires para que se actualice el Fondo del Conurbano Bonaerense. Durante el cónclave, los
gobernadores y vicegobernadores unificaron criterios ante el reclamo de Buenos Aires y firmaron un documento de
manera unánime.
Si bien los mandatarios reconocen la legitimidad del reclamo de Vidal, ya que el Fondo del Conurbano quedó
congelado en 1996 y muy desactualizado luego de la devaluación de 2002, plantean que el giro de fondos para
corregir eso debe correr por cuenta de la Nación y sin que implique un recorte a las partidas de dinero que reciben
las provincias.
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En la conferencia de prensa que brindaron tras el encuentro, el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, reclamó
“que se ponga también en la balanza” la cantidad de subsidios que reciben de la Nación la provincia y Ciudad de
Buenos Aires, porque “es injusto” que se les dé más que al resto de los distritos.
En declaraciones a la prensa, el santafesino Miguel Lifschitz se pronunció en sentido similar y consideró que para dar
una discusión en serio “se debería poner todo sobre la mesa: reforma tributaria (el Gobierno trabaja en una
iniciativa en ese sentido, pero aún no informó su contenido), subsidios, impuesto al cheque y otras cuestiones”,
advirtiendo que si avanza el reclamo de Buenos Aires “¿qué pasaría con las demás provincias? Podría entrar en
colapso todo”.
Además de definir una “estrategia común” sobre la demanda judicial de Buenos Aires, los mandatarios también
avanzaron en reclamar cambios en la Coparticipación del Impuesto al Cheque, proponiendo la posibilidad de rebajar
la alícuota de ingresos brutos.
Luego de un largo intercambio de ideas, los gobernadores Sergio Uñac (San Juan), Gustavo Bordet (Entre Ríos),
Carlos Verna (La Pampa), Ricardo Colombi (Corrientes), Lucía Corpacci (Catamarca), Domingo Peppo (Chaco), Rosana
Bertone (Tierra del Fuego), Hugo Passalacqua (Misiones), Omar Gutiérrez (Neuquén), Juan Manuel Urtubey (Salta),
Gildo Insfrán (Formosa), Juan Manzur (Tucumán), Juan Schiaretti (Córdoba), Sergio Casas (La Rioja), Gerardo Morales
(Jujuy) y Alberto Weretilneck (Río Negro), como así también los vicegobernadores de San Luis, Carlos Ponce; de
Santa Cruz, Pablo González y de Santiago del Estero, José Neder, elaboraron un documento en el que fijaron su
postura.
Allí se indica que “respecto del reclamo judicial planteado por la provincia de Buenos Aires en torno al tema Fondo
del Conurbano, los gobernadores abajo firmantes acordamos manifestar: 1) Que la pretensión de la provincia de
Buenos Aires perjudica gravemente al resto de las provincias y municipios”.
Agregan en un segundo punto que “siendo un tema que involucra la relación Nación-provincias, su tratamiento
indefectiblemente debe darse a través del debate entre Nación, las provincias y el Congreso de la Nación”, por lo
que avanzan en “solicitar respetuosamente a la Corte Suprema de Justicia no tome resolución alguna hasta tanto
sean escuchadas todas las jurisdicciones y se dé el debate correspondiente entre la Nación, las provincias y el
Congreso de la Nación”.
Finalmente, el documento cierra con un cuarto punto donde “ratificamos la permanente predisposición al diálogo y
la búsqueda de soluciones consensuadas”.
“Defender nuestros derechos”
Al término de la reunión, el vicegobernador Pablo González indicó que “este pedido que realiza la provincia de
Buenos Aires unió a las provincias en un rechazo, puesto que implicaría una quita de recursos para cada Estado
Provincial” y agregó que “en este encuentro se pretendió ponernos de acuerdo para defender nuestros derechos y
recursos”.
González sostuvo que “se trata de articular entre todos para llegar a una solución que tiene que resolverse en este
marco político, no en el marco judicial. De hecho, así lo establece nuestra Constitución Nacional: en última instancia
quien decide sobre los cambios en la estructura de coparticipación de impuestos es el Congreso de la Nación”.

LA OPINIÓN AUSTRAL
De vocal a delegado de Agroindustria
Ayer desde la UCR se informó la designación, como secretario coordinador en Santa Cruz de la Secretaría de
Agricultura del Ministerio de Agroindustria de Nación, de Luis “Cuchi” Vera. De esta forma, luego de sus críticas
declaraciones hacia la conducción del Partido señalando que lo pretendían “correr” de la vocalía de Canal 9 luego de
mostrar solidaridad con Pablo Fadul, ahora se conoce este cambio de rol, ocupando un cargo nacional.
A modo de currículum, el Partido indicó que el designado, oriundo de Las Heras, fue administrador rural y cuenta
con una especialización en Agronomía. Lo señalan como “un referente de la UCR en Santa Cruz y tiene una larga
trayectoria partidaria y política, fue presidente de la Convención de la UCR y vicepresidente del Partido Radical a
nivel provincial, también convencional”.
Vera acompañó al diputado Eduardo Costa este martes, en un encuentro con el ministro de Agroindustria Ricardo
Buryaile. Debatieron sobre la situación de la provincia en materia agropecuaria, los programas del Ministerio en la
provincia y se analizó el proyecto de instalación en Punta Quilla.
El dirigente de Cambiemos destacó que es importante trabajar junto al campo para establecer políticas que tiendan
a que haya más animales en los campos, más producción y se puedan reabrir establecimientos que llevan años
cerrados. “Tenemos muchos temas para trabajar, pero lo más importante y el norte que tenemos marcado por el
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ministro y por Eduardo Costa como objetivo es trabajar para que el sector agroindustrial de la provincia mejore,
crezca y se recupere actividad en los campos de toda la provincia”, indicó Vera.

LA OPINIÓN AUSTRAL
Luz y Fuerza anunció que no cederá derechos
El Sindicato Regional de Luz y Fuerza de la Patagonia rechazó de plano la intención gubernamental que “planean
desde el Poder Legislativo para igualar para abajo los ya hoy alicaídos salarios de los empleados del Estado”.
“Bajo ningún aspecto vamos a permitir que se vulneren los derechos de los trabajadores consagrados en el convenio
colectivo de trabajo. Es inadmisible que la clase política vea los derechos de los trabajadores como desorden. Lo que
sí hay que arreglar y prever es el pago en tiempo y forma de los salarios, y desde la política resolver los problemas
políticos y económicos que nos permitan a los santacruceños mejorar nuestro ya hoy alicaído nivel de vida”, remarcó
Adriano Villagra, secretario gremial para la provincia de Santa Cruz.
“No vamos a permitir que el ajuste que pretende el Gobierno Nacional recaiga sobre las espaldas de los asalariados”,
concluyó Villagra.
Río Turbio
En lo concerniente a YCRT, el dirigente expresó su preocupación por los incesantes despojos de derechos de los que
están siendo objeto los trabajadores de la empresa del Estado Nacional.
Asimismo, el gremio extendió su solidaridad al conjunto de los empleados de YCRT ante los despidos, planes de
achique con retiros voluntarios y la total paralización de la obra de la termoeléctrica, que “fuera construida por el
Gobierno Nacional de Cristina para consumir el carbón de Río Turbio y dar bienestar a las familias de la Cuenca
Carbonífera”, señalaron desde Luz y Fuerza.

LA OPINIÓN AUSTRAL
Municipales reclaman pago de sueldo y debate salarial
Los delegados municipales e integrantes de la comisión directiva del SOEMCO decidieron reiniciar la huelga a partir
de ayer, reclamando el pago de sueldos del mes de agosto, además de exigir la apertura de una “mesa de discusión
salarial”. Por otro lado, desde Río Turbio los agentes comunales también reclaman la apertura de paritarias y
esperan un apoyo de Nación o Provincia.
Luego de dejar atrás las acciones directas que incluían cortes de ruta y el paro total de actividades, ayer el Sindicato
de Obreros y Empleados Municipales de Caleta Olivia (SOEMCO) realizó una nueva asamblea.
Tras acordar avanzar en el reclamo por el pago de sueldos correspondiente a agosto y determinar el pedido de la
mesa de negociación salarial, los agentes comunales definieron volver con el paro total de actividades hasta que esas
demandas sean resueltas.
Asimismo, se informó que otra de las mociones votadas fue organizar una “movilización desde El Gorosito”, para el
día viernes por la mañana.
“Paro a partir de la hora cero y la apertura de la negociación salarial, la posición terminante es que se haga la
apertura de la discusión salarial. Queda en sesión permanente el cuerpo para la movilización del viernes a las 10
horas”, resumió el secretario general del SOEMCO, Julián Carrizo.
Al mismo tiempo, los municipales caletenses rechazaron “el anteproyecto de ley presentado en la Cámara de
Diputados para la constitución del Consejo del Salario”, informó el sitio web “La Vanguardia del Sur”.
Río Turbio
Pero el conflicto en los municipios se ha extendido en diversos puntos de la provincia y Río Turbio no es la excepción.
El secretario general del SOEM de aquella localidad, Jorge Bustos, brindó detalles del encuentro mantenido el
pasado martes entre el Ejecutivo Municipal, el gremio y concejales de esa ciudad. El objetivo fue discutir la
necesidad de resolver las dificultades económicas que aquejan a los trabajadores municipales.
Así, el dirigente indicó que se habló sobre las gestiones que se están haciendo en Buenos Aires. “Se planteó la
posibilidad de mejorar la recaudación para poder tener un municipio autosustentable a largo plazo. Hasta ahora no
hemos tenido nada contundente, aunque esperamos que este ámbito de reuniones pueda prosperar”, aseguró.
Asimismo, anunció que se solicitó un encuentro con la gobernadora Alicia Kirchner para “ver si podemos lograr
alguna solución desde Provincia”.
Más adelante sostuvo que el gremio de los municipales de Río Turbio levantará hoy el cuarto intermedio de la
asamblea en la sede sindical. Allí se evaluarán los puntos tratados en la audiencia del pasado martes y, de acuerdo
con lo que adelantó el dirigente, se esperará una respuesta del Municipio o del Gobierno Provincial. “En función de
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eso, veremos las acciones a seguir. Por ahora no hay nada concreto. En el caso de que no tengamos una propuesta
favorable, posiblemente profundizaremos las medidas”, concluyó.

LA OPINIÓN AUSTRAL
“Tecpetrol está llevando la cuenca al límite con sus provocaciones”
El Sindicato del Petróleo y Gas Privado del Chubut, ante lo duro de las negociaciones vividas ayer miércoles en
Buenos Aires con Tecpetrol y la autoridad laboral de Nación, decidió aceptar la propuesta de aquella autoridad
laboral de cinco días de conciliación voluntaria.
Desde el gremio señalaron a los trabajadores que se trata de una nueva oportunidad para “encontrar soluciones que
hasta el momento aparecen como muy distantes por la intransigente postura empresarial”, de acuerdo a lo
manifestado por su conductor, el secretario general Jorge Avila.
Freno a los despidos
“Firmamos un acta de conciliación voluntaria nuevamente por cinco días más, después de una reunión durísima que
empezó a las 10 de la mañana y terminó casi a las seis de la tarde, en la que pudimos darle continuidad a una
complicada mesa de diálogo para normalizar esta situación que no le hace bien a nadie, pero son cosas de la
negociación”, explicó el dirigente apenas terminado el encuentro.
Y agregó que pasaron a un cuarto intermedio después de “una reunión larguísima en términos de todo lo que pudo
haber pasado, con un Ministerio que realmente un noventa por ciento de la presión siempre la pone sobre los
trabajadores. Por un momento ya no había resoluciones, se insistía con los despidos y con la consecuencia misma de
decir que nosotros hasta acá llegamos y no podemos hacer más”.
Por ese motivo, señaló que se vivió el momento más tenso del encuentro conciliatorio: “pasó lo de siempre, los
nervios juegan un rol fundamental cuando uno ve que no hay salida, que son difíciles las negociaciones. Estas cosas
uno las tiene más afiladas porque viene de un montón de batallas más, pero por ahí hay actores muy jóvenes que
están aprendiendo constantemente, y cuesta contener las iras, las broncas por las formas en que los provocan, y
encima se ve que nadie hace nada. Entonces, pareciera ser que todos los trabajadores somos delincuentes y no
trabajadores”, lamentó Avila.
“Una salida”
Más adelante, el dirigente sindical del gremio petrolero de Chubut explicó que “no es un plazo extendido a nuestras
demandas, sino que hay un pedido de aceptación del Ministerio por una conciliación voluntaria de cinco días más
para sindicato y empresas, en cuyo caso si no la acepta, supuestamente sería pasible de recibir multas”. “Nosotros
también estamos obligados a aceptarlo, y esperamos que estos cinco días llamen a la reflexión a todas las partes y
podamos realmente encontrar una salida por el bien de la gente, porque tampoco se la puede tener con la
incertidumbre de seguir agregando días”, advirtió.
En ese marco, añadió que “esto tiene que tener un fin, Tecpetrol tiene que entender que no se puede seguir de esta
manera y que hay que encontrar una salida a este problema con la gente en su lugar de trabajo”, concluyó.

LA OPINIÓN AUSTRAL
Convocatoria a asamblea a vecinos del Gaucho Rivero
El Departamento de Participación Ciudadana, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Humano, convocó a todos
los vecinos del barrio Gaucho Rivero a una reunión que se llevará adelante el domingo 10 de septiembre, a partir de
las 20 horas, en el Cenin N° 3 (Batalla Puerto Argentino esquina Ramón y Cajal).
En la oportunidad se realizará una asamblea con el objetivo de renovar la Junta Vecinal de la zona. La misma contará
con la presencia de un veedor municipal.

EL MEDIADOR
DOLORIDO PEDIDO DE RECTORA A LAS AUTORIDADES DE EDUCACIÓN
Quebrada hasta las lágrimas por la impotencia de la situación, María del Carmen Carrizo rectora del Colegio
Secundario Nº 42 de Caleta Olivia. contó todo lo que ha tenido que hacer para solucionar los problemas edilicios que
tiene para el funcionamiento del establecimiento escolar de barrio Rotary. Notablemente emocionada y superada
por las pésimas condiciones del edificio que comparte con la Escuela EPP Nº 88. Por falta de luz en dos aulas, vidrios
rotos y escaso lugar, siguen trabajando como pueden, dando clases incluso en los pasillos. La receptoría funciona en
el depósito del gimnasio y 4º año en la biblioteca. Ahora anularon la Salida de Emergencia para hacer funcionar las
áreas administrativas.
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Las pésimas condiciones del Colegio Secundario Nº 42 de Caleta Olivia, llevaron a sus directivos a tomar medidas
extremas, que llegaron a dictar aula en una galería. Tuvo que salir en los medios de comunicación para que al menos
los funcionarios del CPE los escuchen. En comunicación con EL MEDIADOR, programa que se emite por FM UNO 91.7
MHZ, María del Carmen Carrizo, la rectora del Colegio sostuvo que “la precariedad es tal que dictamos clases en una
galería de escuela porque hay aulas están sin luz y otros chicos tienen clases en la biblioteca”.
Cabe acotar que el Colegio Secundario 42 del Barrio Rotary 23 comparte el edificio de la Escuela 88, y que
preceptores trabajan en un cuarto con medida mínimas. Están sin luz desde noviembre del año pasado. "Estuve
meses y meses haciendo reclamos, todos los días, y no tengo ningún tipo de respuestas", expresó sin tapujos. "Los
chicos trabajan en la galería donde pasa todo el mundo, y los interrumpen, es el grupo de cuarto año que no tiene
luz", explicó. Y a ello le sumó que "en la biblioteca, donde todo el mundo entra a sacar fotocopias, están los de
quinto año que tampoco tienen aula. Las autoridades se comprometieron a cerrar una parte del predio para tener
un aula, y sigo esperando la respuesta de la Dirección Regional Norte".
Como si esto fuera poco, la rectora informó que los chicos de Primer Año B trabajan en sala de informática, rodeados
de máquinas, de manera incómoda, “y acá la verdad estamos funcionando a pulmón y muy mal, en cualquier
momento los chicos van a hacer una sentada con los padres". El colegio secundario 42 tiene 281 alumnos, es uno de
los establecimientos más recientes de Caleta, pero no tiene edificio propio, y funciona "de prestado" en el Colegio 88
del Barrio Rotary 23.

EL MEDIADOR
ALVAREZ: "LA REUNIÓN FUE SÓLO PARA LA FOTO"
Continúa el conflicto con los trabajadores de canal 9, quienes reunidos en asamblea en el día de ayer determinaron
continuar con las medidas de fuerza que llevan adelante en demanda del pago de la escala salarial que data desde
2014. Por ello sostienen la placa informativa de 15 minutos a cada hora de programación y el zócalo de 24 horas.
Criticaron reunión del gremio con la Gobernadora, “fue solo para la foto”, dijo Jorge Álvarez.
Por ello, Jorge Álvarez dialogó con EL MEDIADOR, programa que se emite por FM UNO 91.7 MHZ advirtiendo que
“establecimos el mandato de retención de la totalidad de tareas hasta que haya una oferta concreta de parte del
estado respecto de la deuda”. Pidieron al gremio además que notifiquen a las autoridades del canal “que se respete
el derecho a huelga”. Por ello continua la placa informativa de 15 minutos a cada hora de programación y el zócalo
de 24 horas.
En este contexto cuestionó la reunión de ayer que mantuvieron los integrantes del gremio (SATSAID) con la
Gobernadora Alicia Kirchner. “Fue sólo una foto para mostrarles el nuevo vocal gremial en el directorio (Julio
Mansilla), fueron frases armadas y en nada se avanzó, señaló. Algunos pases a planta y la cuestión salarial fueron
tratadas, “aunque de manera tibia, sólo informaron algo que ya saben y nada más”, acotó. Estos puntos, según dijo
Álvarez, serian negociados próximamente con el Ministro de Gobierno Fernando Basanta, “pero insisto, eso genera
más incertidumbre al conflicto, no traen respuestas”.
En lo que respecta a la posible privatización de la emisora, “sigue generando miedo, ayer lo analizamos en la
asamblea pero no se sabe nada más, pese a que Basanta dijo en un medio que se analizó pero no se va a hacer”.



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TNC

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