En Caleta Olivia, Pico Truncado, Las Heras y Río Gallegos ayer se realizaron asambleas de delegados de trabajadores del Sindicato Petrolero y Gas Privado de Santa Cruz ante la escalada de telegramas de despido de personal que depende de varias empresas contratistas de YPF, debido a la reducción de operaciones de la compañía estatal. Hay extrema tensión porque las cesantías podrían alcanzar a más de 700 operarios, ya que se presume que en la misma sintonía se encuentra la operadora de capitales chinos Sinopec.


Dirigentes del gremio encabezado por Claudio Vidal, acompañados por el vicegobernador Pablo González, tenían previsto ayer a la tarde reunirse en Buenos Aires con ejecutivos de la operadora estatal con el fin de retrotraer el conflicto que amenaza con generar un serio estallido laboral y social.

El gremio había evitado hace pocos meses otros masivos despidos derivados de la inicial postura de Sinopec, pero mientras esa amenaza aún está latente ahora surgió el problema con YPF.

De hecho, en los primeros días de 2018 el sindicato confirmó que fueron despedidos numerosos trabajadores de cuatro contratistas de la estatal, tratándose de AESA, Prosepet, Lecro y Oil, motivando que a partir de las 0 de ayer se declarara el estado de alerta y movilización.

La reunión de delegados que se realizó al mediodía en Caleta Olivia contó también con la presencia del secretario adjunto de la comisión directiva, Rafael Guenchenén, quien volvió a pedir públicamente a todos los jefes de comunas petroleras y a referentes de otras instituciones que acompañen el movimiento de defensa de los puestos de trabajo y sobre todo para que YPF cambie su postura y posibilite que se retrotraigan los despidos.



“HIJAPUTEZ DE EMPRESARIOS”

Hasta ayer, el único jefe comunal que había expresado públicamente su indignación por ese nuevo y delicado conflicto fue el comisionado de fomento de Cañadón Seco, Jorge Soloaga. Lo hizo de una manera acusadora, contundente y directa al señalar que “entre la hijaputez de empresarios y las políticas regresivas y de ajuste del gobierno nacional, estamos frente a un verdadero caos social en nuestro territorio”.

A través de un comunicado de prensa, Soloaga expresó que “en el comienzo de 2018, YPF está generando una reducción del orden del 10 al 15% de sus gastos a partir de la posibilidad de finalización de algunos contratos” y que “la disminución de esos costos implicará la reducción de personal que entre YPF y SINOPEC se estima alcanzarán a unos 700 trabajadores”.

En este contexto indicó que “ya se han iniciado las primeras protestas con la quema de cubiertas y manifestaciones sociales, muestras de un creciente malestar social. Por ello desde la presidencia de la comisión de fomento de Cañadón Seco se da continuidad a una política de defensa de los intereses de los trabajadores”.

“Si bien no podemos dimensionar las consecuencias de esta nueva crisis, podemos marcar la actitud de utilización de balances acomodaticios por parte de las empresas que se confeccionan en función de sus intereses y objetivos”, puntualizó.

En ese sentido denunció que “presentan balances mentirosos porque hoy el precio internacional del crudo está creciendo de una manera sorpresiva y sorprendente”.

A esto sumó que en esta crisis “hay componentes que tienen que ver con las decisiones del gobierno nacional, como ser los tarifazos; la quita del barril criollo; y la habilitación para la importación de combustible y de crudo. Estos son datos objetivos de la realidad que motivan que estemos nuevamente frente a una situación de despidos masivos, lo cual pone en vilo a toda la región y nos pone frente a las puertas de una gran crisis de naturaleza social”.

Por otra parte, consideró que “esta crisis no puede estar circunscripta a una estricta cuestión gremial, o a cualquiera que pretenda arrogarse potestad sobre la búsqueda de una estrategia de resolución de este problema ya que afecta a todos los sectores y yo, como presidente de la comisión de fomento de Cañadón Seco, lo he planteado: o se establece una estrategia conjunta o acá los costos los paga la sociedad de Santa Cruz y también Chubut”.

“Es que son los dos estados provinciales los que están en riesgo a partir de la aplicación de estas políticas neoliberales, regresivas, de ajuste de reducción de los recursos y de los ingresos a las provincias”, puntualizó.
Axact

TNC

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